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Finca ocupada de la Generalitat en Velluters, convertida en foco de droga y prostitución. :: monzó
Doscientos pisos de la Generalitat están tomados por okupas

Doscientos pisos de la Generalitat están tomados por okupas

La conselleria lucha en los juzgados para expulsar a habitantes ilegales y reparar destrozos

J. A. MARRAHÍ

Lunes, 10 de abril 2017, 20:08

El reciente asentamiento de chabolas en un solar de la Generalitat en pleno centro de Valencia es sólo la punta visible de un grave problema: el de las ocupaciones ilegales en propiedades autonómicas. Según fuentes del Consell consultadas por LAS PROVINCIAS, hoy existen casi 200 viviendas de la red autonómica habitadas de manera ilegal. El problema es doble: los ciudadanos que tendrían derecho a utilizarlas por su dificultad económica no pueden hacerlo y, para colmo, se producen destrozos en fincas pagadas con el dinero público. Mientras, la Generalitat lucha por desalojar a los okupas con los medios legales a su alcance.

La gran mayoría de las 'conquistas' clandestinas de suelo autonómico afectan a pisos del parque público de la Generalitat, las denominadas viviendas sociales. En concreto, hay 175 invadidas. En algo más de una decena de casos ya se ha pedido autorización judicial para el desalojo y en el resto los trámites para lograr la expulsión continúan.

El actual mapa de okupas entre ladrillos de la Generalitat se extiende también por las viviendas protegidas de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). Según sus datos, hay 17 ocupadas sin derecho alguno, entre ellas las de la finca del 18 de la calle Teixedors, un foco de droga y prostitución en el barrio valenciano de Velluters.

El edificio está destartalado. Para comprobarlo basta con adentrarse en el patio. La puerta carece de cerradura y está siempre abierta. Al avanzar unos metros descubrimos contadores de luz arrancados, un buzón con sus compartimentos al descubierto sin más contenido que una lata vacía de cerveza, un carro de compra robado o un arcón repleto de basura.

Indignación vecinal

Y todo ello en el corazón cultural de Valencia, cerca de las Torres de Quart y al lado del Conservatorio de Música y la Escuela de Diseño. Los vecinos están indignados. Han recogido un centenar de firmas exigiendo una solución. Reclaman medidas de seguridad efectivas que impidan la ocupación ilegal. Residentes y comerciantes denuncian «peleas callejeras, colas de toxicómanos y hasta un incendio reciente».

Alejandra, con un estudio en la misma calle, rubrica la protesta vecinal: «La situación es indignante y la sufre todo el barrio». Según describe, un sistema mafioso rige la vida en el edificio. «Un extranjero de Europa del Este cobra a indigentes un euro por permitirles pasar la noche. Cada día pueden llegar a juntarse casi 30 personas a dormir». Durante la mañana «hay venta de droga a toda hora y prostitución».

El problema dura tres años. En noviembre de 2014, EIGE lo denunció ante la Policía Nacional. Sin embargo, antes de finalizar el procedimiento judicial se detectó que habían cambiado los ocupantes y el juez archivó las actuaciones. Tal es el caos en la finca de Velluters. En mayo del año pasado se interpuso una segunda denuncia contra los nuevos okupas y la Generalitat aún está a la espera de que un juzgado se pronuncie.

Según fuentes de la entidad, «somos conscientes del problema que suponen estas ocupaciones ilegales para los vecinos». La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia han iniciado una colaboración que se hará extensible a todas las ocupaciones ilegales que se produzcan en la ciudad de Valencia.

Sentencias favorables

El resto de casas de VPO con habitantes ilegales están en la calle Emilio Pardo Bazán de Torrevieja, con otras diez ocupaciones, y en la calle Venezuela de Alicante, donde hay una vivienda tomada. En la primera localidad se han dictado cinco sentencias favorables a EIGE y los otros casos están pendientes de juicio. Respecto al piso alicantino ocupado, hay ya sentencia a favor de la Generalitat pero tiene que ejecutarse.

¿Cuál es la razón de que espacios concebidos para personas con dificultad económica estén poblados de manera clandestina? En este punto aparece la acusación política. La Conselleria de Vivienda culpa al anterior gobierno autonómico de dejar una pésima herencia en pisos de uso social, con cientos de ellos devastados e inhabitables. Sin embargo, la lista de espera para entrar en hogares de emergencia ha crecido desde el cambio de gobierno y no parece haber fondos para construir nuevos. A finales del año pasado el número de solicitantes se elevaba a 9.000, según fuentes del departamento.

Desde el EIGE creen que la «ausencia de una política de vivienda provocó la gran cantidad de ocupaciones ilegales dada las desesperación y situaciones difíciles que vivían muchas familias». En el caso de Velluters, por ejemplo, «las obras acabaron en 2011 y se iba a ofertar en alquiler, pero el edificio acabó cerrado varios años sin uso, lo que provocó las ocupaciones ilegales».

La Generalitat admite que las ocupaciones ilegales están vulnerando derechos. «Impiden adjudicar las viviendas a las familias de la lista de espera que sí respetan la legalidad y a las que corresponderían dada su situación socieconómica». Y surge otro problema: la presencia de okupas «impide realizar las reparaciones de esas viviendas para que cumplan con las condiciones mínimas de habitabilidad».

Además de la vía judicial, la Generalitat ha logrado medio centenar de desalojos en casi dos años por la vía del dialogo, invitando a los ocupantes a abandonar voluntariamente las casas tomadas.

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