Más de 6.000 sanitarios en vilo

Pero el tiempo apremia y la hoja de ruta del departamento liderado por Ana Barceló acaba de sufrir, como mínimo, un frenazo que deja en el aire el futuro laboral de más de 6.000 profesionales sanitarios. Con el contrato de las resonancias magnéticas finalizado en noviembre de 2018, la reversión del área de salud de Torrevieja a la vuelta de la esquina –el próximo 15 de octubre expira el contrato y Sanidad se opone a prorrogarlo–, y la proximidad de las vacaciones estivales, la conselleria no tiene más remedio que idear una alternativa a la empresa pública que, al menos, cuente con la aprobación de Compromís y Podemos, o afinar los contenidos de la propuesta inicial para tratar de atenuar el rechazo de los implicados.

La opción empleada en el departamento de salud de la Ribera, la primera área de salud revertida, fue crear la figura del personal laboral a extinguir para poder subrogar a los trabajadores. Los empleados de la concesionaria pasaron así a manos de la Generalitat con una fórmula muy cuestionada por el Consell Jurídic Consultiu dado su difícil encaje legal con la obligatoriedad de libre concurrencia y méritos que deben primar en el empleo público, de ahí que Sanidad se resista a emplear el mismo procedimiento. Sin embargo, este cambio de opinión para apostar por la creación de una empresa pública que contrate a esos trabajadores tampoco ha sentado nada bien al personal de la Ribera, dado que podría extenderse también entre esa plantilla.

Dénia es otro de los departamentos en los que el comité de empresa se ha posicionado en contra de la alternativa que ha estado a punto de aprobar el Consell esta semana, puesto que a última hora se retiró del pleno el punto que planteaba la aprobación del decreto que avalaría la creación de la citada empresa.

La urgencia por aclarar su futuro laboral apremia a unos departamentos más que a otros. Mientras que dentro de poco más de cuatro meses la conselleria ya debe estar al mando del área de salud de Torrevieja, en el caso del Vinalopó (Elche-Crevillente) el contrato no vence hasta junio de 2025. Un año antes terminarán la concesiones de Dénia (enero) y Manises (mayo), aunque con al menos unas elecciones autonómicas de por medio, existe la posibilidad de que se prolonguen los contratos en un hipotético cambio en el Gobierno regional.

Así, los más de 1.300 empleados laborales del departamento de Torrevieja siguen a la espera de conocer cuál va a ser su futuro laboral a partir de octubre, por lo que progresivamente van incrementando el tono de sus protestas con el objetivo de contar, por un lado, con información de primera mano y, por otro, con una garantía de que al menos van a poder mantener sus actuales condiciones de trabajo. Precisamente este es uno de los problemas que puede acarrear la citada empresa pública. El organismo deberá absorber a profesionales de distintos ámbitos, contratados por empresas diferentes y, por tanto, con condiciones laborales que no serán iguales, dado que cada plantilla cuenta con convenios colectivos diferentes que afectan a sus salarios y condiciones (horarios, días de asuntos propios, etc.). Es más, en una de las reuniones que mantuvieron representantes de la conselleria con trabajadores de las resonancias se puso encima de la mesa la opción de la empresa pública, aunque se descartó argumentando que experiencias similares se habían convertido en «coladeros» de allegados a las gerencias.

Sin embargo, todos ellos sí tienen en común el rechazo a la empresa pública. Desde la Ribera, trabajadores que desde abril de 2018 dependen directamente de la Conselleria de Sanidad, advierten que esta fórmula causará un deterioro de la calidad asistencial y una precarización de las condiciones laboral, argumento por ahora difícil de demostrar; pero también indican que propiciará, o al menos posibilitará, la externalización de servicios o incluso departamento en el futuro. También podría afectar, incluso, a interinos sin plaza que, tras tres años de trabajo, podrían a pasar a depender de la citada empresa. En Dénia también la rechazan, tanto esta fórmula como «cualquier otro invento jurídico que no sea la gestión directa de la conselleria de todos los servicios de salud».

Y desde Torrevieja, además de todo lo expuesto, también subrayan que el personal sanitario «ha demostrado su valía superando unas pruebas de acceso a la empresa mucho más exigentes, en muchos casos, a las que se solicitan en cualquier bolsa de empleo público, demostrado, por ejemplo, conocimiento de idiomas para poder atender a la población extranjera tan numerosa en este departamento«. Pero, por ahora, siguen sumidos en la incertidumbre.