Ampas y sindicatos de la pública convocan protestas por la aprobación de la ley de libertad educativa

La organización, a través de un comunicado, ha hecho un llamamiento «a la comunidad educativa y al conjunto de la sociedad valenciana» a participar «masivamente» en las protestas, al considerar que la ley «sólo pretende arrinconar el valenciano en la enseñanza». En Valencia se ha convocado en la plaza de Manises, junto al Palau de la Generalitat, en Alicante en la Casa de las Brujas y en Castellón en la de los Caracoles, que actúan como sedes de Presidencia. En todos los casos se iniciarán a las 18 horas.

La plataforma está integrada por los sindicatos docentes STEPV, CC.OO. PV y UGT PV, Fampa Valencia -la federación de asociaciones de padres y madres de la red pública más grande de la Comunitat-, las federaciones de familias Enric Valor de Alicante y Penyagolosa de Castellón, organizaciones estudiantiles, asociaciones de directores de centros públicos (de Infantil y Primaria y de Secundaria), de inspectores (Adide) o entidades como Escola Valenciana, Valencia Laica o la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat. La organización fue la impulsora de la huelga educativa celebrada el pasado 23 de mayo.

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Joaquín Batista

En cuanto a sus argumentos, critican que se «prohíba el uso vehicular del valenciano» en los municipios castellanohablantes, pues en el modelo general sólo se dará en la lengua autonómica la asignatura lingüística, aunque si hay demanda suficiente se podrán crear líneas específicas. También consideran que «se fomenta la exención» de la evaluación de la materia, pues se eliminan algunas medidas restrictivas aprobadas por el Botánico, y cuestionan que la elección de la lengua base, que se determinará en función de las preferencias de las familias, «no dependa de criterios sociolingüísticos, pedagógicos o del interés del alumnado».

La plataforma señala además que los consejos escolares «no opinan en esta cuestión -tendrán que aprobar qué materias se dan en cada lengua, siempre en función de la que sea la base- y que los centros en los que los apoyos no sean suficientes «no tendrán enseñanza en la lengua elegida por las familias», por lo que no hay «libertad de elección». Según la norma, si hay dos aulas en un mismo nivel (dos terceros de Primaria, por ejemplo) se precisa de al menos un 25% de votos favorables para que se apliquen lenguas base distintas (castellano y valenciano). En este sentido, consideran que en caso de que haya niveles del mismo ciclo con diferente lengua (por ejemplo, castellano en las aulas de 3º y valenciano en las de 4º), se «dificultará el funcionamiento del banco de libros».

La eliminación del requisito lingüístico de valenciano para ocupar plazas docentes de FP, Enseñanzas Artísticas y de Escuelas Oficiales de Idiomas, que se permita a profesores sin el mismo instalarse en la Comunitat durante cuatro años mediante una comisión de servicios (por causas justificadas), o que se «otorguen beneficios» -como prioridad en la elección de horarios- a los profesionales que impartan materias no lingüísticas en inglés -«lo que creará enfrentamientos entre el profesorado»- son otras de las críticas de la plataforma.

Además, también se rechaza que se «prohíban» los planes experimentales -que en la etapa botánica sirvieron, en la mayoría de los casos, para eliminar el castellano en Infantil- o la acreditación automática de niveles de valenciano por homologación de estudios, «como si los centros estuvieran pensados para certificar idiomas». Por último, se insiste en que no se adopta «ninguna medida de discriminación positiva hacia el valenciano para revertir la situación de minoración».