La fiscalía pide a la Conselleria de Sanidad las facturas de las prótesis de Ribera Salud

La investigación por un juzgado de Valencia de una presunta trama de comisiones millonarias con la compra de prótesis por parte del grupo Ribera Salud sigue avanzando. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, la fiscalía ha reclamado al juzgado que pida el envío por parte de la Conselleria de Sanidad de las facturas por las que se fija el montante de la adquisición del material protésico. Entre los productos había marcapasos, lentes intraoculares o prótesis mamarias, de cadera, hombro, etc...

El juzgado trata de desenredar la madeja de la trama, que presuntamente consistía en que la empresa concesionaria de cinco hospitales en la Comunitat indicaba a los médicos contratar las prótesis a unas empresas determinadas. Estas supuestamente habían abonado previamente una comisión a través de la central de compras B2B. El coste de las prótesis corre a cargo de la Conselleria de Sanidad, no de Ribera Salud, de ahí que la fiscalía reclame ahora al juzgado las facturas para fijar el rastro de los pagos.

La investigación arrancó de un anónimo. Un sobre llegado a la sede del sindicato Simap alertaba de las presuntas irregularidades. La organización lo trasladó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) y los agentes entregaron su informe en el juzgado en mayo del año pasado. La policía considera que los hechos son constitutivos de posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Hasta 30 millones

La fiscalía habría pedido que se citara como investigados al consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, y al director financiero de la firma, Pablo Gallart. Sin embargo, la citación de estos responsables de Ribera Salud o de otras personas que considere el juzgado de instrucción número 4 de Valencia no se producirá hasta que avancen las diligencias y se aclare el montante de las comisiones (se ha llegado a situar en un millón de euros) y la cifra global de fondos públicos destinados a la compra de las prótesis, que algunas fuentes jurídicas han llegado a situar por encima de los 30 millones.

Desde que se abrió la causa se ha tomado declaración a varios testigos y hay otras testificales pendientes, según el Tribunal Superior de Justicia. En noviembre del año pasado se declaró la complejidad de la causa, que permite ampliar a 18 meses el plazo de instrucción.

El sindicato Simap explicó que llevó a la Policía Nacional documentación sobre un presunto cobro de comisiones de Ribera Salud a través de su central de compras B2b tras recibir un sobre anónimo por correo ordinario con documentos que «podían sugerir actividades constituyentes de delito» de la concesionaria. La formación señaló que esa información la recibió en febrero.