El análisis del móvil del supuesto pirómano del Saler lo ubica en la zona en al menos seis incendios

Los agentes han presentado un informe en el juzgado en el que con los datos facilitados por las compañías telefónicas concluyen que el sospechoso se encontraba en la zona en el momento en el que comenzaron seis incendios. Estos datos, no obstante, no prueban que fuera él sino que se trata de otro indicio más en contra de su tesis defensiva.

Las jornadas del 1 de septiembre y 18, 20 y 21 de octubre resultan claves para la Guardia Civil. Unos días fatídicos en el parque natural donde se registran seis siniestros forestales. En todos ellos, el teléfono que usaba el sospechoso -tenía otros cuatro a su nombre- se conecta al repetidor de la Gola de Puchol.

El imputado residía, en aquel momento, en la urbanización Les Gavines. Pero el juez le impuso una orden de alejamiento del paraje protegido y se vio obligado a buscar otro domicilio en la ciudad de Valencia. De igual modo, también se acordó la instalación de una pulsera para controlar que no se acercara al enclave. Finalmente no se hizo porque el dispositivo únicamente se puede destinar a presos en tercer grado o violencia de género.

No son los únicos días bajo sospecha. Las jornadas del 11 y 12 de agosto y la del 7 de octubre también son fechas que la Guardia Civil tiene anotadas en rojo en su calendario. Pero en aquellos días, el teléfono no tuvo actividad. Ni recibió mensajes ni llamadas ni tampoco las realizó él. Por tanto, no es posible detectar la ubicación, según el dosier policial.

Esta última conclusión genera, a su vez, más dudas para imputar alguno de esos siniestros al sospechoso. Otros dos informes de la Guardia Civil, sobre muestras de la tierra y acerca de la suela de las zapatillas, tampoco resultan concluyentes. Respecto a la primera cuestión, los especialistas determinan que todas «las muestras han dado negativo a la presencia de gasolina, gasóleo y etanol». Pero existe una duda. En dos de los análisis han aparecido rastros de «terpenos». Este compuesto aparece en la resina de ciertos materiales vegetales, pero también figura en otros productos acelerantes como el aguarrás o la esencia de trementina. El análisis del calzado no ofrece pistas.

De igual modo, los testigos cuyo relato resulta más incriminatorio son dos personas que observaron al ahora investigado salir de una zona donde se generó uno de los fuegos. Fue entonces cuando le recriminaron y este, quizá como una forma de encubrimiento, llamó al 112 para comunicar que había un incendio. Los testigos habían alertado a Emergencias apenas unos segundos antes. J. C., en cambio, mostró tranquilidad en su llamada, que transcurrió mientras se alejaba del foco, sin nervios, y de espalda a las llamas.

El Ayuntamiento de Valencia, por su parte, ejerce la acusación particular. El letrado del Consistorio presentó un escrito en el que anuncia su intención de reclamar el coste de la extinción que cifra en 109.000 euros. Esta cantidad se divide en dos conceptos. Por un lado, la tasa de extinción (44.000 euros). Por otro, lo que se denomina el coste efectivo de la extinción (65.700 euros).

Pero, además de lo anterior, el incendio tuvo otras consecuencias como el impacto medioambiental, los daños en la flora y fauna. El Consistorio no dispone de medios propios para evaluar ese coste. Por este motivo, ha encargado un informe sobre esta cuestión. Una vez completado el dosier se entregará al juzgado. La intención es que el autor de los hechos pague por esta afección al paraje protegido.