Los procesados pretendían construir un «monopolio del urbanismo» de Alicante

La ciudad de Alicante como el lienzo perfecto para 'pintar' de dinero cada parcela susceptible de transformarse en suelo urbanizable. El magistrado responsable de la investigación asegura que «podíamos pensar que es ciencia ficción», pero de lo averiguado hasta ahora resulta claro que Enrique Ortiz se hizo, de distintas formas, con las fincas que resultarían más económicas tras la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un proyecto que se quedó a las puertas de su aprobación definitiva.

Esta circunstancia no achanta al instructor en su convicción de que los presuntos implicados, mediante «sus actos de influencia pertinaz y continuada en el tiempo», llevaron a término su voluntad de lograr su objetivo. Una confabulación cuyo arranque formal se fraguó al calor de la reunión celebrada el 15 de mayo de 2008 en la que la UDEF captó en la Gerencia de Urbanismo a Castedo, todavía como edil de ese área, al redactor del Plan General, Jesús quesada, y Ortiz.

Como si de un «auténtico monopolio del urbanismo», como lo define el titular de Instrucción 5, Manrique Tejada, se tratara, desde la cúspide del Ayuntamiento de Alicante se trabajaba a destajo, presuntamente, para favorecer «al principal investigado» o a las «mismas personas que terminan por manejar los hilos del escenario de negocio inmobiliario en el que se convierte la ciudad».

De ahí que en los informes policiales queden subrayadas intervenciones telefónicas en las que el magnate pide a la exalcaldesa que le «pinte de azul» ciertas parcelas con las que sacar tajada. Este extremo se pone de manifiesto con el sector de Torre de la Huerta, por ejemplo. Es ahí donde, en el 81,64% de los 539.639,17 metros cuadrados del Parque Natural de Aguamarga se adscribe el residencial donde edificar inmuebles de hasta quince plantas.