Rastrean el tráfico de llamadas en la zona donde mataron a la viuda de Vicente Sala

La Policía investiga los negocios e inversiones de la familia del expresidente de la Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala para determinar si guardan relación con la muerte a tiros de su viuda, María del Carmen Martínez. Según confirmaron ayer fuentes de las pesquisas, también se indaga el tráfico de llamadas telefónicas registrado en la zona donde se ubica el concesionario de coches de Alicante en el que ocurrió el crimen el pasado viernes.

Excepto el robo, que ha quedado descartado como móvil del asesinato, todas las líneas de investigación siguen abiertas, pero el juzgado de Instrucción 7 de la ciudad, encargado del caso, ha decretado el secreto de sumario para evitar que las filtraciones obstaculicen las indagaciones. «Desde el juzgado solo se podría entorpecer en estos momentos la labor de los agentes», por lo que el magistrado José Luis Lafuente se está dedicando por ahora a estudiar y autorizar, si son pertinentes, las solicitudes que le realizan los investigadores para practicar diversas diligencias de pruebas, según fuentes jurídicas.

Esas diligencias pasan por la consulta de registros públicos y documentos tanto empresariales como bancarios vinculados a la fallecida, así como por el examen del tráfico de llamadas registrado por los repetidores de telefonía móvil en las horas anteriores o posteriores al asesinato.

La familia Sala controla diversos negocios de automoción y construcción en la provincia de Alicante, así como empresas del sector químico en países de América Latina.

No obstante, las fuentes consultadas precisaron que todas las gestiones policiales enumeradas forman parte del protocolo habitual que siguen los especialistas de las fuerzas de seguridad en homicidios como el de la viuda de Sala, y que habrá que esperar por tanto antes de saber si arrojan pistas que ayuden al esclarecimiento de los hechos.

Crimen por encargo

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el autor de los disparos era una persona con experiencia en el manejo de las armas, un sicario profesional, que habría cometido el crimen por encargo.

El delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, confirmó el pasado lunes que el asesinato no quedó registrado en ninguna cámara de seguridad. Igualmente, explicó que en las horas posteriores al crimen los investigadores habían tomado declaración a los hijos de la fallecida, un hombre y tres mujeres, y a otras personas de su entorno familiar, pero dijo que no había constancia de que la víctima hubiera recibido amenazas anteriores a su muerte.