Más de 9.000 personas han muerto este año a la espera de la ayuda a la dependencia

Nueve mil veinte. 9.020 personas. La cifra asusta. Pero el acongoje es superior cuando se le da un apellido: personas fallecidas en 2020 en la Comunitat a la espera de la ayuda a la dependencia. Expedientes atascados en el laberinto burocrático que sólo en el Ayuntamiento de Valencia tiene 13.000 expedientes paralizados. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hizo público ayer un informe que emplea los datos que ofrece el documento de monitorización de la mortalidad del Ministerio de Derechos Sociales y, en concreto, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Los números evidencian que la Comunitat Valenciana es la cuarta autonomía donde más personas perdieron la vida hasta el pasado 1 de octubre sin que la administración contestara a su petición de ayuda. En todo el Estado, el drama es superior y habla de 47.201 fallecidos a la espera.

A través de un comunicado, la asociación pidió al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro del ramo, Pablo Iglesias, que convoque «urgentemente» el Consejo Territorial «para proponer un incremento inmediato de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia» para cumplir con lo acordado «en el pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de presidentes autonómicos» de 2017. «De la misma manera que se ha invertido en todos los sectores, es inexplicable que se abandone a las personas más vulnerables (una vez más) y no se incremente la financiación de la atención a la dependencia», critica la entidad.

La asociación lamenta que a pocos días del primer aniversario del nuevo gobierno y al decimoquinto de la Ley de Dependencia, «lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, es preciso adoptar medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país». Los directores de centros sociales dicen que la financiación «debe comprometer a los gobiernos autonómicos a acometer las reformas de su normativa necesarias para agilizar los trámites y eliminar las listas de espera». «Es necesario simplificar y unificar los procedimientos, (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones,...) para agilizarlos y permitir así que puedan dar respuestas inmediatas en esta crisis. Deben, además, aplicarse medidas de suspensión temporal y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resoluciones administrativas», solicita la entidad, que añade que los servicios sociales «son una inversión, imprescindibles para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables de nuestro país, y más en estos momentos». «El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes», asegura la entidad que preside José Manuel Ramírez.

El 82% de los fallecidos a la espera de ayuda tenía más de 80 años. Y el 42% de las muertes se produjo en personas con grado III de dependencia. El informe evidencia que hay «un impacto muy elevado en la mortalidad excesiva en personas atendidas en residencia, con un exceso de fallecimiento de 20.922 personas (8,4% del total de personas dependientes atendidas en residencias)». El 27% de las personas dependientes beneficiarias fallecidas en este año vivían en una residencia.

Con todo, la entidad reconoce que la Comunitat Valenciana es la autonomía con más nuevos beneficiarios: 11.029, un 12,5% más que el pasado año. Sin embargo, el atasco en el sector es tal que las cifras siguen siendo abrumadoras y el esfuerzo de la administración, insuficiente, sobre todo en los niveles más bajos como los consistorios.