«Los centros que quieran avanzar en plurilingüismo tendrán una formación específica y preferencias»

-Se han presentado muchas alegaciones al decreto de plurilingüismo?

-Se han presentado algunas. Hay que recordar que primero elaboramos un decreto y no teníamos por qué hacer una negociación o revisión pública, más que la publicación. Sin embargo, antes de redactarlo nos reunimos con todas las entidades educativas para escuchar sus demandas y se introdujeron cuestiones en el borrador. Después, y más allá de los trámites preceptivos, ha habido un tiempo de exposición pública. De todo el proceso, en la última parte, han llegado alegaciones pero la inmensa mayoría ya estaban recogidas o no suponían cambios sustantivos del decreto.

-¿Cuándo se aprobará?

-Está en el Consejo Jurídico Consultivo y cuando nos llegue el informe enseguida lo publicaremos.

-Aunque la aplicación será gradual, ¿va a dar tiempo a formar al profesorado?

-La formación del profesorado es una de las apuestas más grandes. Este año, en 2017, doblamos el presupuesto para su formación, para hacer cursos, encuentros, congresos y preparar materiales y casi doblamos el personal que formará y acompañará al profesorado. Además, hemos creado un centro de formación específico en plurilingüismo y se ha aprobado una línea de ayuda para estancias de los profesores en el extranjero de inmersión de inglés.

-¿Los docentes está receptivos? Pongamos el caso de profesores más mayores que ya no se ven ahora con el inglés.

-No hace falta que todo el profesorado esté capacitado para dar la clase en inglés. Será una parte, pero sí que hay motivación para adaptarse. En el decreto se ha establecido que los centros que quieran avanzar con un programa determinado, pero que ahora mismo no cuentan con la plantilla con suficiente capacitación, tendrán una formación específica y preferencias respecto a otros que no quieren programar ese nivel. Será una formación muy a medida en cada centro. Se tratará a cada uno de forma exclusiva y diferente en función de sus necesidades.

-¿Se está convirtiendo en una confrontación ideológica?

-Por nuestra parte, no. Desde el principio dijimos que se trata de una cuestión pedagógica y, de hecho, hemos recibido propuestas de mejora y críticas de un lado y de otro. El decreto tiene que servir para que de forma real y efectiva todos los niños puedan dominar el castellano, el valenciano y el inglés y para lograrlo tenemos que hacer un proyecto muy pedagógico. El decreto está basado en los métodos de aprendizaje más novedosos. Es una metodología integral de idiomas que explica cómo se debe enseñar.

-Hay familias que denuncian diferencias en la obtención del certificado en inglés según se trata de valenciano o castellano.

-Es porque hay más inglés. Para que uno certifique en diferentes idiomas debe tener más nivel en el conjunto. Si el decreto va a trabajar el nivel plurilingüe de nuestros alumnos certificaremos en función del conjunto de aprendizaje en todos los idiomas y en cada uno con la certificación del nivel mínimo al que nosotros nos comprometemos a llegar. Todo aquel que apruebe tendrá como mínimo ese nivel, pero habrá gente que podrá tener más.

-El caso de la Vega Baja, zona castellanohablante, más allá de que hay quien piensa que se trata de una imposición, la realidad es que es una de las comarcas con más interinos. ¿Cómo se puede mantener un proyecto plurilingüe y avanzar sin una plantilla estable?

-Hemos hablado ya con los sindicatos y, ligado al decreto, se ha empezado a calendarizar una serie de reuniones para negociar el decreto de plantillas. Ahora mismo no están catalogadas y no se exige un determinado nivel de inglés en función del proyecto pedagógico de cada centro. Lo que queremos es que si un centro tiene un proyecto, que la persona que llegue tenga ese nivel o no podrá estar. Se trata de que los proyectos sigan aunque el profesorado cambie. Por otro lado, estamos haciendo concursos de traslados con muchas plazas para que la estabilidad de las plantillas aumente. Ya se ha incrementado en este último curso, sobre todo en los institutos, pero todavía no lo suficiente en algunas comarcas del sur. Con la convocatoria de oposiciones que haremos en los próximos tres años se intentarán estabilizar las plantillas del sur.

