La Abogacía del Estado no recurrió la denegación de la expulsión del imán de Ripoll

El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón que paralizó la expulsión del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, argumentó que la Delegación del Gobierno no tuvo en cuenta circunstancias como la duración de la residencia en el territorio, la edad de la persona implicada, las consecuencias para él y para los miembros de su familia y los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen. Frenó la resolución que afectaba al sospechoso, que había estado preso en la cárcel por un delito de tráfico de drogas, por su arraigo y esfuerzo de integración. Carecía de información relevante acerca de su peligrosidad por los vínculos con el terrorismo. Y la condena por tráfico de drogas, aunque podía denotar una "peligrosidad", esa amenaza no podía considerarse "actual" porque los hechos ocurrieron en mayo de 2004.

Tras analizar las pruebas documentales presentadas, el juez consideró que el recurrente, residente de larga duración, había demostrado su “evidente arraigo laboral y esfuerzos para integrarse” en España mediante la acreditación de un contrato de trabajo actual y el periodo cotizado en la Seguridad Social, de 6 años, 6 meses y 16 días. La sentencia argumenta además la antigüedad en la comisión del delito, que se produjo en enero de 2010, y la circunstancia que se tratara de un solo hecho delictivo.

El magistrado rechazó anular el expediente de expulsión por caducidad o irregularidades en la notificación, como pretendía es Satty, pero entendió que la expulsión automática por haber cumplido una pena superior a un año de prisión, como solicitaba la abogacía, vulneraba el principio de proporcionalidad según la nueva jurisprudencia.

En concreto, el juez aplicó la nueva doctrina jurisprudencial nacional y europea según la cual la expulsión de un extranjero residente de larga duración condenado por un delito castigado con una pena superior a un año de prisión no es automática y es necesario valorar las circunstancias concretas de cada caso y que exista una “amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública”. El juez se apoya en una nutrida jurisprudencia europea y nacional, con citas a resoluciones del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León, País Vasco, Cantabria o la Audiencia Provincial de Vizcaya, entre otros.

En su resolución, el magistrado explica que “si bien es grave la conducta imputada, no se puede ignorar que estamos ante uno sólo hecho delictivo lejano en el tiempo -hace más de cinco años que cometió el delito-,mientras que con la documental acompañada se acredita que tiene un evidente arraigo laboral en España, que demuestra sus esfuerzos de integración en la sociedad española, por lo que entiende este juzgador que un único hecho delictivo junto con el resto de circunstancias expuestas vulnera el principio de proporcionalidad”.