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Luis Candela
Martes, 20 de diciembre 2016, 01:46
La investigación por el presunto amaño de subvenciones gestado por la patronal alicantina Coepa sigue su curso. La magistrada que dirige las pesquisas tras admitir a trámite la denuncia interpuesta por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) ya tiene preparada la primera ronda de declaraciones que, en principio, debería abrir el director financiero del organismo económico. Según informaron fuentes próximas al caso, se le ha citado en calidad de investigado (que sustituye al término imputado tras la última reforma legislativa) para aclarar el paradero del dinero público del Consell que aparece por duplicado, según las cuentas efectuadas por la Administración autonómica.
Sin embargo, la entidad patronal, ya personada en las diligencias previas que instruye el Juzgado de Instrucción 9 de la capital alicantina, considera que la declaración del responsable financiero debiera ser como testigo. Por ello, interpuso hace unos días un recurso contra la decisión de que el citado se siente como imputado a finales del mes de enero próximo, como detallaron las citadas fuentes.
La denuncia cuestiona el destino de unos fondos que debían haberse destinado a cursos de formación, y que desde 2014 no se estarían celebrando. Igualmente, la demanda añade que su utilizaron las facturas de los cursos para solicitar un crédito de tres millones de euros que le concedió el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con el objetivo de edificar su centro formativo, como reza la querella presentada por el organismo autonómico el verano pasado.
Hasta dos millones de euros sospecha el Servef que es la cantidad de la que supuestamente se benefició Coepa de forma indebida tras presentar la confederación empresarial la petición de préstamo para el centro de oficios construido con un presupuesto de tres millones de euros con el préstamo del IVF, así como la obtención de otras 3,8 millones de euros. Dicho movimiento fue el que sustentó una denuncia que ha cuajado en el Palacio de Justicia de Alicante.
Esta situación, de seguir adelante, pone en nuevos aprietos a la patronal alicantina, inmersa en un proceso de concurso de acreedores. El 1 de diciembre pasado, el Juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante aprobó el plan de viabilidad presentado por la confederación empresarial.
Entre tanto, el procedimiento judicial abierto por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, insolvencia punible y fraude en subvenciones se mantiene a la espera de la decisión sobre en calidad de qué ha de presentarse el director financiero citado por la instructora. El Ministerio Público deberá informar al respecto tras el recurso presentado por la investigada antes de la resolución del juzgado que dirige las indagaciones.
El Servef considera que Coepa recibió dos ayudas distintas para la misma finalidad, la suya (la del Servicio Valenciano de Empleo y Formación) y la Dirección de Trabajo, por un lado, y el crédito concedido por el IVF, por el otro. Además, denunció posible duplicación de facturas.
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