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ARTURO CHECA
Jueves, 18 de mayo 2017, 20:40
La guerra abierta por el Consell ante el estado de los centros de menores de la Comunitat, las críticas de la oposición por lo que tildan de «mentiras» de la vicepresidenta Mónica Oltra y la airada respuesta de las Terciarias del centro de Segorbe por las acusaciones de maltrato de la responsable de Igualdad vivieron ayer su segundo capítulo. «Serían prudentes si callaran (en referencia al PP), ya que, después de 20 años en el gobierno de la Generalitat, dejaron un sistema de menores totalmente deshecho», aseguró el miércoles la vicepresidenta. Pero lo cierto es que órganos como el Síndic de Greuges, en hasta cinco resoluciones dictadas en los dos años de gobierno del tripartito, cuestionan la política de menores seguida por los actuales responsables de la Generalitat.
«Lo que Mónica Oltra no dice». Este es el título de la carta que la plantilla del centro de acogida de menores 'La Foia de Bunyol', instalaciones a los que serán trasladados los menores del clausurado centro de Monteolivete, ha suscrito para contar los «efectos colaterales» de la decisión del Consell. «Los 30 trabajadores nos quedamos de patitas en la calle», lamentan los empleados, quienes también cargan contra la falta de noticias para los 23 menores de Buñol, que deberán ser llevados a otros centros. Critican que no se ha consultado a los técnicos y que los adolescentes perderán «vínculos y amigos».
Entre julio de 2015 y el pasado mes de marzo, informes del defensor valenciano cuestionan fallos en la inspección de centros de menores -como ya publicó el miércoles LAS PROVINCIAS-, el deficiente estado (aún sin solventar por completo) del centro de menores Els Estels de Alicante, la excesiva presencia de menores de seis años en instalaciones de internamiento (cuando la ley aconseja que estén en acogimiento familiar) o la necesidad de dotar «con más medios económicos y personal» al área encargada de gestionar los centros de menores con problemas de conducta, como señala el Síndic.
En la resolución más reciente, hecha pública hace sólo tres meses, la entidad reclama al Consell «un Plan Estratégico de atención y protección a la infancia y adolescencia en la Comunitat» para mejorar estas políticas, con la necesidad de «medios económicos y de personal necesarios para el desarrollo del citado plan».
Uno de los cinco expedientes pone el dedo en la llaga precisamente en el tema de los centros de menores en mal estado, puesta encima de la mesa por la vicepresidenta Oltra. «Las instalaciones ocupadas actualmente por el Centro de Acogida de Menores Els Estels no cumplen las condiciones de seguridad y habitabilidad exigidas por la actual normativa», sentencia el informe del Síndic. Habitaciones sin luz exterior, con falta de ventilación, presencia de palomas y ratas con problemas de salubridad (esto sí subsanado con una limpieza y desinfectación) o «disposición laberíntica de las habitaciones» son algunas de las deficiencias señaladas por el defensor del pueblo hace ocho meses y aún sin resolver, como se lamenta en la resolución. El Síndic también pide «ampliar y mejorar la red de centros de día para atender a adolescentes en situación de riesgo».
La vicepresidenta Oltra también cargó el miércoles contra la congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas que gestiona el centro de menores de Segorbe al señalar que reciben más de 2.000 euros por niño al mes de la Generalitat, por lo que criticó que éstos tengan que «ir a mendigar comida» a los supermercados. Habló de un episodio de ducha fría a una menor o que se dejara sin comer a otra como episodios de maltrato en las instalaciones.
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