La concertada de la Comunitat Valenciana teme nuevos trasvases de alumnos hacia la enseñanza pública

Las críticas del sector concertado van más allá de la eliminación de aulas de Bachillerato, la etapa más afectada por las supresiones. En los últimos días se está levantando la voz en relación a los recortes en otros niveles como Infantil, donde el ajuste también será acusado, con más eliminaciones que creaciones de unidades. La protesta del colegio Pureza de María-Grao de Valencia, que el jueves recorrió las calles del barrio para mostrar su rechazo a la pérdida de una de sus líneas, es buen ejemplo del malestar existente entre los afectados. Además, Educación aplicará el próximo curso otra medida que hace temer a los representantes del sector que el trasvase de alumnado hacia los centros públicos se acentúe, pues incide directamente en la citada etapa.

Tanto el sindicato mayoritario en la concertada -Fsie- como la patronal más representativa -Escuelas Católicas- han coincidido en recelar de la nueva orden que prepara la conselleria para bajar, en 27 localidades, la ratio máxima de alumnos en las clases de tres años, en las que se escolariza el 95% de la población.

La normativa argumenta que debido a la reducción de la natalidad y para mejorar la calidad todos los colegios de estos municipios tendrán como máximo 23 plazas, dos menos de las habituales. Y en años sucesivos se adaptarán el resto de cursos hasta 6º de Primaria. Es decir, todas las unidades aplicarán este límite. Las reservas se fundamentan en que los centros que hasta este curso llenaban sus clases hasta los 25 niños, en muchos casos los concertados, se verían obligados a renunciar a dos estudiantes por año, facilitando la escolarización en escuelas públicas donde sí existan vacantes.

Desde la patronal Escuelas Católicas argumentaron que la futura normativa podría ser ilegal teniendo en cuenta que se aprobará con el procedimiento de admisión ya iniciado en sus procesos previos a la presentación de solicitudes, lo que chocaría con la regulación autonómica, y criticaron que se opte por una iniciativa que incidirá en el «trasvase de estudiantes en los centros con mayor demanda cuando se pueden aplicar otras medidas que mejoren la atención individualizada».

También lamentaron que a largo plazo puede implicar recortes en Secundaria, en el sentido de que los concertados de estas localidades reciban de Primaria 23 alumnos por línea -el máximo es de 30-, y por lo tanto, no cumplan la ratio media exigida para mantener las unidades.

La Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (Fsie-cv) ya dio algunas alternativas a la conselleria para mejorar la calidad en las clases sin recurrir a la minoración, como facilitar desdobles, agrupamientos flexibles y apoyos dentro del aula con una dotación adicional de docentes. Es decir, apostaban «por una reducción de las ratios máximas que no resultase de una decisión administrativa sino de la dotación de recursos humanos», tal y como se desprende de las aportaciones trasladadas a Educación cuando se les presentó el borrador.

En su escrito, el sindicato dejaba claro su apoyo a favorecer una atención más individualizada, si bien alertaba de que la bajada a 23 niños «podría colisionar con la demanda social de las familias de estas localidades al impedir que una parte de la ciudadanía optase en su primera opción entre los centros sostenidos con fondos públicos del municipio».

Fuentes de la organización añadieron que la decisión «facilitará los trasvases desde centros con mucha demanda en favor de otros con plazas libres». De hecho, en base a los datos oficiales de escolarización correspondientes al curso actual, son varias las localidades donde las aulas de tres años de los concertados están al máximo (25 alumnos) mientras que no sucede lo mismo en los centros de titularidad pública.

En cuanto a la planificación de unidades para el curso que viene, en Infantil se crearán tres nuevas clases y se eliminarán 15, lo que arroja un balance de -12, según los datos trasladados al sector. Para Vicente Morro, presidente de la Federación Católica de Apas (Fcapa), «se busca el mismo objetivo que el año pasado, fomentar los trasvases de alumnos, incluso con la eliminación de aulas que cumplen la ratio», dijo, en referencia a la protesta que tomó el Cabanyal-Canyamelar protagonizada por la comunidad educativa del colegio Pureza de María-Grao.

«El barrio nos necesita»

El centro dispone de dos aulas de 1º de Infantil (tres años) y a partir de 2º ya cuenta con tres líneas hasta la ESO. Para el nuevo ejercicio Educación les suprime una clase de cuatro años y de cara al 2018-2019 les quitará otra de cinco. Es decir, se les recorta una línea. Amparo Ferrer, la directora, explicaba el jueves que «sin el concierto el colegio no puede mantenerse», en relación a la población que atiende, y puso especial énfasis en la labor social que realizan.

«El barrio necesita este colegio, que abre cuando se necesita en fin de semana para hacer labor solidaria, y también colaboramos con las entidades de la Semana Santa. No estamos en contra de la educación pública, sólo pedimos que se respete la libertad de los padres para elegir proyecto educativo. No es justo que se nos perjudique para ayudar a las aulas públicas», lamentó, antes de reivindicar que el centro cumple con la ratio mínima exigida, pues el promedio de la etapa se sitúa en 21,63 alumnos. De hecho es uno de los argumentos planteados en las alegaciones presentadas.

La protesta, en la que participaron familias, alumnos y profesores, recorrió las calles del barrio para finalizar en las Atarazanas, donde se leyó un manifiesto que pedía a la conselleria una rectificación en su decisión. Fue una reivindicación viva y ruidosa, pues los asistentes portaban pitos y camisetas de colores y corearon consignas ingeniosas. «Estamos aquí para defender la libertad de elección, las familias queremos poder elegir, no que nos digan a dónde debemos ir», resumió Francisco Celdrán, uno de los padres que asistieron a la manifestación.