F. RICÓS
Viernes, 6 de noviembre 2020, 00:34
Valencia. La alarma ha saltado en Alicante, en la comarca del Vinalopó. Tres residencias de ancianos, una ubicada en Elda, otra en Monóvar y una tercera en Petrel acumulan cerca de dos centenares de contagiados.
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Las luces rojas se encendieron el pasado día lunes las instalaciones del geriátrico de Elda cuando la Conselleria de Sanidad comunicó 71 infectados, 44 residentes y 27 empleados. Ahora ya son más de 100, según señalaron ayer fuentes de CC OO del hospital de esa localidad.
Esta residencia la dirige la empresa DomusVi, la misma compañía en la que fallecieron más de 70 personas en Alcoy la pasada primavera, o de la que salieron a la luz este verano grabaciones de presuntos malos tratos en sus instalaciones en Llíria.
La residencia de Monóvar cuenta con 21 positivos y la de Petrel, llamada Molineta, tiene 52 contagiados.
En los primeros cuatro días de noviembre se acumulan contagios de 142 residentes de toda la Comunitat. Hubo 297 en octubre y 364 en septiembre.
El hospital de Elda tiene ocho mayores hospitalizados, cuatro de Petrel y cuaro de Elda. «De esta última hay dos fallecidos que estaban en la UCI», indican desde el sindicato. En Intensivos tienen ocho positivos, un enfermo no Covid y una cama libre, y otros 13 positivos en de Reanimación, habilitada como UCI.
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Por otro lado, el PP valenciano ha llevado ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y al ministro de Sanidad Salvador Illa por no facilitarle datos sobre mayores y empleados contagiados y el número real de los fallecidos en cada una de las residencias, qué criterios se empleaban a la hora de hospitalizar a los ancianos contagiados o si existían protocolos de criba a la hora de enviar residentes al hospital.
La diputada autonómica Elena Bastidas recurrió este verano ante Iglesias e Illa después de que la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, no le facilitase esa información a la parlamentaria valenciana. «No puede ser que la vicepresidenta lleve meses negándose a dar la información sobre las residencias a la oposición, nos parece sospechoso», afirma Bastidas.
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