«Más allá de la agresión, te afecta la secuela emocional que deja»

El sindicato Anpe ha presentado esta mañana los datos registrados por el Defensor del Profesor en la Comunitat Valenciana, un servicio destinado a docentes que han sufrido algún tipo de incidente durante su trabajo en el que se les presta asistencia psicológica y legal. La casuística más repetida tiene que ver con el acoso y las amenazas por parte de padres de alumnos (14'58% de los casos), seguida de la mala utilización de las nuevas tecnologías como herramienta de hostigamiento hacia el docente (12'5%). Las tipologías son acumulativas, por lo que una misma incidencia puede estar encuadrada en varias, como sucede en las descritas. Las agresiones físicas de padres o de alumnos suponen algo más del 2% en ambos casos.

En la presentación ha participado Alberto Galarza, el maestro de Educación Física que a finales de septiembre sufrió una agresión en el Ceip La Pinaeta de Puerto de Sagunto por parte del padre de una alumna, que le propinó un cabezazo y le amenazó de muerte, tanto a él como al director del centro, porque iban a sancionar a la niña por mal comportamiento. En la actualidad continúa de baja por ansiedad, y no se siente con fuerzas para retomar su actividad en el centro. De hecho ha explicado que quiere cambiar de destino «como una manera de poder volver a la normalidad», siguiendo el camino que ya han tomado otros docentes de la misma escuela tras sufrir agresiones previamente.

«Más allá de la agresión física y verbal, te afecta la secuela emocional que deja. Siento inseguridad y ansiedad de pensar en volver a enfrentarme al aula», explica, de ahí que se plantee un traslado. Para ello deberá esperar al próximo concurso, el procedimiento habitual para la movilidad de los docentes, o a una comisión de servicios, que son temporales y se autorizan por casos excepcionales, como la enfermedad de un familiar. Para el presidente del sindicato en la Comunitat, Laureano Bárcena, la administración debería facilitar el uso de esta herramienta para casos de agresiones, además de crear la figura del mediador social en los centros que contribuya a solucionar problemas de convivencia.

A Alberto, tanto la pareja como los padres del agresor le han hecho llegar las disculpas del mismo. «Me han pedido perdón y lo acepto, me han comentado que está arrepentido, pero en mi caso no me sirve para perder esa inseguridad que se sufre para retomar tu trabajo», señala. También ha explicado que desde la Conselleria de Educación se pusieron en contacto con él para ofrecerle asistencia jurídica, como establece la Ley de Autoridad del Profesorado, pero a día de hoy no ha vuelto a tener noticias de la administración.

A su juicio, una buena iniciativa para tratar de reducir al máximo el riesgo de que se produzcan problemas de convivencia sería «una actuación coordinada a nivel de barrio tanto de la conselleria como de la administración local que ofrezca actividades que pongan en valor el trabajo de los docentes, sobre todo para aquellos padres que no lo ven. En la Pinaeta son muchos los padres que sí lo aprecian», ha sentenciado.

Respecto a los datos, referidos al curso 2017-2018, Bárcena ha señalado que se ha producido un descenso significativo en las comunicaciones que llegan al Defensor del Profesor, pues se pasa de 107 en el 2016-2017 a 51. Eso sí, ha alertado de que la casuística es más grave. Las asesora jurídica, Jennifer Decornoy, ha argumentado que se debe a que hace años el hostigamiento contra los docentes generaba una alarma suficiente para impulsar las denuncias, y en cambio ahora se ha implantado cierto ambiente de normalidad, de asimilación del hecho. Los casos más graves que ha llevado en los últimos meses, además del de Alberto, han sido la agresión de un alumno a tres profesores, el empujón de otro estudiante a un profesional que cayó por unas escaleras y una agresión en un ojo.

Además, ha alertado de que cada vez se registran más situaciones de hostigamiento de padres a través de escritos formales presentados en los centros que derivan en un expediente al docente. Se ha referido, por ejemplo, a una profesional expedientada tras las quejas de varios padres que alertaban de que a sus hijos se les hacía buscar palabras en el diccionario que no estaban en la programación didáctica, o que en un cumpleaños tenían menos porción de tarta.

Vicent Octavio, el profesor que atiende las llamadas del servicio, ha insistido en este sentido en la importancia de que las familias empaticen con la labor del profesorado, y en caso de discrepancia, tratar de resolverlas directamente, «hablando primero con el maestro, con el especialista o con el director en lugar de acudir directamente a la inspección»

Tanto Vicent Octavio como Laureano Bárcena han pedido una revisión de las normativas y protocolos relacionados con la convivencia que eviten el «desamparo» del profesor y ayuden a actuar con más diligencia en caso de agresión u hostigamiento. Decornoy ha señalado, por ejemplo, que podría servir que los centros tuvieran la potestad de reservarse el derecho de admisión ante padres que han protagonizado algún conflicto, por ejemplo en las reuniones con docentes o en actividades extraescolares.

Por último, Anpe ha impulsado una campaña para fomentar el buen uso de las nuevas tecnologías en relación a los docentes, como los grupos de WhatsApp por parte de las familias, evitando que sirvan para cuestionar o incluso vejar a los profesionales.