Los afectados por la muerte de ancianos por Covid en la residencia de Alcoy reclaman dos millones de indemnización

El próximo lunes 30 de septiembre arranca en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoi el juicio civil contra la empresa que gestiona la residencia DomusVi, así como la compañía aseguradora de la misma, tras la demanda interpuesta por familiares de los ancianos que murieron por Covid en 2020 y por la que reclaman más de 2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por el fallecimiento de 15 residentes y las lesiones sufridas por otros tres durante la pandemia.

Cabe recordar que, aunque murieron un total de 74 ancianos, no todos los familiares decidieron emprender medidas legales. Sólo medio centenar decidieron seguir adelante con el proceso judicial representando a 18 víctimas.

Y es que el recorrido hasta este 30 de septiembre no ha sido fácil.  La Asociación de Familiares Afectados de las Residencias DomusVi Alcoi-Cocentaina ha tenido que hacer frente a numerosos obstáculos, como el no contar con toda la información por parte de la empresa, ni de Conselleria, para poder armar su defensa e incluso el aplazamiento del juicio el pasado mes de febrero, habiendo transcurrido cuatro año desde los hechos.

De hecho, el mes pasado, los abogados de la asociación volvieron a presentar una queja ante el juez porque la información facilitada por la empresa Quavitae SAU (matriz de DomusVi) era sesgada, incompleta y parcial. Aún así, el juez determinó que el juicio no puede demorarse más y fijó la fecha del juicio que se inicia el lunes.

Un juicio que se desarrollará durante las próximas dos semanas y por las distintas sesiones pasarán una veintena de testigos de ambas partes, así como 13 peritos y que los familiares afrontan con «sentimientos enfrentados», puesto que por una parte tienen ganas de ver el final del proceso que iniciaron hace tres años con la presentación de la demanda. Por otra parte, con dolor, porque van a tener que escuchar hechos y recordar situaciones desagradables, «pero es el precio a pagar por saber la verdad, por saber qué fue lo que desencadenó esta tragedia que supuso que el 53% de los residentes murieran y se contagiaran de Covid más del 90% de los residentes», asegura el portavoz de la Asociación, José Luis García.

García insiste en que en ninguna otra residencia de España se dio esta cifra ante una misma situación de pandemia. «Muchas cosas se tuvieron que hacer mal y ese es nuestro objetivo, saber qué, también para que no vuelva a repetirse».

En la primera sesión del juicio, la del lunes, están citados para declarar seis testigos de la parte demandante, al igual que la del manda. En su mayoría familiares de fallecidos, algunos de ellos no personados en la causa, pero que quieren manifestar su desacuerdo con cómo se gestionó la situación por parte de los responsables.

También serán testigos de los familiares demandantes algunos trabajadores de la residencia y clave será también el testimonio del entonces jefe de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria que acudió en apoyo del personal de la residencia y que ya denunció públicamente que la organización era un auténtico caos, solicitando más ayuda para esta residencia.

Serán unas jornadas muy difíciles para unos familiares que quieren cerrar este capítulo tras obtener respuestas sobre por qué no pudo evitarse al menos gran parte de la tragecia, «porque se hubieran podido salvar muchas vidas». Y todo ello después de cuatro años de desgaste emocional, pero también económico, «ha significado un esfuerzo económico muy importante».

Ambas cosas es lo que ha hecho que en detrás de la demandan no estén todos los familiares de las víctimas. «Muchos no podían realizar ese esfuerzo económico y otros no se sentían con fuerzas de seguir adelante y querían cerrar el asunto. En estos años también se han ido quedando por el camino otros desilusionados por la falta de información, especialmente de las Consellerias de Políticas Inclusivas y de Sanidad, que han puesto todas las trabas para ver si esto quedaba en el olvido y todo ello ha supuesto un desgaste anímico y moral importante», asegura.

El portavoz de la Asociación de Familiares afectados recuerda que un año antes de la pandemia ya habían constituido una plataforma y habían remitido quejas a la dirección, con 146 firmas, denunciando la degradación del servicio que se estaba prestando a sus mayores y las graves carencias que estaban percibiendo. «Ya veíamos cosas que no funcionaban, pero no no esperábamos lo que vino después».

Las sesiones del día 2 y día 3 de octubre serán para las declaraciones de los testigos de la parte demandada, es decir de la empresa Quavitae, así como de un testigo de la aseguradora. Este último día también están citados dos peritos de la parte demandante.

Los siguientes dos días de vistas, el viernes 4 y el lunes 7, será el turno para los peritos de Quavitae y los días 8 y 10 serán los peritos de la aseguradora los que comparezcan ante el juez. Las conclusiones de las partes se leerán el día 11, tras lo que quedará el juicio visto para sentencia.

Aunque la demanda está interpuesta contra la empresa y la aseguradora, en las sesiones también se podría dirimir el grado de responsabilidad de la administración pública, dado que la instalación era dependiente de la Conselleria de Políticas Inclusivas y el centro fue intervenido por el ente público durante los momentos más críticos de la pandemia, por lo que la Generalitat era quien debería velar por el cumplimiento de los protocolos del centro.

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