Padres realizan encuestas para presionar a los colegios de la Comunitat Valenciana sobre el peso de cada lengua

La elección del nuevo modelo lingüístico en los colegios públicos y concertados dependerá del profesorado, que elaborará el programa a aplicar, y del consejo escolar de cada centro, que lo aprobará. Aunque en la normativa no se ha contemplado una consulta que permita participar a las familias que deseen opinar, una asociación de padres ha ideado un modelo alternativo para recoger el peso de cada una de las lenguas que elijan la mayoría de votantes. Su puesta en marcha dependerá de la asociación de familias de alumnos (Ampa).

Tal y como explican fuentes de Idiomas y Educación, promotora de la idea, se elaborará un informe con los resultados para trasladarlo a la dirección del centro y que sea valorado. Dicho de otra manera, puede servir para presionar en aquellas escuelas donde la previsión sea aplicar un nivel sensiblemente distinto al actual. No es un planteamiento extremo, pues Educación -y los asesores que en las últimas semanas se han desplazado a los centros- defienden que el modelo óptimo es el que prioriza el valenciano.

Con la encuesta se busca «colaborar» en la elaboración del Proyecto Lingüístico (PLC), donde se tienen que recoger aspectos como las características sociolingüísticas del alumnado o la actitud de las familias hacia la educación plurilingüe. Es en este mismo documento donde se reflejará el nuevo nivel (Básico, Intermedio o Avanzado), o lo que es lo mismo, la carga horaria de cada una de las lenguas.

«Uno de los problemas que nos encontramos es que no hay información para las familias», explican desde la asociación para defender su iniciativa. También señalan que varias Ampas han optado ya por aplicar el método ideado y que tienen constancia de padres que se han topado con la negativa de su asociación al plantear la votación.

La Consulta sobre Lenguas en Educación (Cole) se basa en una papeleta donde los padres deben plantear el porcentaje de cada lengua que querría para sus hijos: castellano, valenciano, inglés u otro. También se pide indicar la materna «para que el colegio conozca mejor el espectro lingüístico y el entorno del centro» y los datos identificativos. De los porcentajes aportados se extrae la media global que se plasmará en el informe. Idiomas y Educación incluye una hoja explicativa donde aparecen los porcentajes estimativos en cada lengua de los programas actuales y los de los seis nuevos niveles, a modo de guía para los padres y calculados tomando como base un curso de 6º de Primaria. Aunque difícilmente coincidiría el resultado con una de las modalidades, si podría aproximarse a alguna, de ahí la utilidad de la encuesta. Es decir, aunque no sean calcados los números, sí indicarían la preferencia mayoritaria de los votantes.

El protocolo también incluye cautelas por si el centro no quiere colaborar. Por ejemplo, de cara a la votación, si no se dispone de un censo oficial de padres, se propone usar uno de asociados al Ampa.

En cuanto a los plazos, la organización aboga por hacerlo lo antes posible, pues el PLC debe presentarse en la conselleria, como tarde, el 15 de marzo. Los resultados se trasladarían también a todos los padres, especialmente a aquellos que forman parte del consejo escolar, y por tanto, tienen voto en la elección.

La asociación nació de un grupo de familias de colegios públicos y concertados de Alicante, aunque ha ido ganando colaboradores hasta llegar al medio millar, según explican. Su actividad está especialmente centrada en todo lo relacionado con el nuevo modelo, ya sea recogiendo firmas en contra o presentando escritos al Síndic o alegaciones particulares al borrador.

Se basan en la «defensa del derecho a elegir, tanto el derecho a que los hijos estudien en la lengua materna, como en la defensa del inglés y la del castellano como lengua global». Critican además los certificados de lenguas, que están vinculados al peso del valenciano, o la falta de participación de las familias.

La postura de la Asociación para la Defensa del Castellano de la Comunidad Valenciana (DDC) es similar. Su presidente Ignacio García lamentaba ayer «que no se haya contado para nada con las familias en algo tan esencial» y recordó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce «el derechos a elegir la educación de los hijos. Y para nosotros la lengua nos parece básica». La entidad critica la nomenclatura utilizada, que no se haya reforzado el inglés o la vinculación de este idioma con el aumento de la lengua autóctona.