29 agresiones a funcionarios en dos años en la cárcel de Picassent

Las agresiones a funcionarios de prisiones han batido cifras récord. Según las estadísticas oficiales, en los dos últimos años se han superado las 1.000 agresiones en los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En la cárcel de Picassent se han producido un total de 29.

Es por ello que desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP-UGT) instan a la administración a implementar un protocolo de prevención acorde con la realidad que se vive dentro de las prisiones. Denuncian que se está maquillando las estadísticas al no contabilizar situaciones violentas como amenazas, acoso sexual o intentos de agresión repelidos por los trabajadores.

Para ACAIP-UGT estas cifras son «insoportables» y lo achacan a la ausencia de mecanismos de protección eficaces que ha permitido el incremento de estos incidentes, dejando a los trabajadores en una posición de indefensión. «Tenemos demasiados ejemplos recientes que demuestran la gravedad del problema: ataques con objetos cortopunzantes, ataques con lesiones múltiples, amenazas graves. Todas ellas, sin que las sanciones impuestas a los agresores, cuando se llegan a cumplir, sean disuasorias», señalan.

Es por ello que instan a que los trabajadores penitenciarios sean considerados agentes de la autoridad. «Es necesario un marco legal que evite decisiones judiciales dispares cuando se produce una agresión a un trabajador penitenciario».

Y es que la preocupación por la escalada de agresiones se incrementa entre los funcionarios. Piden que se tomen medidas porque la conflictividad, aseguran desde el sindicato, se debe a muchos factores, como una clasificación interior «ineficiente» debida, aseguran, «a una la política buenista de la administración en la que se prima el mal comportamiento, con internos inadaptados en un régimen de vida ordinario que distorsiona la convivencia y dificulta el trabajo de reinserción con el resto de la población reclusa».

También apuntan que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias obvia que hay un porcentaje de presos especialmente conflictivos con los que deberían tener un tratamiento individualizado acorde a sus características y suman el problema de la atención sanitaria, con una plantilla médica que aseguran es insuficiente. En el caso de la prisión de Picassent, según los últimos datos oficiales, hay sólo 5 médicos titulares de los 21 que serían necesarios para dispensar una atención con garantías.

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