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Redacción
Domingo, 3 de noviembre 2024, 15:03
El Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía junto al Consejo Valenciano de Procuradores y el Consejo Valenciano de Colegios Oficiales de Graduados Sociales han solicitado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la suspensión de señalamientos, vistas y plazos procesales durante la semana del 4 al 10 de noviembre en la provincia de Valencia.
La razón, a la que se ha sumado el Consejo General de la Abogacía Española, es la persistencia de las consecuencias de la tragedia que ha vivido la provincia de Valencia, «que sigue imposibilitando o dificultando los desplazamientos para centenares de miles de personas, así como las conexiones telemáticas o cuestiones tan básicas como tener luz o garantías de salubridad en los territorios afectados, habiendo todavía miles de profesionales que carecen de la posibilidad de desplazarse, preparar o gestionar los asuntos encomendados», según se especifica en el comunicado del CVCA y los consejos de procuradores y graduados sociales, en representación de los colegios que los componen.
En el comunicado también se expone que esta problemática, además, «se extiende a las partes, los testigos o los peritos que tengan que intervenir en la Administración de Justicia».
Por todo ello, se solicita, según el escrito «que se lleven a cabo los trámites necesarios para que se decrete la suspensión de los señalamientos, vistas y plazos procesales durante la semana del 4 al 10 de noviembre de 2024 en los procedimientos que se tramiten en las sedes judiciales de la provincia de Valencia».
En una carta del presidente de la Abogacía, Salvador González, a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), le ha expresado dicha petición ante la «persistencia» de las consecuencias de la tragedia que ha vivido la provincia de Valencia, que sigue «imposibilitando o dificultando los desplazamientos para centenares de miles de personas, así como las conexiones telemáticas o cuestiones tan básicas como tener luz o garantías de salubridad en los territorios afectados».
González detalla que todavía hay miles de profesionales que carecen de la posibilidad de desplazarse, preparar o gestionar los asuntos encomendados, problemática que se extiende a las partes, los testigos o los peritos que tengan que intervenir ante la Administración de Justicia.
El presidente de la Abogacía también ha solicitado que, para los abogados residentes en las zonas afectadas que tengan procedimientos judiciales abiertos en otros partidos judiciales del territorio español, se puedan articular los mecanismos necesarios para proceder de forma inmediata a la suspensión de vistas, señalamientos, interrupción de plazos, o en su caso se acuerde la demora de los mismos, o se tramiten de forma preferente por medios telemáticos.
Asimismo, el Consejo General de la Abogacía Española ha trasladado su petición al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y a la Fiscalía General del Estado.
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