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La sangre se seca. Pero las ausencias jamás se olvidan. Queman. Marcan. Tanto como el olvido y la infamia que vienen después. Los tentáculos de ETA se dejaron ver en más de medio centenar de atentados en la Comunitat Valenciana durante su negra historia. Eso en territorio valenciano. La lista es más dolorosa. Fueron 31 vidas segadas por ETA con asesinatos en la región o viles emboscadas a policías, guardias civiles y militares valencianos desplazados en otros puntos de España. 35 niños valencianos a los que la sanguinaria banda dejó huérfanos y preguntándose aún hoy por qué. 20 viudas arrasadas por el dolor, luchando cada amanecer por superar aquel día en que una llamada desde un frío despacho les dijo que él no volvería.
Y hoy sigue la vergüenza. Desde el Estado o desde la inacción de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad. La última herida ha sido la decisión del Gobierno de revisar si se rebaja la pena a los terroristas que ya cumplieron algo en Francia. Afecta a más de 40 etarras en toda España. A nueve relacionados con la Comunitat, como ya publicó en exclusiva LASPROVINCIAS esta semana. Con las manos manchados de sangre cinco de ellos por el asesinato de Silvia (seis años) y Cecilio al dejar un coche bomba junto al cuartel de Santa Pola. No son los únicos agravios con las víctimas valencianas de ETA. Once crímenes con personas de esta tierra siguen sin resolver. Y la vergüenza política ya llegó hace unos años cuando Bildu incluyó en las listas municipales de un pueblo de Vizcaya a Sara Majarenas, la etarra arrestada en una pensión en la acera de enfrente del Ayuntamiento y que planeaba matar a Rita Barberá, un comisario de la Policía Nacional y un teniente coronel del Ejército. Estas son las infamias, para no olvidar.
Siete atentados Entre 2000 y 2007
María Soledad Iparraguirre, Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica Goñi, Óscar Celarain Ortiz, Andoni Otegi Eraso, Ismael Berasategui Escudero, Jon Joseba Troitiño, Íñigo Vallejo Franco y Alaitz Aramendi. Los nueve nombres del escarnio. Los asesinos de ETA a los que podría beneficiar la reforma penal que planea el Gobierno y que reduciría su cumplimiento de pena al tener en cuenta los años ya pasados por los etarras en cárceles francesas al ser detenidos en territorio galo.
No es baladí lo lo que esto significa para el dolor que ETA ha sembrado en la Comunitat. Cinco de ellos o bien están procesados o bien cumplen condena por el sanguinario atentado de Santa Pola. Fue en 2022 y un coche bomba acababa con el presente y el futuro de Silvia Martínez. Tenía sólo seis años. Lo mismo con Cecilio, que ajeno al suplicio que se gestaba a unos metros de él esperaba sin más un autobús en la parada. Óscar Celarain y Andoni Otegui cumplen condena como autores materiales de la masacre. Ellos dejaron el vehículo pegado a la valla del cuartel buscando hacer el máximo daño. Silvia era hija de un guardia civil. El atentado fue la respuesta de la banda asesina al proceso de ilegalización de Batasuna iniciado por el Gobierno. Dos décadas después, otro Ejecutivo acerca el fin de las penas de estos dos terroristas y de los tres exjefes de ETA (María Soledad Iparraguirre, Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica) procesados por el vil atentado.
Detrás del premio de rebaja que acerca la decisión del Gobierno de Sánchez hay otros terroristas implicados en sembrar el terror en la Comunitat. Los otros cuatro etarras nombrados en la lista inicial intentaron sembrar la destrucción en una cumbre de jefes de Estado de Sevilla tras alojarse en hostales de Cullera y Valencia. Dejaron un coche bomba lleno hasta arriba de explosivos para arrasar un hotel en Gandia. Sólo la pericia de los artificieros de la Policía Nacional impidió el desastre. Sí lograron su objetivo al dejar bombas junto a hoteles de Alicante y Benidorm. Ahí dejaron 13 heridos. Entre sus sueños estaba volar el ferry Valencia-Ibiza con una furgoneta repleta de bombas. Sólo la suerte hizo que se estropeara el vehículo y no llegara a buen termino el atentado. Todos ellos están ahora en la antesala de ver reducida su condena si fructifica el plan del Gobierno que la oposición no supo parar en Congreso ni en Senado. Craso favor a la memoria de las víctimas valencianas.
Fuera de la Comunitat 1980-1995
José Gómez Trillo, guardia civil de origen valenciano asesinado en 1980 en Vizcaya. José Antonio Merenciano, inspector jefe de la Policía Nacional, recién casado, y acribilllado a tiros por un comando etarra ese mismo año en Durango. Jesús Ordóñez, policía nacional de Jaen criado en Valencia. Almorzaba en 1982 con otros compañeros en un bar de Rentería. Al volver a casa moría bajo una lluvia de balas de ETA. Emilio Juan Casanova hacía dos horas que había ido al funeral de otro policía en San Sebastián en 1983. Un coche bomba cargado de tornillos y tuercas. le segó la vida en el camino de vuelta a casa. José Verdú era de Alicante y estaba destinado en Vizcaya. Murió de un tiro en la nuca en 1984. José Antonio Ferri, de Ibi, era guardia civil de Tráfico en Navarra. Hasta que 25 kilos de amonal y 20 de metralla se cruzaron en su camino.
