Una acusación reclama el rastreo de las llamadas de los móviles de Pradas y Argüeso

De ahí la petición de la acusación popular Acció Cultural del País Valencià, una de las más activas en la petición de diligencias, que solicita ahora a la jueza que reclame las llamadas que recibieron y efectuaron los dos únicos investigados en la causa, la exconsellera Salomé Pradas y el secretario autonómico, Emilio Argüeso.

Movistar es la empresa que tiene adjudicado el servicio de telefonía móvil por parte de la Generalitat. Pradas y Argüeso podían tener, de acuerdo a su responsabilidad, un teléfono corporativo. El letrado solicita todas las comunicaciones desde el día 24 hasta el 30 de octubre, aunque las de mayor enjundia serían las horas críticas del día de la tragedia.

Una de las incógnitas planteadas por la instructora es por qué no se envió antes el SMS masivo de alerta a la población. En algún momento, se llegó a especular con que la consellera aguardaba el visto bueno o la llegada al Cecopi del presidente Mazón, circunstancia que no se produjo hasta las 20.29 horas. El mensaje se había enviado a las 20.11 horas.

No es la única indagación solicitada a la titular de Instrucción 3 de Catarroja. La asociación Liberum, otra de las acusaciones populares, quiere averiguar si una supuesta acta que tiene fecha del 1 de noviembre y que recoge el contenido de una reunión del Cecopi es un documento oficial. El informe tenía el sello del Ayuntamiento de Valencia. Reclaman que ese archivo, de tres folios, sea incorporado.