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Un voluntario reparte botellas de agua en Paiporta. Irene Marsilla

Sin agua doce días después de la DANA en Valencia

Pelea política también en esto. Gobierno y Consell se enzarzan en si se debe hervir el agua en 60 pueblos afectados. Doce no tienen servicio

Lunes, 11 de noviembre 2024, 01:57

Ni en si el agua es potable o no se ponen de acuerdo Generalitat y Gobierno. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica explicaron ayer que ... en 60 pueblos afectados por la DANA lo mejor es hervir el agua antes de consumirla, pero luego el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, dijo que esa recomendación no existía y que lo mejor era beber agua embotellada, recomendación a la que se unió, sorprendentemente, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valencia.

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Lo grave es que 12 pueblos siguen sin servicio de agua, en 5 no es potable y en otros 60 sí lo es pero mejor si la hierven antes de consumirla. Sí es válida para limpiar o lavarse, tal como explicaron este domingo tanto Mazón como Bernabé. Tras la reunión del CECOPI de este domingo, Mazón compareció para insistir en esta recomendación y subrayar que se beba y use para cocinar «el agua embotellada, gratuita, que además hay de sobra, nos hemos encargado que haya de sobra».

En cualquier caso, como «hay realidades distintas en función del municipio», instó a dirigirse al ayuntamiento correspondiente para recibir las instrucciones más adecuadas. «Insisto, agua embotellada para beber y cocinar hay de sobra, hay suficiente material atesorado como para que haya de sobra en los puntos de distribución, y el agua corriente es apta, en principio, para el aseo personal», ha resumido.

La barrancada de finales de octubre fue tan devastadora que 600.000 personas quedaron afectadas por la pérdida de agua potable. La reparación de las redes de abastecimiento, depuradoras y alcantarillas costará unos 331 millones de euros. Además, el Ministerio busca a marchas forzadas, de mano de la Diputación y la Generalitat, ubicación para los cerca de 5 millones de metros cúbicos de fango que se están retirando de las calles. Se estudian tres canteras o minas abandonadas en Picassent, Monserrat, Chiva, Cheste o Godelleta.

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Según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, que ha capitaneado las reuniones técnicas junto a la EPSAR, la Diputación, Global Omnium y un pequeño grupo de operadores municipales, así como la Confederación Hidrográfica del Júcar., quedan sin agua unas 7.000 personas. Los principales problemas ya no son en las redes de abastecimiento sino que en los propios edificios. Se calcula que en unos 10 días este restablecido el servicio de agua potable.

Según la Diputación, hay graves problemas de alcantarillado en 34 municipios en los colectores de menor diámetro, que están colmatados, y roturas en los grandes. En los sistemas de depuración, hay 122 depuradoras afectadas. En algunos casos se ha tenido que variar el punto de vertido de las depuradoras que no estaban en condiciones de garantizar su calidad para que no llegaran a la Albufera.

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Además, se ha creado un equipo de emergencias del CSIC con el apoyo del Instituto Geológico y Minero que estudia zonas para el depósito de los lodos retirados de las alcantarillas y de las calles. Porque sí, todo lo que se haya tirado a las alcantarillas habrá que retirarlo, si es posible. Donde no se pueda, habrá que cambiar el sistema de alcantarillado. De ahí que el gasto total de la DANA para las cloacas, las depuradoras y los sistemas de abastecimiento llegue a 331 millones de euros.

Se ha elaborado un plan que recoge las reparaciones necesarias en las infraestructuras, diagnóstico de aguas de consumo, situación de aguas fluyentes por los cauces, adaptación de elementos hidráulicos a riesgo de inundación y necesidad de incrementar los recursos humanos por arte de la Administración General del Estado. El ministerio ha advertido de que se van a superar los niveles marco que señala Europa. Va a haber un periodo de tiempo durante el cual no se van a poder respetar los límites de la calidad de las aguas vertidas que aparecen marcados en la directiva marco. Se estudia ya una exención del canon de control de vertidos.

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Por otra parte, el ministerio y la conselleria incrementarán los puntos de muestreo, especialmente en las zonas de captación para suministro y zonas protegidas para comprobar la calidad de las aguas. En este sentido, en 60 municipios se están realizando analíticas para ver si puede haber un problema de salud, de ahí que se haya recomendado en estos pueblos hervir el agua antes de consumirla. Pese a las peticiones repetidas de este diario, ni el Ministerio de Transición Ecológica ni Sanidad han facilitado un listado de estos pueblos.

Como consecuencia de los trabajos de limpieza, se ha producido un incremento del consumo de agua. Se ha disparado. En estos momentos hay una demanda que probablemente cuadruplique el volumen de agua que normalmente demandan estas poblaciones. Es por eso que en Valencia capital, en algunos momentos determinados, la presión ha bajado, sobre todo en los pisos altos. Además, a las depuradoras no llega el agua suficiente, según el Ministerio, porque los sistemas de alcantarillado están colapsados.

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Esta catástrofe, en la que quedaron dañadas 122 depuradoras de las que sólo 13 siguen sin funcionar (el resto están de forma parcial o con daños), obligará a un gasto extraordinario. Según la Diputación de Valencia, la estimación de la inversión para reconstruir las infraestructuras asciende a unos 105 millones de euros. De los 78 municipios afectados, se considera que un gran porcentaje de ellos requerirán inversiones para reparar la red de alcantarillado. No tienen un diagnóstico de detalle pero sí algunos: tres colectores principales afectados, dos en Villamarxant, uno en dos kilómetros de la EPSAR, y otro en Ribarroja. En el resto de poblaciones, se constata problemas de colmatación de colectores de pequeño diámetro que no pueden limpiarse debido al tamaño porque no hay maquinaria adaptada. La Diputación traslada una estimación de daños que asciende a 134 millones de euros. Según la EPSAR, las reformas en las depuradoras, de las que habrá que construir varias desde cero, se estiman unos 92 millones de euros.

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