Alegría también presiona para cambiar la ley del 'solo sí es sí' tras la rebaja de penas a abusadores

La ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha sumado este miércoles a las voces que plantean una revisión de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como 'ley del solo sí es sí', que ha permitido que dos condenados por abusos sexuales vieran reducidas sus penas de cárcel.

«Con la ley -en vigor desde principios de octubre- lo que pretendíamos era una protección integral de las víctimas. Somos conocedores de las últimas sentencias y creo que ha llegado el momento de estudiar y valorar de manera sosegada y desde el punto de vista jurídico las posibles modificaciones que haya que hacer para responder claramente al objetivo, que es el cuidado y protección de las víctimas», tal y como ha señalado a preguntas de los medios antes de inaugurar el XVI Congreso Estatal de la Inspección de Educación que se celebra en Valencia.

Interrogada también por la postura de Podemos, en el sentido de que la ley sí está bien planteada, ha dicho que «todos hemos conocido las distintas sentencias» y que la idea es estudiar la situación, «y si a partir de ahí hay que hacer algún cambio para evitar que esto se produzca y conseguir un sólido respaldo para las víctimas habrá que abordarlo».

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se pronunció en términos similares este martes, al asumir que esta rebaja de las penas «no era el objetivo de la ley». Por ello reconoció que el Consejo de Ministros debe «estudiar» esta materia. Pocas horas después, en cambio, el presidente Pedro Sánchez rebajaba el tono y no llegó a plantear modificaciones, diciendo que la solución debe venir de la unión de doctrina entre la fiscalía y los tribunales. «Esperemos para extraer conclusiones. Tenemos que dejar al poder judicial trabajar», dijo desde Bali tras participar en la reunión del G-20.

La norma unificó los tipos penales de abuso y agresión sexual y también varió el abanico de condenas posible, rebajando el suelo de este tipo de delitos. Y el Código Penal recoge la obligación de revisar a la baja las condenas cuando un cambio legislativo como éste afecte a una sentencia, como ha sucedido en los casos citados. 

En el primer fallo la Audiencia Provincial de Madrid ha rebajado de ocho a seis años la condena contra un ciudadano por un delito de abusos a un menor de 16. En el segundo, otro tribunal ha revisado la condena de un profesor de inglés por el abuso sexual de cuatro menores de edad, determinando que la pena inicial de seis años pase a uno.

Ambos jueces explican en sus escritos que en su momento se impuso la pena mínima y que la nueva norma obliga, por tanto, a imponerle la nueva condena mínima establecida legalmente. Es decir, se rebaja la parte baja de la horquilla de años que establecían las anteriores.

La delegada para la Violencia de Género, la jueza Victoria Rosell, achaca por su parte esta rebaja a «una interpretación voluntarista por parte de los tribunales», por lo que defiende que «el problema no es la ley».

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