El ajuste de las carreras universitarias sigue en el aire año y medio después

El mapa de titulaciones universitarias que anunció la Conselleria de Educación todavía sigue pendiente más de año y medio después de anunciarse. Tal y como confirmaron a LAS PROVINCIAS el conseller Vicent Marzà y el secretario autonómico Miguel Soler esta misma semana, la medida todavía no se ha negociado con las universidades públicas y privadas pese a que la administración sí que dispone de un esbozo de por dónde pueden ir los tiros. Es decir, tiene una propuesta pensada. El principal objetivo es reordenar la oferta académica para evitar sobreoferta en determinados estudios, y según señalaron, fijar criterios a la hora de implantar nuevas carreras, que al fin y al cabo es donde más margen de maniobra puede tener la administración autonómica, competente para su autorización.

«Cualquier decisión tiene que estar consensuada con las universidades», dijo el conseller, que confía en alcanzar un acuerdo global. No será tarea sencilla si se quiere conseguir una reducción de la oferta en ámbitos muy demandados que han derivado en duplicidades y repeticiones. Es lo que sucede con los grados de maestro de Infantil y Primaria y con el máster de Secundaria, pues los estudios que habilitan para ser docente están presentes en todas las universidades valencianas con la única excepción de la Politècnica.

También pasa en las Ciencias de la Salud, con el ejemplo claro de Medicina, que va camino de ganar una nueva facultad en la Comunitat pese a la oposición de gran parte del sector profesional, sin olvidar estudios como Veterinaria (aunque no hay oferta pública), Enfermería, Oftalmología o determinadas ingenierías, donde son los colegios y asociaciones profesionales las que alertan del riesgo de saturar el mercado.

El mapa de titulaciones se anunció en abril de 2016 con la idea de evitar la «sobreoferta» y garantizar «una formación de calidad» y unas «expectativas favorables de inserción laboral», tal y como dijo entonces la directora general de Universidad, Josefina Bueno, tras mantener un encuentro con los vicerrectores de Estudios y Ordenación de las universidades públicas.

Además de anunciar reuniones con diferentes sectores profesionales afectados por el exceso de oferta, se citó concretamente el caso de Magisterio, alegando que anualmente se graduaban en la Comunitat 3.100 alumnos. Aunque el dato no coincide exactamente con el que da el ministerio en relación a la formación inicial del profesorado -en el curso 2016-2017 lo situó en 2.658-, es lo suficientemente ilustrativo, pues equivale casi al 10% de los puestos docentes de la red de enseñanza pública (algo más de 39.000) y a las plazas de oposiciones que se ofrecerán en julio (3.000), que son las más generosas en décadas.

Sin embargo, los grados de Maestro de Infantil y Primaria se sitúan entre los más demandados año tras año, lo que garantiza una amplia oferta de nuevo ingreso. En este sentido el camino de las universidades no cuadra, precisamente, con las intenciones de la conselleria. De cara al próximo curso la Universidad de Alicante quiere implantar una unidad docente en Alcoy para ofertar 50 plazas de Infantil, pues son muchos los alumnos de l'Alcoià que se desplazan a Alicante para cursarlo.

Algo parecido sucede con Medicina, la reina de las preinscripciones universitarias con mucha diferencia. Ofertada en la Universitat de València, la Jaume I, la Miguel Hernández de Elche, la CEU Cardenal Hererra y la Católica, está en tramitación su puesta en marcha en Alicante pese a que los decanos de las facultades españolas y los estudiantes lo desaprueban. En este caso, siempre hay más aspirantes al MIR -alrededor de un millar- que plazas disponibles en centros sanitarios valencianos (unas 600). A nivel estatal -en esta prueba de acceso funciona el distrito único, se puede optar a cualquier plaza española- este año se examinaron 13.000 para algo más de 6.000 puestos. El éxodo al extranjero y el riesgo de aumentar el paro médico son argumentos de los que defienden la necesidad de reducir las plazas de nuevo ingreso.

Tanto Marzà como Soler confían en la negociación con los centros de cara al futuro mapa, conscientes de que son pocas las herramientas administrativas para reducir la oferta que ya está consolidada. Al fin y al cabo, si una universidad no quiere no tiene que minorar las plazas reconocidas en el Registro de Títulos Universitarios que depende del Ministerio de Educación, aunque es verdad que cada cierto tiempo deben pasar una evaluación externa de sus grados para mantenerlos.

De aquí podría desprenderse una vía impositiva, aunque si cumplen los requisitos planteados, que son objetivos, sería difícil justificar un ajuste. El pasado curso, de hecho, se informó a varias universidades privadas de la intención de reducir algunas plazas en determinados estudios, lo que generó gran malestar en los centros. Finalmente todos han mantenido la oferta, salvo petición expresa para desactivar titulaciones poco demandadas.

Sí hay margen de actuación en la implantación de nuevos grados, pues la autorización depende de la conselleria. De hecho el actual mapa de titulaciones, el acuerdo con las públicas rubricado por el Consell popular, se centra en este aspecto pese a que se intentó sin éxito recortar carreras repetidas. En teoría, en la actualidad debe respetarse un criterio territorial (no se autorizan estudios si ya existen en la misma provincia) y debe acreditarse una demanda mínima de 50 alumnos. En la práctica, en cambio, se pueden sortear las limitaciones a criterio de la administración, por ejemplo si hay perspectivas de empleabilidad.

En los últimos años las universidades no han tensado mucho la cuerda con las nuevas titulaciones, pues se han centrado en disciplinas nuevas (el mejor ejemplo es el ámbito de la gastronomía) o dobles grados que combinan estudios ya existentes. Y lo mismo sucede con las previsiones de futuro. Más allá de los ejemplos citados, en Valencia la Politècnica y la Universitat preparan el grado en Ciencia de Datos, más avanzado en la primera. Habrá que determinar si se incumple el criterio de territorialidad del acuerdo actual o hay espacio para la excepción.