El doble discurso de la sanidad valenciana

Lo dijo en su primera intervención como consellera de Sanidad. Carmen Montón el 30 de junio de 2015 cuando tomó posesión de su cargo comunicó la intención de anular todos los conciertos sanitarios posibles «para retornar la sanidad a lo público». Pasados los meses los acontecimientos han ido mostrando el doble discurso de la sanidad ante la colaboración entre lo público y lo privado.

Por un lado se avanza por el camino del fin de las concesiones administrativas -los hospitales públicos de gestión privada-, cuyo proceso de transición ya se ha puesto en marcha para el departamento de Alzira. También se han anunciado acciones que afectan a la recuperación de la realización de las resonancias magnéticas. En febrero la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, dio a conocer que el gobierno valenciano no renovará la concesión del servicio de resonancias magnéticas una vez finalice el contrato en septiembre de 2018, y recuperará la gestión pública de este servicio.

Al mismo tiempo que la colaboración público privada se reduce en estos ámbitos, en otros territorios de la gestión sanitaria algunos servicios que comportan esa relación se mantienen. La derivación de operaciones a clínicas privadas como medida para frenar las esperas quirúrgicas -plan de choque- ha seguido en marcha, si bien se ha reducido un 14% -según los últimos datos de la conselleria- en favor del autoconcierto.

La segunda es la opción preferida por la Generalitat, pero no se ha anunciado el fin del plan de choque, incluso la consellera en alguna ocasión ha manifestado la disposición a mantenerlo mientras fuera necesario ante la demora en los quirófanos.

Otro concierto, el que hace referencia a tratamientos de hemodiálisis, se aprobó en septiembre. Y en octubre se publicó la licitación por 135 millones de euros. En estos momentos ese procedimiento administrativo sigue adelante.

La primera reversión

En las últimas semanas la reversión ha sido protagonista de la actualidad con el inicio del proceso de transición del departamento de salud de La Ribera, al que está adscrito el Hospital de Alzira. El 27 de marzo la Conselleria de Sanidad trasladó a la empresa concesionaria, Ribera Salud, las normas que tiene que cumplir para la reversión. Por su parte la firma confirmó el lunes la interposición de un recurso contencioso administrativo contra esas normas.

La Ribera es la primera concesión administrativa que afronta la reversión. Su contrato finaliza el 31 de marzo de 2018 y la Generalitat manifestó la intención de no mantener la relación que lleva implícita la colaboración público-privada. La semana pasada el departamento autonómico ya concretó al detalle que la gestión será directa de la conselleria.

Además, Carmen Montón y el director general de Recursos Humanos, Justo Herrera, adelantaron que la figura jurídica para asumir a los trabajadores es la de indefinido no fijo para el personal laboral indefinido. No para los temporales, que al finalizar su relación laboral tendrán la opción de la bolsa de trabajo o las ofertas públicas de empleo que se convoquen. Los profesionales que son estatautarios -funcionarios- mantendrán la condición.

Aseguraron también que se mantendrían todos los servicios, si bien advirtieron de que el número de trabajadores es «provisional» y que se desconoce el coste salarial a la espera de contar con mayor información de la empresa.

La transición de uno a otro modelo Montón la ha defendido siempre como un proceso «irreversible». En enero afirmó que la decisión de «finalizar el contrato del departamento de La Ribera está tomada, como quedaba meridianamente claro en el Pacto del Botánico». Los centros sanitarios bajo el modelo Alzira son cinco: La Ribera, Torrevieja, Dénia, Elx-Vinalopó y Manises.

Las últimas declaraciones sobre esta cuestión las ofreció la semana pasada después de que Ribera Salud confirmara que recurría las normas de reversión. Montón afirmó que su departamento seguirá «con toda serenidad finalizando el contrato» y puntualizó que «lo extraordinario sería no cumplir con la palabra dada».

Montón no ha sido la única representante de la Conselleria de Sanidad que ha defendido el proceso como una apuesta decidida. A principios de este mes el secretario autonómico, Narcís Vázquez, insistió sobre esta cuestión al asegurar durante una comisión de sanidad de las Corts que la reversión «será sí o sí».