-Luego están los alumnos exentos del valenciano, muchos en Secundaria, que deben ir a clase pero no pueden ser evaluados. Ya dijo que depende de una ley y que no se puede cambiar. ¿No resulta contradictoria la exención cuando se quiere un programa plurilingüe?

-Sí y hay que trabajar para que no se pida esa exención porque es una riqueza para todos. Queda claro que el sistema no funciona y por eso tenía que hacerse el decreto. Si un alumno en Infantil y Primaria no pide la exención, que es la inmensa mayoría y solo hay unos 300 si no recuerdo mal que lo hacen en las comarcas de Alicante, y cuando llegamos a Bachillerato es muy superior, hablamos de algunos miles, es porque el sistema no ha funcionado y porque alumnos que han estado escolarizados sin exención lingüística llegan a Secundaria y lo piden para que no les baje la note.

-¿Qué se va a hacer?

-Con el nuevo decreto vamos a hacer efectivo, a través nuevas metodologías y con ese espacio de comunicación oral que será semanal, que los chavales dominen de verdad y no tengan que estar exentos. Sabemos que es una cuestión de hacer mucha pedagogía, de hablar mucho con las familias y de trabajar con el profesorado para acompañar a los alumnos. Los asesores de plurilingüismo ya están trabajando en los centros donde hemos detectado que hay más exenciones porque si a alguien se le obliga de forma total a aprender un idioma y no se le da un acompañamiento emocional, emotivo y pedagógico para decirle qué es lo que va a aprender y qué oportunidades le ofrecerá esa lengua tendremos siempre un problema.

-¿La Educación se ha judicializado mucho?

-No es la educación la que se ha judicializado. Algunos han decidido judicializar cuando se quedan sin diálogo y sin razones. Esta vía no es el camino, pero es el que ha escogido alguna parte de la población que más que por un tema educativo, pienso que pelean por un posicionamiento político y partidista.

-¿Cómo va la jornada continua?

-Se está evaluando de forma concreta y hemos abierto el plazo a los centros que quieran hacer los trámites para el curso que viene. La evaluación de un proyecto educativo se debe hacer con calma. Con un curso no se pueden sacar unas conclusiones drásticas. Vamos a mirar lo que hay que mejorar en el día a día y evaluar a largo plazo si se tiene que hacer algún cambio más de estructura. De momento vemos que está funcionando.

-Con el tema de las actividades extraescolares de las Ampas y que no se pueden ofertar hasta las cinco de la tarde. Hay familias que han dicho: «Si llego a saberlo no voto a favor de la continua».

-No estamos haciendo nada que no esté escrito en la normativa.

-Ha podido haber una confusión o malinterpretación.

-Para nosotros quedaba muy claro y así lo explicamos a todos los centros educativos. La jornada escolar es de nueve a cinco, no puede haber discriminaciones por razones económicas y, por tanto, no se puede cobrar en esa franja. Se están haciendo otras actividades incluidas en los proyectos que verificamos y que la propias comunidades educativas elaboraron y aprobaron. De hecho, la inmensa mayoría de los alumnos no se quedan hasta las cinco y muchos se marchan a casa o hacen otras actividades fuera de la escuela.

-¿Y eso no puede deberse a que algunas actividades no son atractivas para las familias?

-Hay proyectos atractivos y al final los padres deciden también. Un punto fuerte que tenía la jornada continua es que las familias querían estar más tiempo con sus hijos y es lo que está pasando.

-¿En el Ayuntamiento de Alicante por qué se ha montado ese lío con los conserjes? Se les ha aprobado la jornada continua y los directores denuncian que se quedan sin el servicio y que no es su competencia cerrar los colegios.

-El alcalde, en concreto, ha decidido no cumplir la normativa y así se lo hemos hecho saber, de forma discreta, con conversaciones y después de forma más formal. Le hemos dicho que hay que seguir prestando servicio de nueve de la mañana a cinco de la tarde como hacen los diferentes ayuntamientos.

-¿Y se va a hacer?

-La normativa hay que cumplirla y entiendo que el alcalde lo hará.

-Tema concertada. Se han presentado recursos por el arreglo escolar y el Síndic de Greuges ha dado el toque de atención porque no se pueden suprimir unidades.

