El Gobierno deberá pagar 35 millones a la UE si se siguen sin utilizar dos desalinizadoras

España parece abocado a devolver 35 millones de euros en ayudas a la Unión Europea si el Gobierno no es capaz de poner en marcha en apenas dos semanas las desalinizadoras de Moncófar y Oropesa. Un objetivo que parece altamente improbable, ya que no cuenta con clientes dispuestos a pagar el coste del agua desalada.

Marzo de 2017 es el plazo que ha dado la Unión Europea para que estas dos plantas entren en funcionamientos. En caso contrario reclamarán los 35 millones de euros en ayudas que se concedieron en su día para la construcción de las desalinizadoras (17,9 millones en el caso de Moncófar y 17,1 para la de Oropesa). El coste total de ambas instalaciones supuso una inversión de 104 millones de euros.

Es decir, se repetirá lo que ya sucedió en el caso de Torrevieja, cuando el Estado tuvo que devolver 55 millones de euros a la Unión Europea de las ayudas concedidas al no estar la planta en marcha en el plazo previsto.

De hecho, en estos momentos la desalinizadora de Torrevieja está en funcionamiento muy por debajo de su capacidad real de producción y sólo porque los agricultores pueden comprar el agua con las ayudas que el Gobierno concede por la situación de sequía en la que se encuentra la Vega Baja y Murcia. Pero una vez cesen estas subvenciones, con la recuperación de las lluvias y del trasvase Tajo-Segura la planta parece condenada a volver a estar prácticamente paralizada.

Todas estas infraestructuras estaban incluidas dentro del Programa Agua que puso en marcha el gobierno de Rodríguez Zapatero para acabar con el déficit hídrico de la Comunitat. Doce años después muchas obras están terminadas, pero muy pocas funcionan.

Obras concluidas

Lo más grave del caso es que las plantas de Moncófar y Oropesa están listas para funcionar. Han pasado incluso el periodo de pruebas. Pero tienen un problema que parece insalvable y que el presidente de los regantes de Castellón, José Pascual, resume de forma lacónica: «ya le dijimos a Cristina Narbona que no hacían falta, ya que en la zona hay suficientes recursos propios».

Según Pascual, «las desalinizadoras no habrían sido necesarias ni con el crecimiento de 225.000 habitantes previsto en los desarrollos hechos en pleno boom urbanístico».

La consecuencia es que la planta no tiene clientes a quien vender el agua. En su momento, en plena burbuja y con numerosos programas de viviendas en marcha, los ayuntamientos de Moncófar, Xilxes y Oropesa firmaron un convenio por el que se comprometían a comprar el agua de las desalinizadoras, según informaron fuentes del Ministerio de Medio Ambiente.

Ahora el agua no sólo no es necesaria, sino que supondría un grave desequilibrio económico para los municipios afectados. Hay que tener en cuenta que impondría un coste diez veces más alto que el precio actual.

Según aseguró el alcalde de Moncófar en su momento, Wenceslao Alós, están intentando llegar a un acuerdo con el Ministerio. Y es que según el documento firmado por el entonces gobierno socialista el coste de las obras, que supera los 100 millones de euros, recaería sobre los municipios afectados que deberían devolverlo en un plazo de 25 años. Desde el Ministerio de Medio Ambiente, por su lado, ayer no realizaron ninguna valoración.

Aunque el Gobierno tiene todavía unas semanas para evitar la multa parece improbable que pueda conseguir usuarios a los que vender el agua. El precio es demasiado elevado, no sólo para el riego sino también el agua destinada al consumo humano.

Se calcula que el coste del metro cúbico del agua desalinizada se sitúa en el entorno de los 1,2 euros por metro cúbico, un precio inasumible.