La adjudicación del transporte escolar a la empresa responsable del caos acaba en los tribunales

El contrato del transporte escolar se renovó el pasado verano tras un proceso de licitación que se inició en diciembre de 2022. Compuesto por 18 lotes correspondientes a las tres provincias, es el concurso público más jugoso, en términos económicos, de todos los que impulsa la administración educativa, con un valor estimado de 400 millones de euros.

En la provincia de Valencia, cinco de los seis lotes fueron adjudicados a la Unión Temporal de Empresas UTE Valencia 23, que está formada por entidades de la Comunitat que ya prestaron el servicio durante la vigencia del contrato anterior. El restante, el de la polémica, se lo quedó la UTE liderada por el gallego (Escolar Valencia V5).

La primera agrupación también presentó oferta, pero quedó en segundo lugar. Y es la que ha impulsado un recurso de lo contencioso administrativo al considerar que la licitación no fue correcta. Por ejemplo porque la ganadora, para optar a la adjudicación, incluyó en el listado de vehículos medio centenar de unidades que ya estaban asignadas a líneas regulares de viajeros de Galicia. También se alegarán durante el procedimiento supuestas irregularidades de carácter técnico relacionadas con las inspecciones técnicas de vehículos o con el cambio de unidades previstas por otras una vez adjudicado el lote.

Toda esta información se trasladó tanto a los responsables del Botánico como a los gestores populares, que no consideraron que se tratara de irregularidades, como tampoco lo hizo el Tribunal Central de Recursos Contractuales (TARC), que el pasado verano emitió un fallo respaldando las tesis del grupo gallego y de la mesa de contratación de la conselleria. Por ejemplo, que la asignación de vehículos era compatible, siempre y cuando estuvieran a disposición de los centros a partir de 1 de septiembre, que las ITV fueron acreditadas correctamente o que los cambios de vehículos entraban dentro de las posibilidades que fijaba el pliego de condiciones siempre que fueran de una antigüedad menor. No es una cuestión baladí, pues uno de los criterios para valorar las ofertas es la edad media de la flota propuesta.

En cualquier caso, los demandantes han optado por explotar la vía judicial para que exista una nueva valoración sobre la legalidad de la adjudicación, en este caso del TSJCV, y también para que se estudie si la administración hizo las comprobaciones pertinentes sobre la idoneidad del grupo Monbus para hacerse cargo de las rutas del lote, que presta servicio a medio centenar de centros de Valencia y que se adjudicó por 21 millones de euros. Lo que no es cuestionable es que los problemas han sido constantes, hasta el punto de que la Conselleria de Educación ha iniciado un expediente sancionador tras la enorme afección a los centros, la mayoría de ellos de Educación Especial.

Por otro lado, desde la gerencia de la UTE Valencia 23, la valenciana, se ha remitido una carta al conseller José Antonio Rovira expresando su malestar por las declaraciones vertidas el jueves en À Punt, cuando vinculó el caos en el transporte con un supuesto conflicto entre empresas, llegando a deslizar que desde esta agrupación se había presionado para que la gallega no dispusiera de suficientes conductores. Incluso aseveró que se había incendiado un vehículo de Monbus en Moixent, que aunque no vinculó con la UTE valenciana sí sirvió que sembró dudas. Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría entre los empresarios valencianos, que cabe recordar que están asumiendo el servicio en sus cinco lotes sin incidencias.

«Dichas manifestaciones fueron escuchadas tanto por las empresas del sector -incluidas las mercantiles que están prestando actualmente el servicio de transporte escolar como aquellas que actualmente han quedado sin poder atender el servicio que han venido prestando en los pasados cursos lectivos-, representantes de las distintas AMPAS afectadas por los incidentes, los directores de centros bajo su competencia, así como por familiares de alumnos en la Comunitat Valenciana», dice la misiva, antes de aseverar que en ningún caso la UTE «promoverá actuación alguna que, separada de los cauces procedimentales -administrativos y/o judiciales-, ensombrezca el legítimo derecho a cuestionar un procedimiento administrativo de contratación contrario al interés general y a las bases propias de los pliegos de licitación». Dicho de otra manera, le echan en cara que la comunidad educativa pueda llegar a pensar que sus empresas han jugado sucio, algo que lógicamente niegan categóricamente.

La carta también le recuerda que «el control de los medios adscritos al servicio», en el lote de la polémica, «debió efectuarse con carácter previo al inicio de la prestación (matrículas, tipología de vehículos, autorizaciones administrativas preceptivas o fichas técnicas ajustadas al servicio)», antes de recordar que el grupo gallego «dispone de instrumentos para resolver los conflictos que tenga con el personal contratado», en clara referencia a que la inmensa mayoría del personal a subrogar (de las empresas valencianas que hacían las rutas en años previos y que perdieron las rutas en favor de la nueva adjudicataria) prefirieron no comprometerse con Monbus.