El Ministerio de Educación pone en alerta a sus inspectores para evitar manipulaciones en los libros

El Ministerio de Educación permanecerá «alerta» ante posibles tergiversaciones históricas, geográficas y otras irregularidades en los libros de texto que se utilizan en los colegios valencianos. Así se desprende de la comunicación que se ha remitido a la Alta Inspección de la Comunitat, órgano estatal encargado de velar por el cumplimiento de la legislación educativa, tras la polémica destapada la pasada semana por el sindicato de docentes Ames. La organización catalana publicó un informe que ponía el acento en los planteamientos «ideológicos, partidistas o tendenciosos» de algunos de los manuales de Ciencias Sociales más utilizados en la autonomía vecina, pues favorecían sentimientos identitarios a base de orillar «referencias a las instituciones, entidades y normas compartidas». Es decir, de carácter nacional.

Fuentes del departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo explicaron que se ha solicitado a los inspectores del Gobierno que «estén al tanto de posibles denuncias sobre irregularidades en los libros, para en el caso de advertir alguna elaborar un informe para el ministerio». El término es lo suficientemente general para incluir todo tipo de problemáticas, desde contenidos que contravengan el currículum estatal, que debe plasmarse en todas las asignaturas y complementarse -que no completarse- con el autonómico, hasta aquellos que no cumplan con el necesario rigor científico, la neutralidad ideológica o el respeto a la diversidad o la igualdad de género.

Lo cierto es que en clave valenciana han sido varias las quejas que se han cursado, aunque dirigidas al Síndic de Greuges a través de una campaña impulsada por Plataforma Valencianista PLV que ha consistido en recopilar denuncias anónimas de padres o alumnos para trasladarlas a la institución.

Aunque cabía todo tipo de quejas relacionadas con cuestiones identitarias, incluyendo las dirigidas contra administraciones o entidades privadas, una treintena tenían que ver con colegios y se referían al uso de simbología catalanista en actos escolares, como las celebraciones del 9 d'Octubre, o a contenidos de libros de texto y materiales curriculares. Plataforma Valencianista PLV denunciaba «conductas adoctrinadoras» en las escuelas, de ahí que pidiera la mediación del defensor del pueblo valenciano.

En las quejas remitidas destacan los casos donde se dan explicaciones de hechos históricos distintas a las aceptadas por la mayoría de expertos y las asimilaciones entre el valenciano y el catalán. Hay cuadernos utilizados en la asignatura de Lengua Valenciana en 4º de Primaria cuya denominación es 'Llengua Catalana' y libros de la ESO en los que, en relación al origen del pueblo valenciano, se asevera que con la conquista de 1238 Jaume I «nos otorgó los fueros y se instauró el cristianismo y el catalán como lengua oficial». También figura una ficha donde el alumno debía asociar el nombre de un profesor con la asignatura correspondiente donde no aparecía la de Valenciano, sino la de Catalán. En este caso el centro alegó, como recoge la contestación al Síndic, que se trató de un error de la fuente que fue corregido y del que tenía constancia el inspector.

Otra queja se refiere a un centro de formación de personas adultas donde uno de los materiales atribuye a Cristóbal Colón una ascendencia barcelonesa y se argumenta que al Estado español le molestaban las gestas navales catalanas, por lo que se las apropió. En otro libro de 3º de la ESO, de la asignatura de Valenciano, se habla de Jaime I «como rey cristiano de Cataluña y Aragón» cuando se aborda el apartado 'El nacimiento de un pueblo'.

Volviendo al informe del sindicato catalán, en sus conclusiones se destaca «el ensalzamiento de las diferencias entre los catalanes y los ciudadanos del resto de España mientras se reduce o ignora lo que nos une», presentando la historia como «un constante enfrentamiento en el que España siempre actúa coartando las libertades, las costumbres, las tradiciones y la lengua propia». También se alerta de la reducción de los contenidos estatales en Geografía e Historia y de que el resultado «es un crecimiento incesante de jóvenes indignados por los mensajes que han recibido sobre las relaciones entre Cataluña y el gobierno de España que están deseosos de acabar con esta situación».