La fiscalía rechaza la denuncia de Compromís por los pagos de la concertada

No hay delito, la cuestión debe ser indagada en todo caso por el Tribunal de Cuentas y existe una falta de diligencia por parte de los funcionarios de la Conselleria de Educación. Estos son básicamente los argumentos expuestos por la Fiscalía Anticorrupción para pedir al juzgado que dicte el archivo (sobreseimiento provisional) de la denuncia presentada por Mónica Oltra en 2014 por supuestos pagos irregulares de los que acusó a los colegios concertados.

El archivo, que deberá ser confirmado por el juzgado de instrucción número 3 de Valencia, hace referencia a los hechos señalados en la querella por la entonces diputada de Compromís. Oltra acusó a los centros educativos de cobrar más horas docentes de las que tenían realmente concertadas, de pagar como 'liberados de la patronal' a personal de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval) sin estar habilitados legalmente para ello y de abonar sueldos a profesores de más de 70 años de colegios religiosos. La respuesta de la fiscalía, en todos los casos, es contundente. «No queda acreditada la perpetración de hechos de carácter delictivo» o «por parte de los funcionarios y autoridades correspondientes de la Conselleria de Educación debería haberse observado la diligencia exigible en el manejo de fondos públicos» son algunas de las consideraciones que hace Anticorrupción. En todos los casos pide al juzgado archivar y remitir el asunto al Tribunal de Cuentas.

La primera de las acusaciones que desmonta el fiscal es la del irregular pago sostenido por Oltra a personal de Feceval 'liberados' sin que existiera norma legal para ello. Ello lo niega Anticorrupción. Como subraya el ministerio público, esos pagos estuvieron avalados por un convenio que estuvo vigente hasta 2010 y que se «prorrogó implícitamente» hasta 2014. Añade cómo Feceval (en la causa está en condición de investigado su presidente, José Manuel Boquet, y la propia Federación como persona jurídica) ha aportado documentación que acredita la existencia de los cursos de formación que estas personas daban al profesorado de la enseñanza concertada.

«Falta de diligencia»

«Sí existió habilitación legal. Pese a la denuncia de Mónica Oltra, había un convenio que fue firmado en 2003 que amparaba a dichas personas y que se dedicaba a organizar y coordinar la formación que se impartía al profesorado de la concertada, de conformidad con el convenio firmado», subraya Vicente Boluda, abogado de Feceval. Otra de las acusaciones puestas sobre la mesa por la diputada de Compromís fue la del pago a una veintena de colegios concertados de más horas docentes de las realmente recogidas en el concierto. Este pago sí que se produjo realmente, a tenor de lo que considera el fiscal, pero no es un delito. «Resulta acreditado que fondos públicos de la Conselleria de Educación se destinaron al pago de salarios de docentes de centros concertados en cantidades muy superiores a las acreditadas en el concierto educativo de estos centros. Los pagos se produjeron por horas lectivas que no se habían realizado, causando un perjuicio evidente a las arcas públicas». La denuncia lo cifraba en más de 100.000 euros.

El fiscal no ve en todo caso delito, sino materia para que el Tribunal de Cuentas determine lo ocurrido y «falta de diligencia exigida» por parte de los funcionarios de Educación que abonaron las horas.

La última de las cuestiones sobre la que Anticorrupción pide el sobreseimiento provisional es acerca de la tercera acusación lanzada por la hoy vicepresidenta del Consell, que señalaba en su denuncia la existencia de profesores mayores de 75 años que figuraban como dados de alta en la docencia y cobraban por ello, sin realmente desempeñar un trabajo. La fiscalía también reclama por este asunto al juzgado de instrucción número tres que dictamine su archivo.