Hijos de mujeres asesinadas, en el desamparo

Cuando Maxi perdió a su madre con 20 años no recibió más ayuda que el pago del entierro de la víctima por el Ayuntamiento de Massanassa. Buceó entre oficinas con sus tíos en busca de ayudas y la Administración le negó el derecho a una pensión. «No reunía requisitos», recuerda. Es uno de los huérfanos de los crímenes machistas en la Comunitat, colectivo especialmente vulnerable al que al fin el Congreso reconoce una pensión especial ajustada a su padecer.

La ley aún tardará unos meses, pero al menos el compromiso parece firme. La nueva norma hará que huérfanos de crímenes machistas tengan garantizada una pensión, con independencia de si la víctima cotizó o no a la Seguridad Social y evite las trabas legales.

Ángeles Álvarez, diputada promotora de la reforma, asegura que no hay cifras oficiales sobre cuántos desamparados se han quedado sin ayudas por el requisito del tiempo trabajado de la madre, pero estima que podrían ser la mitad de las víctimas. Mayte Lafuente, presidenta de la asociación valenciana de víctimas Amigas Supervivientes, coincide y tilda de «vergonzosa la desatención administrativa que sufren algunos de estos hijos».

El descontrol del Gobierno sobre ayudas a huérfanos del machismo criminal es palpable. Preguntamos a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Sanidad. Queremos saber cuántos hijos de asesinadas están cobrando una pensión. No hay respuesta. Ellos sólo contabilizan a los menores huérfanos, pero desconocen si han tenido derecho o no a ayudas. Para ello nos remiten al Ministerio de Trabajo. Y allí, la explicación es esta: «No se distinguen las víctimas de violencia de género de las de orfandad en general».

Para conocer una cifra fiable hay que tirar de hemeroteca, pues el Gobierno sólo contabiliza los hijos de víctimas fallecidas desde 2013. Según los registros de Sanidad y datos de LAS PROVINCIAS, aproximadamente 50 niños y jóvenes se han quedado sin padres en la Comunitat por culpa de los asesinatos machistas entre 2010 y 2017.

¿En qué radica su vulnerabilidad? Susana Gisbert, fiscal coordinadora de Violencia de Género en Valencia, lo tiene claro. «Su madre, muerta, el padre en la cárcel, el asunto, a la luz pública, y el hijo o hija, señalado. Es una etapa muy compleja y no siempre hay fuerzas para seguir estudios o trabajos».

La exigencia de cierta vida laboral en la madre asesinada para que su huérfano tenga derecho a pensión tampoco parece razonable. Gisbert lo razona así: «Muchas mujeres asesinadas son jóvenes y algunas inmigrantes. Si encima añadimos la difícil coyuntura económica actual nos encontramos con desempleo o trabajos poco estables».

Y añade otra clave: «Normalmente, la que tiene empleo estable huye y se separa con los primeros malos tratos. Parte de las mujeres que acaban muertas sufren dependencia económica del agresor precisamente por carecer de trabajo o no ser estable» Es el peligroso 'prefiero vivir con él y que me pegue a que mis hijos no coman'. Y Gisbert advierte: «El asesinato de la madre no debe reduplicar el mal de los hijos ni mermar sus perspectivas de futuro».