La oferta de plazas del Consell para refugiados incluye centros saqueados y pisos en mal estado

Hace apenas una semana, durante la visita que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, realizó a Valencia, el jefe del Consell, Ximo Puig, puso sobre la mesa de la reunión, entre otros temas, el ofrecimiento de la Comunitat para acoger a los refugiados que lleguen a España, dado que el ejecutivo valenciano planteó incluso a fletar un barco para traer a 1.100 refugiados a tierras valencianas y poner a su disposición pisos de acogida.

Unas viviendas que, en su mayoría, han sido rechazadas por el Gobierno al no reunir las condiciones necesarias para vivir. Así consta en la respuesta por escrito que el Ejecutivo central ha facilitado al senador de Compromís Carles Mulet y a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. En ella, y en contestación a la pregunta formulada por Mulet, el Gobierno asegura que la Generalitat «carece, en la actualidad, de plazas adecuadas para la acogida de 1.100 personas que se 'brindaba' a traer a España y, en concreto, al territorio de la Comunidad».

Eso a pesar de las reiteradas declaraciones del Consell, especialmente de la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, sobre la plena disposición de la Comunitat a la acogida de los refugiados sirios y las críticas hacia la Unión Europea por no dar respuesta a la situación que atraviesan estas personas. «Tenemos una Unión Europea inmóvil» o «esta Comunitat está preparada, los que no están preparados son los gobernantes de la UE» son algunas de sus declaraciones en ese sentido. Precisamente con motivo de la visita de Santamaría, Oltra destacaba que le había trasladado a Puig cuestiones relacionadas con las áreas que ella gestiona, «especialmente sobre los refugiados».

Necesidad de vivienda

En el extenso informe remitido por el Gobierno de Rajoy al senador de Castellón se califica de «esencial» que las personas acogidas tengan a su disposición los «necesarios recursos habitacionales» para su alojamiento. Algo que, a juicio de las ONG encargadas de supervisar los recursos puestos a disposición por las comunidades autónomas y de realizar los itinerarios de integración de los refugiados, no sucede en el caso de Valencia.

Así, de las 1.411 plazas ofrecidas por la Generalitat, el 80% han sido consideradas «no adecuadas» por varias causas. Es decir, 1.139 inmuebles incluidos por el Consell en el sistema creado por el Gobierno para que las autonomías incorporen sus recursos han sido rechazados.

Y el Ejecutivo es contundente a la hora de explicar las causas del rechazo, entre las que figuran haber incluido viviendas alejadas de infraestructuras como colegios o centros de salud o en un estado de mantenimiento «no apto» para su utilización. La respuesta remitida a Mulet -del mismo partido que Oltra- cita como ejemplo un espacio para mayores del Ayuntamiento de Valencia, y ofrecido por la Generalitat, en «malas condiciones», donde describe una fotografía de actos vandálicos, puertas rotas y destrozos en cableado y tuberías.

Disponibles temporalmente

La oferta de plazas del Consell también incluía pisos o habitaciones en viviendas con inquilinos de disponibilidad temporal, por lo que tampoco se ajustan a las necesidades de estabilidad de los refugiados. En esta situación se encuentran unas 650 plazas.

También se han descartado los albergues, ya que la Generalitat únicamente los ponía a disposición de los exiliados en temporada baja. En este caso, figura, según la respuesta facilitada a Mulet, un centro del Ayuntamiento de Valencia cuya disponibilidad finalizaba en diciembre de 2015 y que podría ser el albergue La Paz que gestionaba la parroquia San Juan de Ribera de Valencia. El convenio que mantenía con el Consistorio, y por el que se habilitaban 50 plazas para refugiados, terminó en diciembre de 2015 al no ser renovado.

Otras 230 plazas están en trámite para ser utilizadas aunque están pendientes de confirmación por la disponibilidad actual y por la fórmula jurídica a la que se recurrirá para la transmisión de su uso a la ONG encargada de gestionarla. En este sentido, por ejemplo, el gobierno de Ribó creó una web para que los vecinos de la ciudad ofrecieran sus recursos (desde una habitación para alojarse a conocimientos de un idioma) a los refugiados. El resto de plazas ofrecidas por la Generalitat, 42, aún se están valorando .

El escrito, formulado en respuesta a la pregunta sobre los motivos por los que el Gobierno no autoriza la salida de un barco para traer refugiados, también recuerda que las obligaciones de acogida no se limitan al mero traslado sino que debe ser entendida «en el conjunto de obligaciones de acogida e integración».