Los alcaldes no valoran la suspensión de la concesión de licencias urbanísticas: «Estamos en fase de supervivencia y reconstrucción»

La noticia de que el Gobierno valenciano ultima un decreto-ley que suspenderá todas las licencias en suelo no urbanizable de los municipios que se han visto afectados por la dana del pasado 29 de octubre ha sido recibida entre la comprensión y la imposibilidad de poder valorar cualquier circunstancia al estar todavía algunos pueblos en fase de plena emergencia.

El objetivo del nuevo texto es minimizar al máximo o eliminar el riesgo, en todas aquellas zonas que se vieron afectadas por las riadas, de que se puedan acometer nuevas construcciones sin tener en cuenta si se trata o no de zonas inundables.

Los alcaldes de dos de los pueblos más afectados coinciden en que no están para valorar estas medidas porque aún están en fase de emergencia. Maribel Albalá, alcaldesa de Paiporta, reitera que su municipio está asolado. «No estamos en eso. Primero tenemos que dar solución a problemas como terminar de sacar el lodo de locales y garajes, que estamos haciendo en más del 50% con recursos propios y de atender los servicios básicos de los vecinos y después tenemos que organizar la reconstrucción del pueblo».

«No tenemos tiempo de valorar esas medidas porque no estamos en esa fase, estamos en la fase de supervivencia y reconstrucción, de ver qué viviendas se pueden recuperar y cómo realojar a las que se han quedado sin ella, de agilizar el cobro de las ayudas y asesorar a los vecinos», insisten desde el Consistorio de Picanya.

Por su parte, el alcalde de Cheste, José Morell, explica que a su municipio no le afecta esta medida, porque no tienen ningún proyecto en marcha y, además, ya se actualizó antes de la dana el Plan General de Ordenación Urbana para descalificar como urbanizable una zona que en el Patricova se contemplaba como inundable.

Andoni León, alcalde de Pedralba, ha apuntado que aunque esta medida sí afecta a zonas inundables de la localidad y siempre que la misma se lleve a cabo «para parar y repensar porque en un futuro pueda existir riesgo de inundación se puede considerar como una medida positiva». Sin embargo, ha añadido que esto contrasta con una reciente noticia que señalaba que el Consell trasladaba la competencia de conceder en licencias en suelos no urbanizables o rústicos a los ayuntamientos, «con lo cual es un poco contradictorio y también es tirar el balón al tejado de otra institución que tenemos menos capacidades cuando ya tenemos una ley que es bastante clara en ese tipo de otorgar licencias en suelos que son inundables».

Aunque no cuentan con ningún proyecto trascendente que se vaya a ver afectado por esta anulación de licencias, el alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano, ve «lógico» que se paralicen las licencias en zonas que puedan tener afección hasta que no se impulsen las obras «que impidan que vuelva a pasar lo que ha pasado».

En otros casos, como en la cercana localidad de Loriguilla, su teniente de alcalde, Carlos Rodado, afirma que, en su municipio, «poco hay ya que urbanizar cerca de la zona inundable. Como pueblo afectado por la dana y con el barranco pasando muy cerca sí nos afectaría para posibles proyectos. De todos modos esta zona está totalmente destruida y aquí poco se va a poder hacer ya».

Alzira desconoce por el momento cómo afectará esta medida a la ciudad ya que la única información que tienen es la publicada en prensa por lo que estarán pendientes de la publicación del decreto. «Es un tema complejo con muchas derivadas. La dana nos tiene que hacer reevaluar las cosas que no se han hecho bien en Urbanismo. Gran parte parte del casco urbano de Alzira está como inundable en el Patricova y estaremos atentos a cómo evoluciona este nueva norma», comenta el concejal de Urbanismo de Alzira, Andrés Gomis.

En Aldaia, el alcalde Guillermo Luján, explica que «vamos a intentar analizar esta nueva normativa», una disposición que llega en medio de la gestión de las consecuencias de la Dana y de la reurbanización del proyecto del Parque Empresarial Pont dels Cavalls, aprobado en un pleno extraordinario celebrado el 15 de noviembre. El plan, que ocupa unas 100 hectáreas de suelo agropecuario, transformará la huerta en una zona industrial con el objetivo de fomentar la actividad logística en la zona, si bien no ve afectada por la nueva normativa ya que era el último paso de un proceso iniciado en 2017.

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