Aerte advertirá a los usuarios del incremento del precio de las residencias tras el nuevo decreto de Igualdad

La patronal de las residencias, Aerte, ha celebrado una asamblea extraordinaria para estudiar el nuevo decreto que prepara la Conselleria que en otros efectos supondrá un incremento del gasto para las familias.

Entre los acuerdos adoptados, la patronal valenciana ha decidido mandar «una comunicación a todas las personas usuarias de centros y servicios de la Comunitat Valenciana con los incrementos de tarifa que le puede suponer y la mejora de la ayuda prevista por la Consellería, para que puedan comprobar el incremento del copago que le supondría la aprobación del nuevo decreto«.

Además, también han acordado «tomar todas las medidas necesarias» para que se tenga en cuenta las observaciones del Consell Juridic Consultiu antes de la aprobación del decreto y se analice la incidencia económica que para las personas usuarias supone la nueva normativa y que Igualdad no ha hecho.

Y es que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) tampoco está de acuerdo con el proyecto estrella de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para la futura regulación de las residencias y otros centros asistenciales, por lo que ha arremetido, sobre todo, por cómo ha desarrollado el departamento el proyecto de decreto, que podría aprobarse vía de urgencia en el pleno del Consell de este viernes. Una nueva regulación que incrementa en más de 500 euros el coste por plaza y que repercute en buena parte en el usuario. Muchas familias se pueden enfrentar al caso de no poder pagar el precio del servicio.

El CJC, según recoge el dictamen emitido al efecto, «estima la necesidad de que la norma fuera acompañada de los informes o memorias que efectuasen un análisis de la situación actual del sector prestador de servicios sociales, y la incidencia económica que para dicho sector y los usuarios supone la norma propuesta. Esta observación es esencial a los efectos del artículo 77.3 del reglamento de este Consell».

Esto implica que, tal y como lo valora el CJC, que el futuro decreto que regulará la tipología de los centros y programas de servicios sociales y su ordenación dentro de la estructura funcional no ha tenido en cuenta los sobrecostes a los que tendrán que hacer frente, por ejemplo, los usuarios de los pisos tutelados para enfermos mentales o los de los centros terapéuticos para el Alzheimer, como ha venido recogiendo LAS PROVINCIAS, o que excluye a unos 8.400 usuarios de residencias.

El nuevo modelo de servicios sociales que está implantando la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no ha sentado nada bien a los profesionales y usuarios de los centros que atienden dolencias de salud mental, malestar que escenificaron el pasado 16 de febrero en una multitudinaria protesta a las puertas de la sede del departamento autonómico en Valencia. En general, los afectados denuncian que se han reducido a una tercera parte las ayudas económicas a personas con problemas de salud mental, mientras que desde el área ahora dirigida por Aitana Mas replican que se «ha producido una reestructuración del sistema, que filtra mejor el dinero hacia la persona usuaria».

Sin embargo, en casos concretos sí se produce un importante perjuicio. En el caso de las viviendas tuteladas, como ya ha recogido LAS PROVINCIAS, la reducción de estas ayudas llega a los 1.600 euros mensuales (de 2.350 a 715 euros, en el mejor de los casos); mientras que ahora son los enfermos de Alzheimer y sus familiares los que alzan la voz, puesto que van a tener que hacer frente a un sobrecoste de hasta 550 euros en centros terapéuticos como el que gestiona la Asociación Alzheimer Valencia, una entidad sin ánimo de lucro.

Por otro lado, la síndica de Ciudadanos (CS) en Les Corts Valencianes, Mamen Peris, ha exigido a la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, la paralización inmediata del decreto de tipologías de residencias ante la prevista aprobación en el pleno del Consell de este viernes 10 de marzo porque «no incluye un informe económico fiable, según la valoración del Consell Jurídic Consultiu (CJC)«.

Peris ha señalado que es «un despropósito» para los centros y residencias porque no ha sido consensuado con el sector y, además, el incremento del coste «puede llegar a 1.050 euros más al mes por plaza». «¿Quién se hará cargo de este aumento de precio, la Administración o el usuario?», se ha preguntado la presidenta de CS en la Comunitat Valenciana. Asimismo, Peris ha denunciado que »el decreto que se pretende aprobar es un obstáculo para futuras inversiones y va a provocar una pérdida de plazas que se suman al déficit que ya tiene la Comunitat Valenciana actualmente».

«Lo que este Botànic debería hacer es poner facilidades y no palos en las ruedas a las inversiones sobre todo en un tema tan sensible como son las personas vulnerables», ha añadido la síndica de CS.

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