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José Vicente Pérez Pardo
Martes, 17 de enero 2017, 01:15
La Diputación Provincial de Alicante no entrará definitivamente en el Fondo de Cooperación Local que ha impulsado la Generalitat Valenciana, por lo menos en este ejercicio, después de que el Pleno rechazase ayer todas las alegaciones presentadas a los presupuestos «por no ajustarse a los criterios establecidos en la Ley de Haciendas Locales», informaron fuentes de la institución.
Los ayuntamientos socialistas habían presentado alegaciones al borrador de presupuestos aprobado inicialmente en diciembre para que la Diputación firmase un crédito de 13,7 millones de euros con los que sufragar su entrada en el programa de subvenciones municipales que ha creado el Consell. El portavoz socialista, José Chulvi, ya lo intentó a través de una enmienda el pasado Pleno de presupuestos, donde fue rechazada con los votos de los populares y el diputado no adscrito Fernando Sepulcre.
El equipo de gobierno solventó por la vía rápida la votación sobre las alegaciones, al juntar las 51 de los municipios socialistas en una «al recoger todas ellas el mismo contenido», aclararon las mismas fuentes, en referencia a la adhesión del Fondo de Cooperación Local. A todas se les respondió de la misma manera: «De acuerdo con los informes emitidos por los servicios jurídicos de la Diputación y la Oficina Presupuestaria, no concurren en las mismas ninguna de las causas tasadas en el artículo 170.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales». En otras palabras, la firma de un crédito rompería la Ley de Estabilidad Financiera a la que están sujetas las administraciones, según el argumento del diputado de Economía y portavoz popular, Carlos Castillo.
Añadió, además, que «las alegaciones presentadas de forma sistemática por el PSOE como maniobra dilatoria carecen de fundamento, ya que no hacen referencia a ningún incumplimiento, ni de la norma ni de la legalidad vigente».
El portavoz socialista en la institución, José Chulvi, insistió no obstante también en presentar otra alegación para que se volviera a votar y obtuvo la misma respuesta, esta vez añadiendo el informe de la interventora general de la Diputación contrario a la formulación del crédito. Criticaron que «no estaba legitimado para presentar alegaciones y que su participación en los presupuestos se debe realizar a través de enmiendas».
Por su parte, Chulvi lamentó la «falta de sensibilidad» del PP en la Diputación y que «supone dejar a los pueblos y ciudades de la provincia sin un apoyo económico fundamental en unos momentos de máxima dificultad para los ayuntamientos».
No le convencieron los argumentos contrarios por cuestiones técnicos, sino que cree que «el PP en la Diputación no ha participado en el Fondo de Cooperación Municipal por falta de voluntad política», ya que Valencia y Castellón sí han encontrado métodos para participar.
Tampoco entraron en el presupuesto las alegaciones de la Coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana, que pedían « un aumento presupuestario y el cumplimento del Pacto Valenciano contra la Pobreza» para llegar al 0,7% en ayuda al desarrollo. Al respecto, según explicó Castillo, «tampoco se ajusta a los criterios recogidos en la ley,» aunque señaló que «es una aspiración mejorar las relaciones con asociaciones que trabajan con los objetivos del desarrollo sostenible».
Una vez resueltas las alegaciones, el presupuesto de la Diputación de Alicante para el ejercicio 2017 ha quedado aprobado de forma definitiva. Las cuentas ascienden a 260 millones de euros en el capítulo de ingresos y a 238 millones en el de gastos. Entrarán esta mañana en vigor con la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con 17 días de retraso sobre lo previsto. Durante este tiempo, la institución provincial no contaba con presupuestos, al no haberse prorrogado los del año pasado, como se enteraron los portavoces en la comisión de Hacienda celebrada antes del Pleno extraordinario. Una situación que la socialista Fanny Serrano calificó de «inaudita» en la historia de la Diputación.
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