El Ayuntamiento de Riba-roja resta importancia a la admisión de la denuncia de Podemos

El equipo de Gobierno de Riba-roja de Túria (Valencia) --formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida-- ha mostrado su "respeto absoluto" al acuse de recibo de la Fiscalía de Valencia tras la denuncia presentada por el Podemos Riba-roja en relación por un presunto amaño del concurso para la concesión del servicio de asesoría jurídica del Ayuntamiento.

Para el Gobierno municipal, la finalidad de la denuncia de Podemos "es de acoso y derribo de la Alcaldía tras la querella de Ciudadanos por grabación ilegal" y la admisión a trámite "es un trámite que se sigue en todas las denuncias que se presentan", recalcan en un comunicado.

En cualquier caso, el equipo de gobierno se ha mostrado "tranquilo ante esta nueva ofensiva que el grupo Podemos ha vuelto a realizar con el único ánimo de atacar e intentar destruir la labor tras más de 20 años de gestión del Partido Popular".

"Su único ánimo es conseguir la Alcaldía a cualquier precio y, para ello, no dudan en aliarse en todos los plenos con el PP para poner palos en las ruedas del Ayuntamiento".

El Ejecutivo local de Riba-roja ha insistido en que el proceso judicial "pondrá a cada uno en su sitio y, finalmente, se demostrará que el alcalde y los funcionarios municipales realizaron una labor intachable en el procedimiento para adjudicar el servicio de asesoría jurídica en temas de derecho público y administrativo, así como la defensa en juicio del orden civil y mercantil".

Informes y requisitos a favor

En este sentido, desde el Ayuntamiento recuerdan los dos informes de los departamentos de Secretaría e Intervención que "avalaron plenamente" el proceso seguido para la citada adjudicación pública de un contrato menor.

Además, inciden en que la ley actual del sector público "atribuye a la Alcaldía la competencia para adjudicar contratos de obras, suministro, servicios, gestión de servicios públicos, administrativos especiales y privados, "cuando su importe no supere el diez por ciento del presupuesto ni los seis millones de euros", requisitos que "cumple el contrato de asesoría jurídica".