Son todos los nombres propios de personas ligadas a la Comunitat Valenciana, que fueron víctimas de ETA y cuyos crímenes siguen sin esclarecerse. O bien la investigación de las Fuerzas de Seguridad no ha llegado a buen puerto o bien el proceso judicial ha terminado sin que se dictamine ninguna culpabilidad sobre implicados en los hechos.
La situación la ha denunciado en reiteradas ocasiones el Colectivo de Víctimas del Terrorismo. Según un informe de Covite, el 86% de los casos de asesinato llevados a cabo por ETA «están sin resolver completamente». El documento analiza la situación judicial en la que se encuentran los más de 800 asesinatos perpetrados por la banda terrorista y concluye «que únicamente 76 de las más de 800 víctimas que ha dejado ETA tienen a todos los responsables juzgados y condenados».
Mutxamel y Valencia 1992 y 1995
Pero las mayores heridas que aún sangran en la memoria de los demasiado tiempo castigados por la barbarie de la banda asesina están dentro de las fronteras de nuestra Comunitat. La mayor matanza cometida por los etarras y el asesinato de uno de los principales símbolos en la lucha contra el grupo terrorista, el atentado contra la casa cuartel de Mutxamel y el crimen con un tiro en la nuca del profesor Manuel Broseta, son dos atentados sin esclarecer.
El mayor atentado cometido por ETA en la Comunitat sigue sin cerrarse. Una sentencia pesa sobre Idoia López Riaño, La Tigresa, como cooperadora necesaria en el asesinato, así como otro etarra, «pero no hay condena para los autores materiales», lamentan desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
En Mutxamel murieron los policías locales José Luis Jiménez Vargas, de 28 años, y Víctor Manuel Puertas Vieras, de 25, así como el conductor de la grúa municipal Francisco Cebrián Cabeza de 40 años.
La tragedia se gestó cuando un Ford Fiesta se empotró contra una pared de una sucursal del Banco de Valencia, frente a la casa cuartel. Los conductores huyeron. El coche fue activado luego por los etarras en la base de la grúa, tras ser remolcado hasta allí. Hubo además de los tres muertos un total de 30 heridos. Entre ellos un bebé.
«A mí no me cabe duda de que ellos lo ejecutaron. Otra cuestión es si los elementos probatorios eran suficientemente contundentes». La frase la pronunció Pablo Broseta, uno de los tres hijos del profesor, dos años después de que en 2015 Juan Jesús Narváez Goñi e Itziar Alberdi Uranga (condenados por otros crímenes, como la muerte de dos tedax por un paquete bomba) quedaron absueltos de apretar el gatillo de la infame pistola que acabó con vida de un tiro en la nuca del catedrático de Derecho Mercantil Manuel Broseta en los jardines de Blasco Ibáñez el 15 de enero de 1992. Sin autores materiales señalados, quedan los 30 años de cárcel que recibieron Francisco Mújica Garmendia, José Luis Álvarez Santacristina y José Luis Urrusolo Sistiaga como inductores del asesinato.
Idéntica suerte para la muerte de Josefina Corresa. Murió también en 1995 al estallar una bomba en El Corte Inglés de Valencia. Sin culpables de aquella muerte.
Valencia 2005
La falta de escrúpulos de ETA y del entorno abertzale no tiene límites. La gran mayoría de los etarras no se han arrepentido de sus atentados tras la disolución de la banda asesina. Prácticamente ninguno de los terroristas ha pedido perdón a las víctimas. Siempre todo enmarcado de la mentira construida de la 'lucha armada' con España. Y desde Bildu, antes Batasuna, tampoco se ha evitado nunca una más que cómplice relación con aquellos que tienen las manos manchadas de sangre.
El último ejemplo de la desvergüenza se dio en 2023. Tal y como adelantó LASPROVINCIAS, Sara Majarenas, una etarra condenada a 13 años de prisión por asociación ilícita, falsificación de documentos públicos oficiales y tenencia de armas sin licencia apareció en las listas para las elecciones municipales de Bildu para Astigarraga (Guipúzcoa). Todo ello 18 años después de ser detenida en una pensión de la calle la Sangre de la ciudad. En la acera de enfrente del mismísimo Ayuntamiento.
Sus intenciones, acabar con la vida de la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. No sólo eso. Entre sus objetivos estaban un comisarío de la Policía Nacional y un teniente coronel de la escala médica del Ejército.
«Ninguna democracia digna, ningún Estado de Derecho consciente del significado de sus víctimas del terrorismo, permitiría que las puertas giratorias de los terroristas fuesen la política», denunció entonces Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite.
Majarenas cayó junto a Mikel Orbegozo, otro miembro del 'comando Levante' y compañero sentimental de la terrorista. Que ambos estaban más que listos para sembrar la muerte quedó demostrado: la Policía Nacional les intervino una bomba lapa lista para ser activada.
El engranaje de la democracia sí funcionó en esta ocasión. Días después de las información publicada por LASPROVINCIAS, la Junta Electoral excluyó a la etarra de las listas electorales. Está inhabilitada para ello hasta 2028. El escarnio pasó en este caso, pero las 21 afrentas contra las víctimas valencianas de ETA duelen tanto como los propios atentados.
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