ARTURO CERVELLERA
Jueves, 12 de enero 2017, 01:01
El Consell del Botánico ha asumido el discurso del PP. En el juicio de la Audiencia Nacional celebrado ayer la abogacía de la Generalitat realizó una defensa férrea del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de RTVV que llevaron a cabo los populares durante el mandato de Alberto Fabra. El objetivo, poder dejar atrás cuanto antes los frentes judiciales para poder reabrir Canal 9.
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En la Sala Social de la Audiencia Nacional los sindicatos CGT, CCOO, UGT, Intersindical, USO y CSIF defendieron la nulidad del ERE que extinguió los contratos de los 1.600 trabajadores que albergaba la antigua RTVV. Una cifra que el Consell no está dispuesto a asumir en la plantilla de la futura radiotelevisión valenciana y que ha llevado a la abogacía de la Generalitat a defender el ERE que criticó en su momento. Los principales argumentos del letrado del Consell fueron la «situación insostenible de pérdidas» que vivía el ente autonómico en ese momento. Una situación de «fuerza mayor» que llevó al legislador a ordenar el apagón. Además también recordó que los que en la firma del ERE hubo «práctica unanimidad», defendiendo así que tampoco sería razonable impugnar un acuerdo que fue aprobado por un 70% de los trabajadores representados. Un acuerdo que para el abogado de la Generalitat sigue siendo válido. Fuentes del comité de empresa de RTVV consultadas por este periódico califican la defensa de «ortodoxa», llegando a afirmar que podría haber estado perfectamente el PP en el Consell y se habría vivido la misma situación. Desde el comité se hizo hincapié en que pensaban «que iba a ver un margen» de negociación antes de empezar el juicio, pero para su sorpresa no ha sido así.
La estrategia seguida por los sindicatos para defender la nulidad del ERE ha sido la inconstitucionalidad del mismo. Irónicamente fue el PSPV de Puig quien, estando aún en la oposición, interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley que permitió el cierre de radiotelevisión valenciana. Un recurso que fue retirado en 2016, siguiendo los pasos de la hoja de ruta marcada por los socialistas, Compromís y Podemos para crear una nueva RTVV. Tras retirar el escrito enviado, el Tribunal Constitucional dejó la causa y no se pronunció acerca de la ley.
Ahora los sindicatos defienden la inconstitucionalidad de la norma, mientas la defensa de la Generalitat aboga por la postura contraria. Todo ello sin una sentencia. Por su parte, la fiscalía tan sólo intervino para afirmar que no tiene «claro» que pueda presentarse una cuestión de inconstitucionalidad. Aunque matizó que otro asunto distinto es decidir si se optó por el «camino correcto» en la extinción de los diferentes contratos.
Otro de los argumentos esgrimidos en el juicio por los sindicatos es que ha habido sucesión de empresas entre la antigua RTVV y la actual Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC). Una cuestión introducida por CGT, que la abogacía de la Generalitat negó al asegurar que la prestación de servicios de los dos es «completamente distinta».
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