Antifraude incumplió la ley al verse con la denunciante del cártel de Francis Puig

La Agencia Valenciana Antifraude tiene la obligación por ley de apartarse de cualquier investigación que ya esté abierta en sede judicial o por parte de la Fiscalía. El cometido del órgano que dirige Joan Llinares termina cuando el caso llega a los tribunales. A pesar de recogerse así en la ley de creación del órgano, la responsable de Asuntos Jurídicos, Teresa Clemente, se reunió con Inés Aular, la denunciante del cártel de las productoras que lidera Francis Puig, a finales de julio de 2020, meses después de que el asunto estuviera ya en manos de los tribunales.

El artículo 5.2 de la ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, señala que en el caso de que la autoridad judicial o el ministerio fiscal «inicien un procedimiento para determinar el relieve penal de unos hechos que constituyen al mismo tiempo el objeto de actuaciones de investigación de la agencia, esta deberá interrumpir sus actuaciones y aportar inmediatamente toda la información de la que dispone».

En la memoria de 2019, la propia agencia recoge en el apartado 3.5.5 que abrió una investigación por fraude en la justificación de subvenciones tras la presentación de dos denuncias –una por parte de Inés Aular–. La Agencia reconoce que tuvo conocimiento de una investigación judicial abierta «y como consecuencia de lo anterior se ha procedido a la interrupción de las acción es seguidas en la Agencia, de conformidad con la prohibición de duplicidad de actuaciones y la subordinación al orden penal establecidas en el artículo 5.2 de la ley fundacional de la Agencia».

A pesar de que el órgano que dirige Joan Llinares reconoce que tuvo que interrumpir su trabajo después de que las ayudas al fomento del valenciano concedidas a las empresas de Francis Puig y los hermanos Adell Bover llegaran a los tribunales, el órgano citó a una reunión a Inés Aular meses después de que el caso estuviera judicializado. Una maniobra que extrañó a la propia denunciante y que no se ajusta a la legalidad vigente.

En una entrevista concedida en LAS PROVINCIAS, Inés Aular expresó su extrañeza por esta llamada y reconoció que no había salido satisfecha del cara a cara que mantuvo con Teresa Clemente, jefa de Asuntos Jurídicos de la Agencia Antifraude. La denunciante no entendía por qué había sido llamada meses después de presentar la denuncia y una vez la denuncia ya está en los tribunales.

Aular señaló que acudió a la agencia a finales de julio: «Tras tres horas de reunión, pregunta tras pregunta, me llegué a sentir intimidada. Una de las preguntas era: ¿usted señora no tiene miedo a que esto le salpique? Dije no, porque yo no le he robado a nadie. Al final de la reunión, dije, díganme que hago yo aquí. La persona que me recibió estaba callada. Le dije, yo sí que tengo que decirle algo, necesito ser testigo protegida y me dijo: lo que le iba a proponer, pero tiene un precio, tu silencio, que yo no hablara con nadie y me callara. Me quedé sorprendida porque querían mi silencio. Me merecía la protección».

Aular pidió el 5 de junio de 2019 una petición para una reunión personal con el personal de la Agencia Antifraude y detallar su caso. El 7 de junio de 2019, la Agencia accedió a mantener ese encuentro al tiempo que reconoció que con la documentación aportada se desprendían indicios razonables de fraude o corrupción.

En noviembre de 2019, la denunciante compareció ante la Fiscalía para dar detalles de un caso que afecta a Francis Puig y a sus socios, los hermanos Adell Bover. En ese momento la denuncia ya estaba judicializada, por lo que la Agencia Antifraude debía haberse apartado de la investigación, como reconoce la memoria y mandata la ley.

La realidad es que la situación no se dio y Aular, casi 14 meses después de recibir el comunicado de Antifraude, fue llamada para mantener una entrevista personal en la agencia. En su última comparecencia en Les Corts, Llinares cifró en 530.000 euros aproximadamente la cantidad que puede ser fruto de este caso de fraude de subvenciones.