-Pienso que ha habido mucha protesta y sobreactuación por parte del PP porque, en realidad, de forma natural, los padres y madres han visto que los niños que estaban en centros concertados siguen en ellos, que a nadie se le ha expulsado de su clase, que con normalidad se ha planificado de forma conjunta, que las familias han podido escoger el centro educativo, y que en más del 90% han entrado en la primera opción elegida. Al final hemos salido ganando todos porque los recursos públicos se han gestionado mejor y las familias han podido escoger con más libertad de la que había antes.

-¿La Conselleria mantendrá la misma línea?

-Sí, lo vamos a seguir haciendo porque es mejor para el conjunto y para una buena gestión de los recursos. Estamos contentos de cómo ha ido el procedimiento en su fondo y forma. Otra cosa es cómo se ha destacado por un parte concreta de la comunidad educativa que tenía ciertos intereses. El balance a final de año en la concertada, entre las unidades que se han abierto y las que se han cerrado, es de cero. No ha habido un recorte en global.

-Un argumento es que Educación quiere llenar la red pública a costa de la concertada.

-El argumento es falaz. Lo que queremos es gestionar bien los recursos públicos, que nos escasean. Para hacer eso hay que planificar y decidir si es necesario en la escolarización obligatoria concertar o no, es decir, pagar con dinero público un servicio privado cuando hay suficiente oferta en el conjunto de los centros sostenidos con fondos públicos. Si hay suficiente oferta no hace falta ampliar conciertos. Las protestas son una señal de que hasta ahora no se hacía así, que no se gestionaba mirando el bien público. Nosotros estamos tranquilos, negociando con el sector y de ataque a un determinado sistema educativo no hay nada. Si no fuera así, el mismo programa Xarxa Llibres no hubiera servido para la concertada.

-Con los conciertos en Bachillerato, ¿se va a abrir otro frente?

-Hay que distinguir porque no tiene ningún sentido que en una escolarización no obligatoria, como es por ejemplo la universidad, se esté concertando si hay suficiente oferta. Este año se terminan los contratos y para renovar y hacer nuevos conciertos hemos marcado unos criterios claros y creo que compartidos por todos. En caso de que haya tres centros que quieren un concierto y solo sean necesarios dos se tendrá en cuenta, entre otros criterios, que atiendan a población desfavorecida y que tengan proyectos pedagógicos interesantes.

-¿El programa Xarxa Llibres ha resultado como esperaba?

-Era un programa muy ambicioso. Sabíamos que era complicado en el inicio para llegar a más de 360.000 familias. La gestión de cada caso no se puede hacer igual, absoluta e impecable el primer año, pero los bancos de libros se van a gestionar bien y las familias ya no van a tener que pasar vergüenza cuando vayan al colegio y tengan que decir que carecen de medios para comprar libros.

-Hay madres y padres que se han sentido decepcionados porque han tenido que pagar libros o el material se ha recibido tarde.

-Esa es la parte que hay que mejorar, en centros concretos y básicamente de Secundaria. Al ser el primer año hay centros que no desarrollaron correctamente la normativa. Les mandamos unas instrucciones muy claras para que en caso de que tuvieran que reponer libros utilizaran parte del dinero de la gestión diaria y nosotros se lo ingresaríamos. Así lo hemos hecho y ha funcionado, pero ha habido casos donde los consejos escolares con la participación de los padres decidieron que este año tenían que comprar algunos libros, aunque nosotros dijimos que tenían el dinero. Esa es la parte que hay que mejorar, pero eso no quita que esas familias ya forman parte del banco de libros.

-Quería preguntarle por la Universidad de Alicante porque ha denunciado que hay un estancamiento de la financiación ordinaria que paralizará la inversión en infraestructuras. Alerta de que la situación es complicada, pero que en 2018 puede ser extrema.

-Este año 2017 vamos a destinar 147 millones a pagar deudas del anterior gobierno con las universidades, un dinero que podríamos haber utilizado para becas, para bajar todas las tasas o para más infraestructuras. Con esta losa es prácticamente imposible hacer muchos más avances de los que ya estamos haciendo. La Universidad de Alicante tenía una buena parte de esa deuda que vamos a pagar, y eso va a darle liquidez y más fondos para destinar a otros recursos. Si bien es cierto que los recursos ordinarios de financiación no han aumentado como nos gustaría porque no tenemos los recursos suficientes, estamos secando una deuda que nos tenía ahogados y eso hay que explicarlo porque también es una manera de apostar por las universidades.