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La Federación de Ampas de Valencia (Fampa Valencia) ha presentado una reclamación ante el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo valenciano, por la falta de educadores en los centros educativos.
Se trata de personal no docente dedicado a la atención del alumnado que presenta necesidades especiales o específicas, como niños que no controlan los esfínteres o que sufren retrasos madurativos, discapacidades físicas o intelectuales o trastornos del espectro autista. Su presencia es fundamental al dedicarse a perfiles que precisan de una atención más personalizada, y trabajan en las aulas junto al tutor y otros especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
La organización, mayoritaria entre las familias de la provincia, se refiere en su escrito a dos casos concretos, los colegios Les Palmeres de Canet y el Ceip Soto Micó de Valencia, aunque también plantea su queja de manera genérica. Durante el curso han sido varias las denuncias trasladadas en el mismo sentido desde sus asociaciones federadas.
«Siendo conocedores de que se repite la situación en múltiples centros, debemos poner de manifiesto que nos encontramos ante un incumplimiento reiterado de la Conselleria de Educación del derecho a la educación en igualdad de condiciones«, dice la queja, que cita concretamente la Ley 26/2018 de Derechos y Garantías en la Infancia y la Adolescencia.
Entre otros preceptos recoge que «los contenidos curriculares y la metodología docente se adaptarán a la discapacidad y diversidad del alumnado y a las necesidades educativas especiales del mismo que requieran de apoyo, así como a los recursos materiales y humanos disponibles».
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Fampa pide al Síndic que se inste a la administración «a cumplir con la legislación vigente y dé cuanto antes solución a la falta de recursos de personal formado para los alumnos de educación especial en todos aquellos centros» que carecen de los mismos, y que se adecúen «a las necesidades» de los menores, pues «merecen, al igual que cualquier otro alumno, una educación que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades mentales, físicas y sociales hasta el máximo de sus posibilidades». Un derecho, se reitera, «del que ahora se están viendo privados».
En el caso concreto del Ceip Les Palmeres el Ampa ha denunciado que no se ha incrementado el número de educadoras pese a crecer el alumnado que precisa de este recurso. Además, para este ejercicio se ha reducido la jornada de la profesional que presta el apoyo, que hasta ahora era completa.
En cuanto al Soto Micó, en el centro hay 20 alumnos que necesitan «la atención constante, reconocida, de un educador o educadora», y tan solo disponen de dos profesionales, «una de ellas con una reducción de jornada que no ha sido cubierta, viéndose el centro obligado a suplir la labor de las educadoras con el resto de profesorado en plantilla, que pone toda su voluntad en no desatender a ninguno de sus alumnos».
Sobre estos casos se pide al Síndic que inste a la conselleria o a la inspección «a que se les dé debida respuesta a sus reivindicaciones, debiendo la administración, siempre, no caer en el silencio».
El escrito también traslada una petición: «Que se estudie junto con la conselleria y demás organismos involucrados la necesidad de que el personal de educadoras y educadores deje de ser gestionado por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública» y pase a depender del departamento de Vicent Marzà. «Entendemos que se conseguiría una gestión más eficiente», se concluye.
En realidad se trata de una medida a la que ya se ha comprometido el Consell, aunque la gestión de las bolsas sigue siendo compartida. Administración Pública se encarga de la cobertura de las vacantes definitivas mientras que las sustituciones, como las bajas por incapacidad laboral temporal, las asume Educación, de quien también dependen las necesidades que trasladan los centros en base a sus alumnos con dictamen de escolarización o los informes de los orientadores.
Además, llueve sobre mojado. El Síndic ya abrió una investigación de oficio por esta cuestión en noviembre de 2021 a raíz de las quejas recibidas, que se resolvió instando a las administraciones a que de forma coordinada establecieran un procedimiento «más ágil y flexible» para la sustitución, creación y dotación de personal tanto docente como de apoyo que atiende a alumnos con discapacidad o con patologías graves y crónicas en los centros sostenidos con fondos públicos.
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