Los agravios del agua en la Comunitat

Este procedimiento de llevar agua en barco a Barcelona ya se puso en marcha en la sequía de 2008. Entonces el coste fue de 280.000 euros cada viaje gastándose un total de 17,1 millones de euros. Han pasado los años y la historia se repite por lo que la reflexión surge por sí misma: ¿qué hubiera pasado si en estos años se hubiera invertido esa cantidad en obras hídricas.

Frente a la posibilidad de ceder agua a Cataluña, que el Consell y gran parte de la sociedad valenciana respalda por solidaridad, la Comunitat ha sufrido en las últimas décadas una serie de agravios en cuestiones hídricas. En estos momentos hay decenas de obras pendientes por un importe que supera ampliamente los 700 millones de euros, según evaluaciones de la Cámara de Contratistas.

Todo empezó en 2004. Era el 21 de abril de 2005 cuando el Congreso de los Diputados avaló el decreto del Gobierno de Rodríguez Zapatero por el que se derogaba el trasvase del Ebro que habría supuesto una inversión de unos 4.000 millones de euros.

La paralización de esta infraestructura supuso un auténtico golpe para la Comunitat. La previsión era transferir 1.050 hectómetros cúbicos al año del Ebro a las cuencas deficitarias del sureste español: 190 a la catalana; 315 a la del Júcar, 450 a la del Segura y 95 a la andaluza. Al final, todo quedó en nada.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero, a través de su ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, diseñó el Programa Agua con el que pretendía generar la misma agua que se iba a detraer del Ebro. El buque insignia de esta actuación fue la construcción de cinco desalinizadoras en Torrevieja, Mutxamel, Sagunto, Moncófar y Oropesa, con una inversión que ronda los 500 millones.

Han pasado veinte años desde ese momento y algunas obras incluidas en el programa han caído en el olvido. Además, de las cinco desalinizadoras sólo las de Mutxamel y Torrevieja funcionan en estos momentos a buen ritmo, mientras que las otras tres apenas generan recursos.

La derogación del trasvase fue el primer agravio, y quizá el más grave, que ha sufrido la Comunitat en asuntos hídricos. Pero no fue el único porque en los siguientes años se han ido acumulando las afrentas en esta materia. Ha sido otro gobierno socialista el protagonista de uno de estas afrentas a los intereses valencianos. El Ejecutivo, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, se ha encargado de dar un hachazo al trasvase Tajo-Segura.

De esta forma, el Gobierno pretende recortar el trasvase en unos 100 hectómetros cúbicos anuales. El ministerio prepara la reducción a través del Plan Hidrológico del Tajo donde está previsto incrementar los caudales del río que conllevará una disminución del agua a trasvasar.

El recorte supondrá una disminución en la actividad económica de 238 millones de euros (el 0,6% del PIB de la cuenca del Segura). Además, implicará un incremento de los costes de abastecimiento urbano de 16 millones de los que 13,5 corresponden a la demarcación del Segura y 2,5 al resto de demandas. En la misma línea, se calcula una pérdida patrimonial derivada de la modificación de riego a secano estimada en 485 millones.

Los regantes prevén que el recorte provocará la pérdida de 15.000 empleos. Las tres provincias que utilizan el agua del trasvase (Alicante, Murcia y Almería) concentran el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de frutas. Todas ellas aportan 3.000 millones al producto interior bruto. La transferencia, además, permite generar 106.000 empleos.

Además, el Gobierno ha ido recortando la cantidad trasvasada en los últimos meses. De un máximo de 20 hectómetros cúbicos que se podía enviar al sureste español, la cantidad se ha ido reduciendo en cada remesa a lo largo de este año. La Conselleria de Medio Ambiente ha presentado cuatro recursos judiciales contra estos recortes.

El pasado septiembre el Gobierno y los regantes del Vinalopó llegaron a un acuerdo para poner en marcha el trasvase Júcar -Vinalopó tras casi una década con las obras parada y costar 400 millones. El convenio llevará hasta 350 hectómetros cúbicos al Vinalopó en diez años.

Pero la mayor parte de los agravios se concentran en obras hídricas pendientes, algunas de las que estaban ya proyectadas en la década de los años 90 del siglo pasado. La mayor parte corresponden al Estado aunque también hay pendientes actuaciones de la Generalitat valenciana.

Así el Gobierno tiene prevista la construcción de las presas de Montesa (30 millones), Sellent (30) y Vilamarxant (30), pendientes desde hace años. Tampoco se ha ejecutado, según detalla un informe de la Cámara de Contratistas, la alternativa a la presa del Marquesado para regular el cauce bajo del río Magro que corresponde a la Generalitat con un presupuesto de 16,1 millones.

Este informe refleja también la necesidad de que se acometan actuaciones para frenar el riesgo de inundaciones en el cauce bajo del Turia y el área metropolitana de Valencia. El coste estimado asciende a los 80 millones.

A esta cantidad hay que sumar, además, otros 129 millones incluidos en las áreas de riesgo de inundación en la zona del bajo Turia y la Ribera del Júcar. Están pendientes de ejecución.

El informe de la Cámara de Contratistas destaca que la mayor parte de las obras contra inundaciones en la provincia de Castellón siguen pendientes con un presupuesto aproximado de 61,5 millones.

Tampoco se han llevado a cabo la mayoría de las incluidas en el plan director de defensa contra las avenidas en las comarcas alicantinas de la Marina Alta y Baixa, actuaciones con un coste estimado de 81 millones.

Otras actuaciones que se encuentran pendientes son el refuerzo del canal de suministro a las potabilizadoras de El Realón y La Presa, la tubería de alimentación desde Tous hasta El Realón y la balsa de agua bruta de 200.000 metros cúbicos en el punto kilométrico 31 del canal Júcar-Turia hasta El Realón. El importe global de estas actuaciones es de 176, 6 millones.

También sigue pendiente la modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar. A través del convenio de Alarcón, firmado en 2001 entre los regantes y el Gobierno, se establecía que la administración se hacía cargo de estas obras. El plazo de finalización era 2009. Han pasado quince años y todavía no han concluido unas actuaciones que cuando finalicen proporcionarán más de 40 hectómetros cúbicos de agua a la Albufera. Fuentes de la entidad señalan que aún está pendiente de invertir 129 millones de los cuales 57,6 corresponden a la administración autonómica y 71,6 al Estado.

El objetivo de esta actuación era finalizar la instalación del riego por goteo en 20.500 hectáreas que afectan a 21 poblaciones de la Ribera del Júcar con plantaciones de cítricos, aguacates y frutales varios, además de huerta y arrozal

Así, la Generalitat tiene pendientes algunos proyectos de envergadura como ejecutar las redes de transporte de ocho sectores del regadío. Esta actuación, que tiene que ejecutar la Conselleria de Medio Ambiente, está valorada en 25 millones de euros aunque el proyecto todavía no se ha redactado.

La Conselleria de Agricultura también tiene que ejecutar (se encuentra en tramitación ambiental) la red de distribución del sector 35 que asciende a cinco millones de euros además de otras redes de otros sectores con una inversión de 30 millones. Pero la parte del león de las inversiones corresponden al Estado a través de la Confederación del Júcar (6,5 millones de euros), el Ministerio de Agricultura (dos proyectos y más de 15 millones) y la empresa pública Seiasa (40 millones de euros).