Castedo, Alperi y Ortiz se enfrentan a una pena de hasta 13 años por el 'caso PGOU'

Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi confeccionaron el urbanismo de Alicante a gusto del constructor Enrique Ortiz, según considera indiciariamente acreditado el instructor de los presuntos amaños del Plan General de Ordenación Urbana. Por ello, procesa tanto a los dos exalcaldes alicantinos del PP como al empresario por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada después de más de seis años de investigación y 122 tomos de causa judicial. Según recoge el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, un documento de 240 páginas, los investigados buscaban sacar el máximo rédito a la amistad que les unía plasmando dicha relación en la reparcelación del suelo en favor de Ortiz. En el peor de los casos, los supuestos tejemanejes para repartirse la ciudad les podría suponer hasta 13 años de prisión.

Los delitos cuya presunta comisión advierte el magistrado de la actuación de los principales investigados están castigados con penas de hasta seis años de cárcel, como por el cohecho, con hasta cuatro años entre rejas en el supuesto más grave por revelación de información y con entre seis meses y tres años de prisión por revelación de secretos. No obstante, antes de llegar a la definición de las penas por parte de las acusaciones, que ejercen la Fiscalía Anticorrupción, Esquerra Unida del País Valecià (EUPV), el PSPV-PSOE y, a última hora, el Ayuntamiento de Alicante, los acusados cuentan con la posibilidad de recurrir el extenso auto del instructor.

El juez Manrique Tejada cierra el caso tras una «profusa» investigación iniciada en 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional al calor de la 'Operación Brugal'. Es decir, gracias a las pesquisas indagatorias autorizadas en primera instancia por el Juzgado de Instrucción 3 de Orihuela por las presuntas irregularidades del contrato de basuras de la localidad. No fue hasta el año 2010 cuando la llamada pieza del 'caso PGOU' recayó en Instrucción 5 de Alicante, juzgado al que recaló de nuevo en 2014 tras su paso durante dos años por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, debido al aforamiento de los entonces diputados Díaz Alperi y Castedo.

La decisión del magistrado deja a un paso del banquillo a ambos exalcaldes del PP y al presunto corruptor, así como al resto de supuestos colaboradores, entre los que se encuentran el redactor del Plan General, Jesús Quesada, los socios del despacho Salvetti, José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa) y Javier Gutiérrez, así como el hermano de Ortiz, Virgilio, y los empresarios Santiago Bernáldez, Pablo Rico y el constructor ilicitano Ramón Salvador. A estos se les atribuyen delitos de cohecho, aprovechamiento de información privilegiada o asesoramiento ilegal, en función de su grado de participación en los hechos.

Contraprestaciones

Para Tejada, tras horas de escuchas telefónicas e innumerables folios de informes policiales (quienes registraron reuniones, peinaron cuentas bancarias y analizaron las muchas conversaciones de Enrique Ortiz siempre pegado al teléfono) tanto Castedo como Alperi lograron contraprestaciones por convertir al promotor en el dueño del suelo a urbanizar, al menos indiciariamente. En el caso de la exedil, su mayor rédito habrían sido el coche Mini Cooper y los viajes a Ibiza o Andorra, mientras que su antecesor habría sacado vuelos en jet a Creta acompañado de Sonia Alegría y cientos de miles de euros, según registra la Policía en sus informes a los que el instructor da completa validez.

Los pinchazos telefónicos, a los que Manrique Tejada otorga, recogen las conversaciones que más tarde quedarían plasmadas en forma de tramitación municipal, según la resolución facilitada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat. Famosos son ya los «te hemos apañado los del Rico Pérez» de Sonia Castedo a Enrique Ortiz o aquellas «tres parcelas que había para ver si las pintamos de azul», refiriéndose el empresario a la posibilidad de cambiar su calificación, según determina el juez.