Alargar concesiones o facilitar la compra de Manises, en la negociación de Dénia

El adelanto de la reversión a la gestión pública del departamento de salud de Dénia, en la actualidad dirigido por Marina Salud, no parece que se vaya a solventar con una simple compra de acciones a las empresas concesionarias, que aspiran a una serie de contraprestaciones para facilitar que el Gobierno autonómico liderado por Ximo Puig pueda cumplir su compromiso de que este área de salud pase a manos del Consell antes de las próximas elecciones autonómicas. Prolongar otras de sus concesiones, no poner trabas a una hipotética compra del hospital de Manises -siempre y cuando Sanitas, actual gestora, decidiera vender- o permitir la entrada de las compañías en otros servicios concertados como la diálisis o el transporte sanitario son aspectos que se antojan clave para que el acuerdo prospere.

Y se trata de una información de sobra conocida por la Conselleria de Sanidad. De hecho, en una reunión que mantuvieron el pasado 2 de agosto de 2016 la anterior consellera de Sanidad, Carmen Montón, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, y directivos de la concesionaria, ya se puso encima de la mesa la necesidad de que existan contraprestaciones para que las negociaciones lleguen a buen puerto. Sin embargo, dos años y medio después, las concesionarias todavía no tienen una oferta, ni siquiera un principio de acuerdo, encima de la mesa.

Desde DKV, con una participación del 65% en Marina Salud, siempre han trasladado su intención de seguir al frente del departamento, aunque aseguran que «si no nos quieren, hacen una propuesta firme y es adecuada, la aceptaremos». Ribera Salud, con el 35% restante, no lo tiene tan claro. La empresa no quiere negociar la concesión de Dénia como un producto aislado, por lo que si acceden a vender su parte sería incluyendo en el trato aspectos como alargar las prórrogas en otras concesiones en vigor, como Elche o Torrevieja, renegociarlos con otras condiciones o que la Administración autonómica no obstaculizara con burocracia ni vetara la compra de otras concesiones (por ejemplo, el hospital de Manises si Sanitas quisiera vender, aunque ya ha trasladado que no tiene intención). La compañía, incluso, podría llegar a renunciar al montante económico que le correspondería al vender sus acciones si recibe alguna de estas contraprestaciones.

Sin embargo, y pese a que el Gobierno de la Generalitat conoce sobradamente las posturas de cada compañía, todavía no ha puesto sobre la mesa una propuesta, ni mucho menos una oferta en firme, al menos hasta ayer. Es cierto que los responsables del Ejecutivo autonómico están manteniendo reuniones con directivos de DKV -socio mayoritario de Marina Salud que, además, se muestra más dispuesto a vender-, por lo que entienden más probable que se pueda llegar a un acuerdo próximamente y adquirir las acciones de esta compañía, lo que podría derivar en una novedosa fórmula: que la concesión se mantuviera pero que el socio principal fuese la Administración pública, una posibilidad que, incluso, fue planteada a los trabajadores del departamento de salud.

Frente a ello, llegar a un acuerdo con Ribera Salud para que, finalmente, el departamento presente una gestión cien por cien público requeriría, cuanto menos, un replanteamiento del modelo concesional, algo sobre lo que el Gobierno del Botànic, especialmente Compromís con el apoyo de Podemos, no quiere ni oír hablar, sobre todo si se trata para facilitar la gestión indirecta del ámbito sanitario.