Mientras los pasos hacia la vuelta a la gestión directa de los hospitales públicos de gestión privada van ocupando cada vez más espacio en la actualidad de la política sanitaria, está en marcha el procedimiento administrativo para el concierto del servicio de hemodiálisis, los servicios de tratamiento de la enfermedad renal crónica avanzada.

La hemodiálisis

El pasado 17 octubre se publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) la licitación del contrato, que según señaló esta semana la Conselleria de Sanidad, todavía no se ha adjudicado. En estos momentos «está en marcha el procedimiento administrativo», aclararon.

El presupuesto es de casi 135 millones de euros y el periodo de ejecución tres años. En septiembre de 2016, cuando el Consell lo aprobó, el servicio lo prestaban 12 empresas en diferentes centros privados. Al anunciar el concierto, la Generalitat valenciana consideró que podría ahorrarse siete millones de euros, circunstancia que esta semana recordaron desde Sanidad a LAS PROVINCIAS.

En mayo de ese año la Sindicatura de Comptes había advertido de que si se hubiera licitado el concierto de hemodiálisis, la facturación por las prestaciones recibidas entre 2010 y 2015 se podría haber reducido en 37,2 millones de euros. Las decisiones del Consell posteriores a esta consideración desvelaron coincidencia con el punto de vista de la Sindicatura al apostar por iniciar el concurso público.

Pero ya antes, en diciembre de 2015, se apuntó la posibilidad de emprender esa ruta pese a la anunciada política de anular los conciertos. La postura que se adoptada respecto a la hemodiálisis se apoyaba en un concierto que «permitirá entrar en competencia a las empresas a través de concurso público». El departamento autonómico de Sanidad consideraba que de esa manera se abría la posibilidad de conseguir una reducción del coste del servicio que «por mala gestión» del anterior gobierno de la Generalitat llevaba dos años sin contrato.

En esa fecha la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se refirió a este asunto apuntando que en 2016 desarrollarían esa convocatoria pública, pero de momento «debe estar pagando enriquecimientos injustos por una deficiente y mala gestión».

El plan de choque

El recorrido por el territorio sanitario valenciano conduce a un encuentro con el plan de choque, derivación a centros privados de pacientes para ser operados, un ejemplo de colaboración público privada que no se ha detenido, aunque sí ha visto reducido su campo de acción a juzgar por el último registro dado a conocer desde la conselleria.

Esta iniciativa, utilizada como medida para detener el avance de la lista de espera quirúrgica, registró en 2016 -último dato facilitado por Sanidad- 9.151 pacientes, mientras que un año antes fueron 10.701 los ciudadanos que se encontraron en estas circunstancias. La diferencia arroja un saldo de 1.500 enfermos menos remitidos al plan de choque. Con anterioridad se anotó una cifra similar, pero a la inversa. En 2015 los pacientes derivados fueron unos 1.500 más que en 2014, como apuntaban la memoria de gestión de Sanidad de 2015 y la del Consejo Económico y Social del ejercicio precedente.

La conselleria ha defendido en distintas ocasiones que trabaja por reducir el plan de choque y por impulsar la ampliación de la actividad con medios propios. La última vez que se abordó este tema, en enero, el departamento autonómico aseguró que el envío de enfermos a centros privados había descendido un 14%, mientras que el autoconcierto aumentó un 7%. Este dato lo dieron la consellera y el director general de Asistencia Sanitaria, Rafael Sotoca, al presentar la lista de espera de diciembre, que comparada con la de 12 meses antes revelaba una subida de 7.000 pacientes pese al plan de choque y a ampliación de horario de intervenciones en centros públicos.

La previsión para este año «es crecer en autoconcierto y decrecer en plan de choque», explicó Sanidad a a LAS PROVINCIAS finales de enero. En ningún momento se ha hablado desde la Administración autonómica de acabar con el plan de choque. La consellera incluso en alguna ocasión ha apuntado que mientras fuera necesario como respuesta a las listas de espera se mantendría.

El plan de choque es una línea de actuación que desde hace muchos años se aplica en la Comunitat Valenciana. En el año 2012, durante el anterior gobierno de la Generalitat, se decidió retirar la derivación de pacientes a clínicas privadas, pero finalmente se retomó la medida al observarse entonces un aumento de pacientes en la lista de espera.

La actividad sanitaria descubre otros ejemplos de relación entre público y privado como algunos servicios del ámbito hospitalario que están externalizados.