Aitana Mas afea al Síndic que admita quejas de la patronal de las residencias

Si primero fue Mònica Oltra ahora es Aitana Mas. La actual vicepresidenta y consellera de Igualdad, al igual que hizo su antecesora en el cargo, ha arremetido contra el Síndic de Greuges por aceptar las quejas de Aerte y ha asegurado que no atenderá las solicitudes de la Sindicatura.

Los hechos, recogidos por Europa Press, se refieren a la investigación abierta por el Síndic a instancias por la patronal Aerte sobre los pisos tutelados y residencias en la Comunitat Valenciana. Las quejas hacían referencia al «bloqueo» producido en el sistema de atención a salud mental y dependencia por la entrada en vigor, el mes de agosto pasado, del Decreto 102/2022, que han llevado a la entidad a concentrarse este mismo martes frente a la Conselleria.

Así consta en un escrito del pasado 10 de marzo dirigido a la Sindicatura de Greuges, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el departamento dirigido por Aitana Mas contesta a las resoluciones de inicio de investigación del Síndic en relación a dos quejas presentadas por el «lobby» Aerte, tal y como se refiere a la patronal en el texto.

El Síndic apuntaba que «del análisis de los hechos descritos y la normativa aplicable se deduce que la actuación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas podría afectar a los derechos reconocidos a las personas en situación de dependencia», lo que le facultaba a inervenir, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la propia ley del Síndic.

Sin embargo, la conselleria señala desconocer cuáles son las «perjudiciales consecuencias» a las que se refiere el defensor del pueblo valenciano ni cuál ha sido el «análisis de los hechos descritos y la normativa aplicable que llevan a la deducción expresa de una posible afección -entendemos que negativa para las personas usuarias de la cartera de prestaciones de servicios sociales básicos- de los derechos reconocidos» en materia de dependencia y que son suficientes para abrir la investigación.

Asimismo, afirma desconocer «qué persona o personas usuarias de estos centros han visto vulnerados sus derechos o perjudicadas en sus prestaciones, ya que no se aporta ningún dato concreto que avale tales aseveraciones sino que más bien parece una 'queja en potencia', dando por hechas consecuencias negativas que, no solo no se han producido en el presente sino que resulta temerario aventurar que se producirán en el futuro, presentadas por un lobby empresarial que se arroga hablar en nombre de personas a las cuales no representa».

Igualdad apunta en su escrito que da por hecho que cuando se presenta una queja por parte de persona o entidad supuestamente afectada por cualquier norma con rango legal aprobada por el Consell, «la Sindicatura comprueba, en primer lugar, si dicha queja debe ser admitida a trámite de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana».

Al respecto, el departamento de Mas, que subraya que la Sindicatura actúa «de manera reiterada» por informaciones aparecidas en prensa, recalca que Aerte recurrió el Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, un recurso que fue estimado por el TSJCV pero cuyo fallo anuló el Tribunal Supremo, que confirmó la normativa.

Igualmente, añade que Aerte recurrió ante el TSJCV el Decreto 102/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se modifica el Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, con petición de medidas cautelarísimas y suspensión parcial de la ejecutividad de la norma impuganada, que son coincidentes con el objeto de la queja que la Sindicatura de Greuges ha aceptado a trámite.

La conselleria hace hincapié en el hecho de que Aerte haya omitido el dato de la presentación del recurso en la queja cuando es una información «fundamental y relevante», pero considera que es «más sorprendente todavía» que el Síndic no haga referencia a ello, cuando afirma que «ha efectuado un análisis de los hechos descritos y la normativa aplicable» y este recurso es «público y notorio» al haber sido publicado en prensa y redes sociales.

Por tanto, dado que la información solicitada en sus dos escritos de resolución de inicio de investigación «corresponden directamente a preceptos y asuntos contenidos en la normativa recurrida judicialmente por el lobby Aerte», la conselleria entiende que «para no vulnerar su propia ley y en salvaguarda del principio de legalidad, la Sindicatura de Greuges no debería haber admitido tales quejas y en consecuencia, no corresponde atender sus solicitudes de información para no incurrir en un incumplimiento de la normativa que regula tan alta institución estatutaria».

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