Afectados por la Ley de Costas recurrirán en Bruselas el uso de fondos europeos en el nuevo deslinde de El Saler

Fuentes de la asociación de damnificados achacan la decisión de Costas a la «dejadez» en el mantenimiento del litoral por parte del ministerio y recuerdan que ya se modificó la Ley de Costas después de que Bruselas amparase uno de sus recursos en 2013. Sin embargo, en vistas a que no se han cumplido los efectos deseados y a que los deslindes no les parece una medida «ni justa, ni proporcional ni segura desde el punto de vista técnico y jurídico», advierten que acudirán a las instituciones oportunas «para que revisen si el Miteco ha actuado conforme al derecho europeo».

Asimismo, las mismas voces afean que Costas no realice indemnizaciones a los afectados al transformar el derecho a la propiedad en una concesión de 30 años sin la obligación de ser renovada. Desde la asociación ejemplifican esto argumentando que los propietarios «se convierten en okupas en su propia casa, es como una indemnización en especie». «No puede indemnizar con un derecho que ya se tenía», comentan mientras alertan que muchos de los perjudicados son ancianos que adquirieron los terrenos o las viviendas con la legalidad vigente anterior a los deslindes.

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Según explican, el Miteco se escuda en el artículo 8 de la Ley de Costas en el que «no se admitirán más derechos que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la presente Ley, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad» mientras obvia el artículo 33 de la Constitución, que regula el derecho de propiedad, y la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea.

La problemática se remonta a hace más de un siglo atrás cuando la Administración General del Estado vendió el monte de la Devesa y la Albufera al Ayuntamiento en 1911, que formalizó la compra en 1929. En 1964, el Consistorio permitió por ley usos distinto al forestal en los terrenos adquiridos para poder iniciar los trámites urbanísticos. Esto desembocó en el PGOU de 1989 donde ya se recogía la protección de la zona no urbanizable tras la declaración de la Albufera como parque natural.

No obstante, el 21 de diciembre en 2007, el Gobierno sentó un precedente al mover la línea del dominio marítimo-terrestre fijada en 1976 hacia el interior de la costa afectando a algunas viviendas. En el actual proyecto, según la Delegación del Ejecutivo en la Comunitat, «no existe ninguna vivienda, urbanización o restaurante afectado», aunque inmuebles de titularidad pública como el parador de turismo y el Casal d'Esplai sí se verán directamente implicados.

Los mapas del proyecto de deslinde recogidos en el expediente revelado por LAS PROVINCIAS, cuyo periodo de exposición pública y presentación de alegaciones concluye el 28 de este mes, pretende modificar los límites marítimo-terrestres en 5.000 metros desde la gola de Pujol hasta la de El Perellonet, distancia que supone la mitad del monte de El Saler, junto a otros dos intervalos de 205 y 406 metros en el arenal de la Garrofera.