La presión de los vecinos afectados por la dana se vuelve contra los alcaldes

Tensión, gritos, reuniones telemáticas y a puerta cerrada, cambios de ubicación de las sesiones a espacio más reducidos como despachos, reprobaciones e incluso una moción de censura. Esta ha sido la larga retahíla de lo sucedido en los plenos municipales de la localidades damnificadas por el lodo del 29-O y que ha tenido dos grandes picos con un mismo desencadenante: la muerte de operarios en las labores de limpieza e inspección de instalaciones afectadas por la dana.

La muerte de un trabajador de Tragsa mientras evaluaba un centro educativo de Massanassa por el derrumbe de un techado metálico mientras el pasado fin de semana otro perdía la vida por el desmoronamiento de la escalera de un garaje en Benetússer. En la primera desgracia, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, fue la única autoridad desplazada hasta el lugar de los hechos y fue increpada por los vecinos que se acercaron hasta las inmediaciones del colegio. En la segunda tragedia, Mazón también recibió gritos de residentes y miembros de la fundación Proyecto Elena montaron una cacerolada para que la alcaldesa Eva Sanz saliera a dar explicaciones: «¿Cuántas muertes más necesitas? Estamos hartos. Tu pueblo te pide ayuda. Estamos haciendo tu trabajo», fueron algunas de las consignas de los manifestantes.

En el plano estrictamente político, la caída de la primera edil 'popular' de Chiva, Amparo Fort, fue sin duda una de las consecuencias más sonadas tras el paso del desastre al convertirse en la primera edil en perder la vara de mando municipal por su gestión de lo acontecido. Con el aforo completo en el salón de plenos y una pantalla gigante en el exterior del ayuntamiento, Fort dejó el cargo cargando contra el PSPV alegando que la oposición no había aportado «ni una sola idea para mejorar». El tono del debate no fue todo lo bronco de lo que sí se pudo ver en otras localidades, aunque los ediles fueron recibidos con una mezcla de aplausos y abucheos.

Entre otras escenas inverosímiles que se han podido ver en los plenarios de los municipios afectados están el cambio de ubicación del pleno de Alfafar del salón habitual a un despacho de menor capacidad arguyendo que el habitáculo donde habitualmente se celebran estas reuniones había sido habilitado para ayudar a los vecinos a pedir las ayudas. Sin embargo, los residentes no compartieron esta visión y se agolparon en la puerta de la sala para exigir la «dimisión» de Juan Ramón Adsuara que amenazó con suspender el pleno ante las «faltas de respeto»: «No tenéis vergüenza. Dad la cara».

En Catarroja, la alcaldesa, Lorena Silvent, quiso mostrar un tono conciliador en el pleno alegando que «todos vamos en el mismo barco». A lo que sus vecinos respondieron que eso «no era verdad». Muchos catarrojenses se quedaron sin poder entrar al Consistorio y la Policía Local les tuvo que desalojar, a todos salvo a una residente que logró colarse e interrumpir la sesión. «¡El pueblo quiere hablar, aquí había que haber convocado una junta local de seguridad desde el principio!», «¡hicisteis las cosas mal y las seguís haciendo mal!», ¿por qué no avisasteis?«, fueron algunos de los repechos vertidos fruto de la indignación.

Visto lo visto, el Ayuntamiento de Catarroja decidió celebrar el último pleno del año a las 8.30 de la mañana, a puerta cerrada es decir sin vecinos que tuvieron que resignarse y seguir la sesión de manera telemática. En Sedaví, por ejemplo, la oposición impugnó que estas sesiones se celebrasen en línea para tratar de evitar la transparencia y la participación democrática por lo que los miembros del Partido Popular abandonaron en plano. «Se ha hecho de esta forma para no dar la cara ante los ciudadanos y que les recriminen lo ocurrido», denunciaron desde el PP sedaviense antes de enunciar que se podía haber habilitado otro reciento para la celebración del acto «al igual que han hecho otros municipios afectado».

En Paiporta, un vecino puso como ejemplo de la reconstrucción a una niña recién nacida y a su padre al pasar la noche del 29 de octubre cuatro horas colgado de una reja para salvar su vida además de la indignación vecinal por la falta de avisos del desbordamiento del Poyo a su paso por la localidad: «¿Es normal que un vecino tenga que avisar a la policía de que se estaba saliendo el barranco» Además, en la segunda sesión tras la riada, la gestión primera edil Maribel Albalat y su equipo de gobierno fue reprobada por actuar «tarde y mal» gracias a los votos de todos los grupos de la oposición.

En Riba-roja, el pleno estuvo muy focalizado en una moción presentada por los partidos de la izquierda EU-Podem y Compromís que fue respaldada por el grupo socialista al que pertenece el alcalde Robert Raga. El contenido versaba sobre la exigencia de dimisión del president Mazón por una gestión «insuficiente e irresponsable». El PP quiso poner el foco en los fallos de «todas las administraciones».

La otra cara de la misma moneda la ponen Utiel o Albal, dos municipios en los que la tónica de crispación quedó apartada del debate. En la primera localidad apenas hubo críticas por la responsabilidad de lo ocurrido y el propio alcalde Ricardo Gabaldón ensalzó la decisión de que ese día no hubiera clases en el instituto del municipio: «Qué hubiera pasado si en vez de elegir la opción buena (suspender las clases) hubiéramos elegido la mala. Podría haber sido una catástrofe».

Por su parte, José Miguel Ferris, el primer edil albalense, pidió perdón a sus vecinos por «si alguien de este pueblo ha sentido que el Ayuntamiento no ha estado a la altura», algo que también hicieron los representantes de la oposición. «El ambiente que hemos visto aquí esta noche no lo hemos visto nunca. Si todos los temas que afectan a la ciudadanía se abordaran de la misma forma, sin esperar a que ocurra una desgracia, otro gallo nos cantaría», manifestó un residente de Albal a modo de resumen de lo vivido durante la sesión plenaria.

En Aldaia, tras las tensiones y reproches vividos en el pleno, desde la Asociación de Afectados Tots a Una Veu, Vicente Carcelén expone que todavía «falta mucho por hacer, pero de momento vamos todos en una posición constructiva» en referencia al frente común armado entre el equipo de gobierno, la oposición municipal y el conjunto de vecinos. «Está todo bastante limpio en comparación con otras localidades», explica Carcelén que pone en valor la gestión realizada en Aldaia con los coches destrozados al haberse encontrado rápidamente solares para su acopio en plano y no en torres.

«Nos hemos centrado en reunirnos con los cuatro portavoces municipales para unir fuerzas junto a los afectados y exigir las ayudas directas lo antes posible y están presionando también para que se haga el desvío del barranco de la Saleta. Queremos es que se proteja Aldaia», sentencia Carcelén.