La Abogacía dinamita el plan de Sanidad para asumir las resonancias

La Conselleria de Sanidad no puede emplear la figura del personal laboral a extinguir para subrogar a los especialistas del servicio de las resonancias magnéticas que, en la actualidad, presta la UTE Erescanner Salud, ni ha justificado la conveniencia para el interés general de que estas tareas pasen a gestión pública. Estas son dos de las principales conclusiones a las que llega la Abogacía de la Generalitat después de analizar el decreto impulsado por el departamento para regular los efectos de la extinción del contrato de radiodiagnóstico vigente en 13 de las 24 áreas de salud de la Comunitat. De esta forma, los servicios jurídicos autonómicos dinamitan el plan impulsado por la anterior consellera Carmen Montón para que las resonancias pasen a gestión pública y dejan al actual equipo de Ana Barceló en una difícil situación.

El informe de la Abogacía, asimismo, argumenta que la Generalitat no puede reconocer unilateralmente la condición de indefinido no fijo al personal de la UTE, otra de las alternativas que se barajaban, puesto que esta facultad corresponde a un Juzgado de lo Social en el caso de que entendiera que hay sucesión de empresas en la prestación del servicio, como no parece que sea este caso. Por último, el Gobierno autonómico tampoco pueden incorporar estos trabajadores como empleados públicos aunque, según lamentan desde la conselleria, el dictamen de los juristas «no realiza propuesta alternativa». De esta forma, el informe de la Abogacía se suma al dictamen del Consell Jurídic Consultiu, que también cuestionó el encaje legal de la subrogación de plantillas bajo la figura del personal laboral a extinguir, y que fue empleada en la reversión de la concesión del hospital de Alzira. El documento de los juristas crea, por tanto, un «nuevo escenario legal» que la conselleria «está estudiando y valorando cómo se va a llevar a cabo», ya que, según subraya, «el proceso de internalización del servicio de resonancias se va a producir igualmente». La propia Barceló indicó ayer que espera «en breve» presentar cómo se va a realizar.

Por otra parte, desde Sanidad apuntan que la forma de disponer de los nuevos profesionales que cubrirán el servicio, cuando pase a manos públicas, será «cubriendo las nuevas plazas por bolsa». El departamento tiene prevista la creación de 219 plazas pero, sin embargo, queda en el aire si la conselleria será capaz de cumplir su promesa de absorber a los, aproximadamente, 160 especialistas que actualmente trabajan para Erescanner Salud, dado que se antoja prácticamente imposible su subrogación. Las fuentes sindicales consultadas por LAS PROVINCIAS indican que Sanidad tendrá muy difícil hacer frente a ese compromiso y, en todo caso, podrá ser parcial y progresivo.

De esta forma, aquí surge uno de los principales problemas del varapalo de la Abogacía: la cascada de recursos judiciales que los empleados actuales que pierdan su puesto de trabajo presentarán, presumiblemente, al entender que sí hay sucesión de empresas -aunque una de ellas sea la Administración- y reclamen que se les mantenga como laborales indefinidos no fijos. Frente a ello, como advierte el presidente autonómico de CSIF, Daniel Matoses, en la sanidad pública actual no existe suficiente personal cualificado en el manejo de esta tecnología, de ahí que sea necesario que la conselleria active cursos de formación para estos profesionales.

Otra cuestión que queda en el aire son los tiempos. Sanidad ya tuvo que pedir a la UTE que prolongara el servicio, puesto que el contrato expiraba el pasado 1 de noviembre y la conselleria todavía no había resuelto de qué forma gestionar el trasvase, de ahí que, al menos hasta el 1 de febrero, Erescanner Salud seguirá al frente de las resonancias. Para justificar esa decisión, Sanidad apuntó que se habían recurrido dos de los cinco lotes en los que se ha dividido el nuevo concurso de resonancias previsto como complemento, una vez el servicio actual pasara a manos públicas. Sin embargo, el retraso en la resolución del primero atrasará también la puesta en marcha del segundo.

De hecho, Sanidad ha abierto la puerta a que la resolución de la situación se prolongue en el tiempo. «Dado que existe un nuevo escenario legal, la conselleria debe adaptarse a los plazos que sean necesarios para que se pueda realizar la internalización de este servicio en el sector público», admiten. También subrayan que se va a «garantizar y mantener el ritmo de la actividad asistencial» y «respetar y garantizar las condiciones laborales de los profesionales».