Joan Molano
Miércoles, 25 de enero 2017, 18:34
La Audiencia Nacional dará a conocer mañana la sentencia del juicio contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en RTVV, que extinguió en 2013 los contratos de la totalidad de la plantilla de la radio televisión autonómica, formada por más de 1.600 trabajadores. Así se lo comunicó el tribunal ayer a todas las partes implicadas en la causa que quedó vista para sentencia el pasado 11 de enero. Esta llegó a los tribunales de la mano de una demanda colectiva presentada por CGT -el único sindicato con representación en el Comité de Empresa de RTVV que no suscribió el acuerdo de despido- en la que solicita la nulidad y la readmisión de los trabajadores así como el abono de salarios de tramitación y advierte de una sucesión de empresas entre el antiguo y el nuevo ente autonómico. Al recurso se adhirieron el resto de colectivos de trabajadores implicados (CCOO, UGT, Intersindical, USO y CSIF).
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El tribunal hará pública la sentencia del juez a las diez y media de la mañana de este jueves después de la celebración de un juicio que dejó en el aire las expectativas de todos los actores implicados, los sindicatos como demandantes, y Generalitat y Corporación Valenciana de Medios de Comunicación como demandados. La resolución judicial, ante la que cabe recurso al Tribunal Supermo, se ha adelantado seis días, ya que estaba prevista para que se diera a conocer el próximo martes.
El Consell del Botànic asumió en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional el discurso del PP. La Abogacía de la Generalitat realizó una defensa férrea del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de RTVV que llevaron a cabo los populares durante el mandato de Alberto Fabra. El objetivo, poder dejar atrás cuanto antes los frentes judiciales para poder reabrir Canal 9.
En la Sala Social de la Audiencia los sindicatos CGT, CCOO, UGT, Intersindical, USO y CSIF defendieron la nulidad del ERE que extinguió los contratos de los 1.600 trabajadores que albergaba la antigua RTVV. Una cifra que el Consell no está dispuesto a asumir en la plantilla de la futura radiotelevisión valenciana y que ha llevado a la abogacía de la Generalitat a defender el ERE que criticó en su momento. Los principales argumentos del letrado del Consell fueron la "situación insostenible de pérdidas" que vivía el ente autonómico en ese momento. Una situación de "fuerza mayor" que llevó al legislador a ordenar el apagón.
Además recordó que en la firma del ERE hubo "práctica unanimidad", defendiendo así que tampoco sería razonable impugnar un acuerdo que fue aprobado por un 70% de los trabajadores representados. Un acuerdo que para el abogado de la Generalitat sigue siendo valido. Fuentes del comité de empresa de RTVV consultadas por este periódico calificaron la defensa de "ortodoxa", llegando a afirmar que podría haber estado perfectamente el PP en el Consell y se habría vivido la misma situación. Desde el comité se ha hecho hincapié en que pensaban "que iba a ver un margen" de negociación antes de empezar el juicio, pero para su sorpresa no ha sido así.
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La estrategia seguida por los sindicatos para defender la nulidad del ERE fue la inconstitucionalidad del mismo. Irónicamente fue el PSPV de Puig quien, estando aún en la oposición, interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley que permitió el cierre de radiotelevisión valenciana. Un recurso que fue retirado en 2016, siguiendo los pasos de la hoja de ruta marcada por los socialistas, Compromís y Podemos para crear una nueva RTVV.
Tras retirar el escrito enviado, el Tribunal Constitucional dejó la causa y no se pronunció acerca de la ley. Ahora los sindicatos defienden la inconstitucionalidad de la norma, mientras la defensa de la Generalitat aboga por la postura contraria. Todo ello sin una sentencia. Por su parte, la fiscalía tan sólo intervino para afirmar que no tiene "claro" que pueda presentarse una cuestión de incostitucionalidad, aunque matizó que otro asunto distinto es decidir si se optó por el "camino correcto" en la extinción de los diferentes contratos. Otro de los argumentos esgrimidos en el juicio por los sindicatos es que ha habido sucesión de empresas entre la antigua RTVV y la actual Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC). Una cuestión introducida por CGT, que la abogacía de la Generalitat ha negado al asegurar que la prestación de servicios de los dos es "completamente distinta" y ha desmentido que exista algún tipo de emisión salvo una carta de ajuste. Pese a la polémica no está claro si la sala se pronunciará acerca de la hipotética sucesión de empresas, ya que tan sólo lo hará si encuentra relación de este tema con el ERE.
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