«Hemos tenido que hipotecar el local»

«Hemos tenido que hipotecar el local para mantenerlo abierto, y vamos a intentar no cerrarlo por todos los medios porque es el pan nuestro de cada día». Roberto (nombre ficticio) fundó hace más de dos décadas un centro especial de empleo en Gandia que, en la actualidad, da trabajo a 15 discapacitados psíquicos y a tres personas con síndrome de Down. En este tiempo, y por cada uno de los empleados, ha venido recibiendo una subvención por un importe equivalente al 50% del salario mínimo interprofesional; y que servía para hacer frente a parte del salario de estos trabajadores. Sin embargo, en 2016 esta ayuda le fue denegada. «No hay derecho, es absurdo», lamenta. Roberto prefiere que su nombre y el de la entidad permanezcan en el anonimato para no perjudicar ni a sus empleados ni al propio centro. «Estoy muy cabreado y, si pongo el dedo, no quisiera tener una mancha», resume.

Ante la falta de este importante apoyo económico (unos 62.000 euros anuales), esta empresa social ha tenido que solicitar un préstamo avalado por el propio local para poder hacer frente a las nóminas. «Hemos hipotecado el local por esa cantidad y lo tenemos que devolver en siete años, pero podemos seguir trabajando», destaca. Montar visagras y coser ropa y complementos son algunas de las tareas que desarrollan y por las que este centro especial de empleo factura a otras empresas. «Hasta tenemos a algunos trabajadores en inserción en una fábrica de bronce», añade Roberto, mientras espera que este año puedan recuperar las ayudas que otorga el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación (Servef) a estas entidades.

Sin embargo, la situación de esta entidad de la Safor no es un hecho aislado, como viene denunciando la Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo (Agevalcee), que el miércoles anunciaba que iba a emprender acciones legales para tratar de frenar los impagos de las ayudas de este ejercicio. Una recogida de firmas y la convocatoria de una concentración serán otros de los instrumentos de presión que utilizará la agrupación.

De los 18,9 millones de euros en ayudas previstas para este ejercicio, desde Agevalcee indican que únicamente se han abonado siete, mientras que 28 expedientes (que afectan a más de una 20 de empresas sociales) todavía siguen sin resolverse. En este tiempo, y debido a esta falta de recursos, han tenido que cerrar hasta cuatro de los 130 centros especiales de empleo con los que contaba la Comunitat, como son Den 2.000, Alcer Turia, Instituto de Consultoría y Auditoría y Albero Artesanos. Estas empresas sociales, resaltan, emplean a más de 8.500 personas.

Por su parte, desde el Servef aseguraron ayer «entender» y «comprender» la preocupación de los centros especiales de empleo que no han podido acceder a la ayuda en 2016 «por agotamiento del crédito» y afirmaron que se está intentando buscar una solución «dialogada y consensuada» con sus responsables. Anunciaron también que se va a cambiar el procedimiento para la concesión de estas ayudas en la próxima convocatoria, por lo que se concederán las subvenciones en dos plazos con el objeto de poder llegar a todos los centros. Asimismo, apuntaron que en 2016 se aumentó hasta los 22 millones de euros el montante de las ayudas.