La justicia da un varapalo a Marzà y paraliza de forma cautelar el decreto plurilingüe

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha paralizado el nuevo modelo lingüístico de los colegios tras estimar la petición de suspensión cautelar de la Diputación de Alicante. La principal consecuencia es la incertidumbre, ya que la medida llega en pleno procedimiento de admisión de alumnos, en el que también se elige la lengua de enseñanza. Además supone un duro golpe para la política educativa de Vicent Marzà, pues uno de los ejes básicos de su mandato corre serio riesgo de no aplicarse a corto plazo para alivio del sector educativo que lo rechaza, que engloba a sindicatos, padres de las redes pública y concertada, partidos políticos, administraciones e incluso patronales de centros.

La suspensión se conoció ayer a través de un auto que, sin entrar en el fondo del contencioso presentado por la corporación contra el decreto de plurilingüismo, sí da claves que dejan entrever que hay aspectos de la norma que no convencen a la sala. «Resulta evidente que de no suspenderse hasta que recaiga sentencia un gran número de alumnos podría ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas», se dice, antes de añadir que «existe una diferencia entre los niveles Básico, Intermedio y Avanzado». Este trato distinto es el argumento central en que se basa la petición de paralización cautelar que acompañó al recurso.

Los colegios han tenido que optar por una de las modalidades citadas, que se distinguen por el peso de cada una de las lenguas oficiales. De partida, cuanto más valenciano, más horas de exposición al inglés. Además, al finalizar cada etapa, Educación dará títulos oficiales de idiomas automáticamente en los niveles Avanzados (en Primaria y Secundaria) y en el Intermedio (sólo en Secundaria). Serán más elevados los primeros, y en los Básicos, donde la lengua mayoritaria es el castellano, no existirán. Conforme a la literalidad del decreto, puede darse la situación de que haya alumnos de Secundaria que en un Intermedio (donde hay cierta flexibilidad) reciban más clases vehiculadas en inglés que otros en un Avanzado, donde el valenciano es la lengua base. Y sin embargo, su título será inferior.

El auto de la sala de lo contencioso-administrativo establece en su argumentación que «es evidente que de no adoptarse la solución de paralizar su ejecutividad (la del decreto de plurilingüismo) podrían producirse graves daños y perjuicios de reparación imposible o difícil para los intereses y derechos de la parte recurrente». Además se añade que «el servicio público no resulta afectado» por la decisión. También se señala que todo lo resuelto en el escrito «se refiere únicamente a la medida cautelar, no al fondo del recurso» y que «en absoluto se prejuzga nada de lo que pueda resolverse en su día en la sentencia que se dicte».

Duración

En cuanto a la duración de la paralización, será efectiva hasta que exista fallo, si bien cabe otro escenario: que tras el recurso de reposición de la conselleria frente a la suspensión, anunciado ayer por Marzà, se decida levantar la cautelar, por lo que el decreto volvería a estar vigente. En caso de rechazarse las alegaciones de la administración quedaría paralizado hasta la resolución del contencioso de la Diputación, procedimiento que podría tardar más de un año.

Si la medida cautelar se mantiene en los próximos meses implicará que la educación valenciana se regirá por el decreto anterior, que data de 2012 y fue elaborado por el PP. Y no se puede olvidar que coincide con el procedimiento de admisión, fundamental a la hora de elegir colegio. Precisamente, el sindicato mayoritario, el Stepv, anunció que se personará contra el auto del TSJCV al considerar que «las consecuencias son muy graves» por coincidir con la presentación de solicitudes y cuando los centros tienen asignado su nivel lingüístico, que debía aplicarse el curso que viene en Infantil, además de en Primaria en las escuelas que han avanzado.

Por su parte, el conseller defendió su normativa y aseguró estar «tranquilo» porque cuenta con el aval del Consell Jurídic Consultiu, la Abogacía de la Generalitat y el Ministerio de Educación, si bien desde el departamento estatal comentaron que están a la espera de que se plasmen las matizaciones que la conselleria les trasladó cuando se pidieron aclaraciones tras un informe de la Alta Inspección que alertaba de posibles situaciones de discriminación. Marzà también destacó que no hay sentencia y señaló que el decreto «está fundamentado y tiene base pedagógica y jurídica».

El Stepv, por su parte, añadió que la suspensión deja en el aire el aumento de la plantilla prevista para la aplicación de los nuevos niveles a través de los planes de mejora (PAM), mientras que la Federación de Enseñanza de CC. OO. PV y Escola Valenciana coincidieron en defender la normativa porque avala «el derecho de la ciudadanía de aprender valenciano y amplía el uso social» de la lengua autonómica.

Legitimidad

Por otro lado, el auto del TSJCV reconoce la legitimidad de la Diputación de Alicante para impugnar la normativa, una postura que fue criticada en su día por la vicepresidenta Oltra, cuando insistió en que la corporación no tenía competencias educativas y debía dedicarse a otras cuestiones. «Si bien se presume el interés público en la administración de la Generalitat y en el decreto recurrido, no debe olvidarse que también es defensora de ese interés público la administración alicantina recurrente», dice, poco después de reconocer que «no es frecuente» que una administración asuma este tipo de iniciativas.

El decreto de Marzà ha supuesto un cambio de paradigma en las escuelas de la Comunitat, pues algo más de la mitad han optado por los niveles Avanzados basados en el valenciano como lengua de enseñanza y en el correspondiente aumento del inglés, reduciéndose claramente la oferta donde predomina el castellano. Entidades críticas con el modelo explican este cambio, especialmente acusado en la escuela pública, en la vinculación entre la lengua propia y la extranjera. Con el modelo anterior, el aumento del inglés dependía de la voluntad y los recursos del centro, no de su proyecto lingüístico. Además, hay que recordar que se elimina la doble línea, esto es, la posibilidad de que en una escuela convivan grupos que se forman en valenciano con otros que lo hacen en castellano.

El Tribunal Superior de Justicia aún debe pronunciarse sobre otros ocho recursos presentados por un amplio espectro de colectivos. El primero fue el del sindicato CSI·F, quien inició un contencioso al considerar que el decreto suponía la «vulneración del derecho a la igualdad» y por el «trato discriminatorio» para aquellos centros que apostaran por el nivel Básico, cuyos alumnos no obtendrían certificación. También están los contenciosos impulsados por el Foro por el Derecho a Elegir la Lengua Vehicular (que engloba a Idiomas y Educación y los padres de Covapa y Concapa), la Federación Católica de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa) o la plataforma Defensa del Castellano.

Los sindicatos ANPE y USO también han hecho lo propio, así como el PPCV y VOX. En cuanto a los que también han pedido medidas cautelares, fuentes jurídicas indicaron que aquellos recursos que presenten los mismos argumentos que el de la Diputación de Alicante recibirán la misma respuesta de acoger la medida cautelar por parte del TSJ. Si hay otros razonamientos jurídicos, la sala de lo contencioso deberá lanzar otro pronunciamiento.