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José Vicente Pérez Pardo
Jueves, 12 de enero 2017, 01:01
El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, se plantó ayer y sentó las bases sobre la próxima negociación que la institución provincial abrirá con la Generalitat Valenciana para negociar el nuevo decreto de coordinación, esta vez en materia social, que le ha planteado la Administración autonómica después de los de turismo, Xarxa Llibres y el Fondo de Cooperación Local. Todos impulsados desde el Consell, pero con financiación mixta de los organismos provinciales. Entiende Sánchez que «no es posible que la incapacidad de una administración», en este caso la autonómica, se traslade a otra «eficiente y que funciona», que sería la Diputación, y termine por «pervertirla» al usar sus fondos para competencias que no le corresponden. Y, «si no está preparada, que devuelva las competencias al Estado».
Sánchez quiso hacer estas declaraciones antes de presidir el Pleno ordinario de enero de la Diputación sobre el segundo aplazamiento de su reunión con la vicepresidenta Mónica Oltra y la intención de que sea la institución provincial quien se haga cargo de los gastos sociales en los municipios de menos de diez mil habitantes. «La Diputación de Alicante está cumpliendo a la perfección y de manera eficiente las competencias que le son reconocidas en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Régimen Local», manifestó el dirigente popular sobre las intenciones del Consell. No obstante, le trasladará a la Oltra su posición en la reunión que parece finalmente que se celebrará en Alicante el próximo 20 de febrero, donde se tratarán «los temas que preocupan a la señora Oltra y los que nos preocupan en la Diputación».
Y es que Sánchez quiere comenzar a poner encima de la mesa la gestión de instituciones como el Hogar Provincial o el centro Médico Pedro Herrero, que asume la Diputación pese a no tener competencias en esta materia y que le cuestan 24 millones de euros al año. Ya comenzó esta negociación con Ximo Puig cuando acudió al Palau de la Generalitat a hablar sobre el Fondo de Cooperación Local y propuso que se las asumieran, pero desde entonces ha ido más allá y considera que es el Consell quien pague a a la Diputación por gestionar estas instituciones.
Ayer, a nivel más general, opinó que la Generalitat debe asumir sus competencias «y si no está preparada o no tiene capacidad o no se ve con suficientes fuerzas para asumir competencias que tiene delegadas del Estado que se las devuelva, pero que no traslade sus problemas y su incapacidad a otras administraciones».
Asimismo, incidió que existe «un mapa de competencias» que indica «de quién es cada» una. Pidió que la Generalitat Valenciana asuma «su responsabilidad» y que cumpla «con su obligación legal de asistir a las personas que viven en la Comunitat, mientras «debe dejar que cada administración cumpla con sus obligaciones», en relación a lo que desde el Palacio Provincial entienden que son injerencias desde Valencia.
«Sin acritud, no es posible que la incapacidad de una administración que no es eficiente y no funciona, se traslade y pervierta una administración que es eficiente y funciona como es la Diputación», manifestó. Cabe recordar que mientras la Generalitat Valenciana arrastra una deuda de más de 40.000 millones de euros, con un déficit estructural a causa de la infrafinanciación autonómica, la Diputación Provincial no tiene acreedores y aprobó unos presupuestos con más de veinte millones de superávit.
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