Alperi eludió encargar un estudio económico del PGOU con el fin de tasar el suelo al gusto de Ortiz

El juez Manrique Tejada, responsable de la investigación del presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU), advierte en su auto de procesamiento que «existe algo más que una actividad poco ética por parte de los investigados». De hecho, para el titular del juzgado de Instrucción 5 de la capital alicantina «existen más que indicios racionales» de que el proyecto careció de un riguroso estudio económico-financiero que determinase la idoneidad de la importante actuación. Tejada concluye que así se «favorecían los intereses económicos» de Enrique Ortiz, tal y como lo detalla en su auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado (acto comúnmente conocido como procesar).

Entre sus 240 páginas, el magistrado da cuenta de cada paso seguido para «apañar» al constructor un traje a medida. Como muestra, la falta de dicho estudio que nunca se encargó, ni por el que fuera alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, ni por su sucesora Sonia Castedo. A juicio del instructor, el criterio para fijar el precio de los alrededor de 3,5 millones de metros cuadrados a transformar en suelo urbanizable (entre el que se incluye el que ya poseía el polémico constructor antes del plan) se llevó a cabo de forma «arbitraria».

Es decir, que desde los máximos responsables del Ayuntamiento de Alicante «se fomentaba la indeterminación» como el medio ideal para «la obtención del beneficio especulativo». Según recoge el informe encargado por Bankia, y en el que el instructor se apoya, el Grupo Cívica logró activos por valor de 180 millones de euros gracias a sus movimientos en torno al Plan General. Por ello, el responsable de un asunto cuyas pesquisas se prolongan desde el año 2010 se atreve a determinar, apoyado por las pruebas aportadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que alrededor de Díaz Alperi se fraguó «una trama organizada».

Como una orquesta bajo la batuta de su director, el objetivo de esta «trama» era «ir dirigiendo la confección del planeamiento general en la línea que va fijando» Enrique Ortiz, como apunta Tejada en su resolución notificada el martes a las partes. La terna que más sospechas suscita tras todos estos años de averiguaciones se enfrenta a cargos por tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada. Las acusaciones se afanan ya en la preparación de sus escritos de acusaciones y de apertura de juicio oral, tal y como informaron las fuentes jurídicas consultadas.

Una vez dejado atrás el carpetazo al 'caso Rabasa', contra el que la Fiscalía Anticorrupción agotó todas las posibilidades de recurso, la acusación pública deberá determinar los delitos que se desprenden de entre los miles de folios de una causa de 122 tomos. Igualmente, las acusaciones populares, que ejercen Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y el PSPV-PSOE, quienes presumiblemente no recurrirán el auto de Tejada, trabajan ya en el mismo sentido.

Tienen treinta días hábiles para detallar los delitos y las penas de prisión para los sospechosos. Según informó ayer este diario, en el peor de los supuestos, el castigo de cárcel puede elevarse hasta los trece años para Sonia Castedo, Díaz Alperi y Enrique Ortiz.